Junts deja en el aire el futuro nuclear español y catalán con su abstención decisiva

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Central nuclear Vandellós 2

La abstención de Junts en la votación clave sobre la Ley de Movilidad Sostenible ha desencadenado un terremoto político y energético en España. Con sus siete diputados, el partido independentista catalán permitió que el Gobierno bloqueara la incorporación de una enmienda del PP destinada a revisar y aplazar el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, incluida la emblemática Central Nuclear de Almaraz.

La decisión de Junts contrasta frontalmente con su discurso público de los últimos meses, en el que el partido criticaba la dependencia energética de Cataluña, alertaba del impacto industrial de cerrar Ascó y Vandellós II y reclamaba una transición energética “realista y bien planificada”. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, optaron por una abstención que ha descolocado incluso a sus propios votantes.

Un cierre nuclear que avanza sin frenos

El calendario actual —que no fue corregido gracias a la abstención de Junts— mantiene el apagado escalonado de Almaraz entre 2027 y 2030. Tras ella vendrán Ascó I y II, Cofrentes y finalmente Vandellós II. El parque nuclear español, que aporta el 20% de la electricidad del país de forma estable, quedará reducido a la mínima expresión en apenas una década.

En Cataluña, el impacto será mayúsculo: Ascó y Vandellós II producen alrededor del 50% de la electricidad consumida en el territorio. Su cierre situaría a Cataluña en una posición energética extremadamente vulnerable, obligándola a depender de Aragón, del gas o incluso de Francia en momentos de alta demanda. Expertos y asociaciones industriales han alertado de que esta situación podría comprometer la competitividad del clúster petroquímico de Tarragona, los data centers y otros sectores estratégicos.

Un giro inesperado de Junts

El desconcierto se ha instalado en el ámbito político catalán. Junts había coqueteado recientemente con la posibilidad de forzar una revisión del calendario nuclear, incluso sumándose a iniciativas del PP y de Vox en votaciones puntuales. Esa línea parecía consolidarse cuando advertían de que Cataluña no estaba preparada para un apagado acelerado.

Sin embargo, la abstención en esta votación crucial —y sin contrapartidas políticas visibles— ha dejado abierto un interrogante: ¿por qué Junts renunció a presionar al Gobierno en un tema que ellos mismos habían elevado a prioridad estratégica?

Interrogantes sobre la coherencia política

La maniobra ha sido interpretada en Madrid como un gesto de “buena voluntad” hacia el Gobierno, especialmente en vísperas de negociaciones presupuestarias. Pero en Cataluña, el movimiento se percibe como una cesión inexplicable en materia energética. La abstención, en la práctica, deja sin protección a Almaraz y precipita un cierre nuclear que afectará directamente a la seguridad de suministro y a la economía catalana.

Las explicaciones públicas de Junts han sido vagas y contradictorias, centradas en tecnicismos parlamentarios o en acusaciones veladas al PP. Sin embargo, los hechos son tercos: su abstención permitió que el Gobierno consolidara un calendario nuclear que Cataluña no puede compensar a corto plazo.

Conclusión: un paso atrás en la soberanía energética

El impacto de la abstención es claro: se mantiene un calendario de cierres sin garantías alternativas. Ni prórrogas, ni inversiones específicas, ni compromisos industriales. Cataluña, mientras tanto, se enfrenta a un panorama incierto que podría traducirse en mayor dependencia externa, electricidad más cara y menor competitividad.

La política energética no admite improvisaciones. Y la decisión de Junts —o su falta de decisión— deja a Cataluña expuesta a un futuro energético que hoy está más en duda que nunca.