Los alcaldes que ahora reclaman los GEAS son los que habían aplaudido el desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña
Resulta cuanto menos llamativo contemplar ahora la indignación de varios alcaldes de la Costa Brava por el cierre de la base del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en l'Estartit y su traslado a Barcelona. Los mismos dirigentes nacionalistas que durante años han guardado silencio, o incluso han respaldado el progresivo vaciado de competencias y efectivos de la Guardia Civil en Cataluña, descubren ahora que perder una unidad de élite tiene consecuencias muy reales. Y las tiene porque hablamos de un servicio especializado que durante casi tres décadas ha protegido uno de los litorales con mayor actividad náutica y de buceo de España.
La realidad, sin embargo, es mucho más profunda de lo que algunos quieren reconocer. El cierre de esta base no responde únicamente a una reorganización interna, sino a un problema de falta de efectivos que arrastra la Guardia Civil desde hace años en Cataluña. Una escasez provocada por la ausencia de reposición de plazas, por los sucesivos traspasos de competencias a la Generalitat y por un destino que cada vez resulta menos atractivo para muchos agentes, conscientes de la precariedad profesional y del progresivo retroceso del Instituto Armado en una comunidad donde el Gobierno central ha cedido terreno político de forma constante.
Los propios alcaldes reconocen que la Costa Brava concentra decenas de miles de inmersiones cada año y que la rapidez de respuesta en un rescate puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Precisamente por eso sorprende que ahora califiquen de "locura" o "bestiesa" una decisión cuyas causas llevan años gestándose. Cuando se reducen plantillas, se dejan vacantes sin cubrir y se debilita la presencia de la Guardia Civil en Cataluña, el resultado inevitable es que llega un momento en que ya no existen suficientes efectivos para mantener todas las unidades especializadas abiertas.
Quizá esta polémica sirva para que algunos comprendan una evidencia que durante demasiado tiempo se ha querido ignorar: los cuerpos policiales no pueden prestar el mismo servicio con menos medios, menos agentes y menos presencia territorial. Porque cuando el desmantelamiento afecta a otros municipios parece no importar, pero cuando el recorte llega a la puerta de casa aparecen las protestas. Y entonces ya no se habla de competencias, sino de seguridad, de emergencias y de salvar vidas. Tal vez sea el momento de preguntarse si las concesiones políticas realizadas durante años no terminan pagándolas, como siempre, los ciudadanos.