Nueva paradoja del Gobierno: vivienda
Parecía que nuestro Gobierno nacional, también el de la Generalitat, se habían marcado en rojo y como objetivo principal, tratar de paliar la escasez y el precio de la vivienda; tal cómo les reclama la sociedad a gritos. Para ello: se han redactado planes, se han creado entidades, se han hilvanado discursos grandilocuentes... pero en nada se ha avanzado ya que la edad media de emancipación sigue rondando la treintena (o más) y el precio de las viviendas se ha disparado.
¿Y con qué nos encontramos ahora?
Según publican muchos medios de comunicación de prensa y televisión, un total de veintiocho familias que residen en unos pisos de alquiler "asequible" desde hace diecinueve años, van a ser desahuciados por la Seguridad Social, que es quien ostenta la propiedad de los mismos, para ponerlos a la venta. Lo paradójico del caso es que esta misma entidad dispone de otros locales y pisos en propiedad que están vacíos o sin uso (874 vacíos y 179 parcialmente vacíos) y que no pone a disposición del mercado. Estamos pues, ante un desahucio invisible ejecutado por el propio Estado que dice defender los intereses de los ciudadanos, mientras critican desalojos que dictaminan algunos jueces.
Las viviendas de las que hablamos, se ofrecieron a ciertas familias a partir de la creación de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA), en un plan del anterior gobierno Zapatero, pero ahora la situación ha cambiado y se reclama a los residentes que abandonen lo que ya consideraban su hogar. Estas familias están pagando, actualmente, entre mil y mil doscientos euros al mes. El Ministerio pretende reducir las viviendas de su propiedad y vender los inmuebles en los que viven estas familias, que son un caramelo en el mercado inmobiliario madrileño. Todas están en zonas muy demandadas.
El Sindicato de Inquilinas acusa al Gobierno de actuar como “un fondo buitre más” por intentar echar a familias que llevan diecinueve años acogidas a un alquiler teóricamente asequible, a las que solo dan como alternativa comprar los pisos, algunos de ellos por encima del medio millón de euros. O compran el piso al precio del mercado o deben irse. Los inquilinos han recibido las notificaciones anunciándoles que deben dejar las viviendas de forma inmediata.
Por su lado, desde el Ministerio de la Seguridad Social se alega que "una administración pública, como es la suya, sin competencias en vivienda, carece de la potestad de hacer promoción inmobiliaria y de suscribir contratos particulares."
Parece un sinsentido que el mismo gobierno que pretende crear viviendas sociales, quiera sacar rédito de unas viviendas arrendadas de su propiedad para sacer tajada económica.
Seguramente la solución a este enredo sería la de considerar estas viviendas como parte de los planes gubernamentales, pero parece que el Ejecutivo lo desestimó porque: "al ser patrimonio de la Seguridad Social distinto al Patrimonio del Estado está sujeto a una normativa propia”.
Como si el Gobierno de Sánchez no hubiera cambiado nunca una norma cuando le ha convenido.