El Gobierno intenta reducir el caso Zapatero a “lobby”, pero la investigación apunta mucho más arriba
El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por una estrategia defensiva clara ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra: sostener que las actividades investigadas serían simples labores de “lobby” y, por tanto, completamente legales. Sin embargo, el contenido conocido hasta ahora de la investigación judicial dificulta seriamente que el asunto pueda quedar reducido a una mera actividad de intermediación política o empresarial.
La Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental relacionados con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra. Según el auto del juez José Luis Calama, existirían indicios de una “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” liderada presuntamente por Zapatero, utilizando contactos personales y acceso privilegiado a altos cargos para favorecer intereses empresariales concretos.
Desde Moncloa insisten en que “no se desprende ninguna prueba concluyente” y defienden que todas las facturas conocidas estarían declaradas legalmente. La línea argumental del Ejecutivo se centra en presentar los trabajos de consultoría realizados para la empresa Análisis Relevante como actividades habituales de representación de intereses. Pero el problema político y judicial para el PSOE es que la investigación parece ir bastante más allá de un simple “lobby”.
Parte relevante del sumario continúa bajo secreto, especialmente la relacionada con comisiones rogatorias internacionales y el rastreo del dinero de la trama en distintos países. Además, la UDEF habría encontrado documentación sensible durante los registros y mantiene abiertas varias líneas patrimoniales y societarias vinculadas al entorno del expresidente.
La investigación también pone el foco en una estructura organizada alrededor de Zapatero, con colaboradores de confianza y empresarios próximos que habrían actuado como intermediarios permanentes ante organismos públicos. El juez sitúa al expresidente como supuesto “núcleo decisor” de esa red.
Precisamente ahí es donde la tesis gubernamental del “lobby legal” encuentra más dificultades. El lobby legítimo consiste en defender intereses ante la administración dentro de marcos transparentes y regulados. Pero la investigación judicial analiza si existió utilización de influencia política privilegiada para alterar decisiones públicas estratégicas, especialmente en relación con fondos estatales.
Incluso dentro del espacio político progresista empiezan a aparecer dudas. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, reconoció que el auto judicial es “muy duro de leer” y llegó a plantear públicamente la pregunta clave: “¿Dónde acaba el lobby y empieza el tráfico de influencias?”.
Mientras tanto, el Gobierno intenta ganar tiempo a la espera de la publicación completa del sumario y del informe íntegro de la UDEF. Pero conforme van apareciendo nuevos detalles —registros, movimientos económicos, comunicaciones internas y conexiones empresariales— resulta cada vez más complicado sostener que todo pueda terminar reducido simplemente a una actividad ordinaria de consultoría o presión institucional.