La Audiencia Nacional pone bajo la lupa la campaña del PSC del 2024 de Salvador Illa

A día de hoy, el requerimiento judicial no significa que el PSC haya cometido ninguna irregularidad ni que Salvador Illa esté siendo investigado personalmente. Lo que existe es una orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recopile toda la documentación contable y económica de aquella campaña electoral dentro de una investigación mucho más amplia sobre la denominada trama vinculada al llamado “caso Leire”.

¿Qué ha pedido exactamente el juez?

La Audiencia Nacional ha solicitado contratos, facturas, gastos de propaganda, publicidad, servicios electorales y toda la documentación económica que el PSOE y el PSC presentaron en su día ante la Sindicatura de Comptes de Cataluña y el Tribunal de Cuentas. El periodo analizado corresponde a la campaña oficial de las elecciones catalanas celebradas entre el 26 de abril y el 10 de mayo de 2024.

Además, la Guardia Civil ha requerido información adicional sobre movimientos internos, registros de visitas, correos electrónicos y documentación económica vinculada a la sede federal socialista en el marco de una investigación mucho más extensa que afecta a dirigentes y personas próximas al PSOE.

¿Qué sospecha la investigación?

Según las resoluciones conocidas hasta ahora, el juez intenta determinar si determinados gastos o actuaciones relacionadas con la presunta red investigada pudieron financiarse o camuflarse a través de estructuras orgánicas o campañas electorales del partido. Entre las hipótesis que se intentan aclarar figura si algunos gastos vinculados a las denominadas “cloacas de Ferraz” pudieron terminar repercutiendo, directa o indirectamente, en la contabilidad electoral.

Precisamente por ello, la documentación económica de la campaña del PSC ha pasado a formar parte de la investigación. El objetivo del juez no es revisar únicamente los resultados electorales o la financiación ordinaria de la campaña, sino comprobar si existe alguna conexión entre los hechos investigados y los gastos declarados oficialmente.

¿Está investigado Salvador Illa?

No. Hasta el momento no existe ninguna imputación ni procedimiento judicial abierto contra Salvador Illa derivado de este requerimiento. Tampoco el auto judicial conocido establece que el presidente catalán haya participado en ninguna actuación irregular.

De hecho, el PSC sostiene que toda la documentación ya fue fiscalizada por los organismos competentes y que la campaña se desarrolló conforme a la legislación electoral vigente. El partido asegura haber entregado toda la información solicitada y mantiene que no existe ningún elemento que vincule directamente la campaña catalana con los hechos investigados por la Audiencia Nacional.

¿Debe estar preocupado el presidente de la Generalitat?

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, no necesariamente. Que un juez solicite documentación contable no implica automáticamente que existan delitos ni irregularidades acreditadas. En muchas investigaciones es una fase preliminar destinada precisamente a comprobar si hay indicios o si, por el contrario, todo encaja con la legalidad y la contabilidad presentada.

Ahora bien, desde una perspectiva política, la situación es distinta. La investigación llega en un momento especialmente delicado para el PSOE, con varias causas judiciales abiertas que afectan a dirigentes y antiguos responsables socialistas. La imagen de agentes de la UCO entrando en Ferraz, los registros documentales y la acumulación de investigaciones generan inevitablemente desgaste político para todo el espacio socialista, incluido el PSC.

Además, Salvador Illa se ha convertido en uno de los principales apoyos territoriales de Pedro Sánchez y ha cerrado filas públicamente con el presidente del Gobierno en las últimas semanas. Esa cercanía política provoca que cualquier investigación que afecte al PSOE tenga repercusiones inmediatas sobre la imagen del Govern catalán, aunque jurídicamente no exista ninguna acusación contra Illa.

La clave: documentación, no condenas

La realidad es que la Audiencia Nacional está investigando y quiere revisar documentación. Nada más, pero tampoco nada menos. En estos momentos no puede afirmarse que el PSC haya cometido irregularidades porque simplemente no existe ninguna conclusión judicial en ese sentido. Lo que sí puede afirmarse es que la campaña que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat ha quedado incorporada a una investigación de gran alcance que intenta aclarar si parte de las actividades bajo sospecha tuvieron algún reflejo económico o contable en la estructura del PSOE.

La diferencia es fundamental. Una cosa es estar bajo investigación documental y otra muy distinta que existan responsabilidades penales acreditadas. La primera situación es una realidad. La segunda, a día de hoy, no existe.

Sin embargo, en política las explicaciones suelen llegar mucho después que los titulares. Y para Salvador Illa, aunque jurídicamente no aparezca señalado, el simple hecho de que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional revisen la campaña que le llevó al Palau de la Generalitat supone ya un problema político de primer nivel. Y para la oposición que, esta vez sí, quiere encabezar Junts este hecho significa un rico problema al que morder el diente e intentar sacar rédito político.