Sánchez indulta a Laura Borràs y rebaja su condena por corrupción
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes el indulto parcial de Laura Borràs, expresidenta del Parlament y exlíder de Junts, condenada por corrupción. La decisión reduce su pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día a únicamente dos años, evitando así su ingreso efectivo en la cárcel al carecer de antecedentes penales. Eso sí, se mantienen la multa económica y los 13 años de inhabilitación impuestos por los tribunales.
Borràs fue condenada por adjudicar de forma irregular 18 contratos menores cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes entre 2013 y 2018, fraccionándolos para eludir los procedimientos legales y beneficiar a un colaborador de su confianza. El Tribunal Supremo confirmó la condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental, rechazando además que los hechos pudieran acogerse a la ley de amnistía al tratarse de un caso de corrupción ajeno al procés.
Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya había solicitado en su día un indulto parcial al considerar que la pena de prisión resultaba desproporcionada respecto a los delitos cometidos. Sin embargo, la decisión final correspondía exclusivamente al Gobierno, que ha optado por ejecutar esa recomendación precisamente en el último Consejo de Ministros antes del parón estival. Oficialmente se trata de una medida basada en criterios jurídicos. Políticamente, resulta inevitable que muchos la interpreten como un nuevo gesto hacia Junts en un momento en el que los apoyos parlamentarios del Ejecutivo siguen siendo determinantes.
El debate, por tanto, no gira únicamente en torno al indulto. La cuestión de fondo es el mensaje que recibe la ciudadanía. Porque Laura Borràs no ha sido condenada por sus ideas políticas ni por el referéndum ilegal de 2017, sino por delitos de corrupción relacionados con la gestión de dinero público. Y cuando un Gobierno decide aliviar la condena de una dirigente condenada por esos hechos, es lógico que muchos ciudadanos se pregunten si estamos ante un ejercicio de justicia, de oportunidad política o, simplemente, ante el precio que exige la aritmética parlamentaria. Que cada cual saque sus propias conclusiones.