El cannabis medicinal: un avance prudente hacia la madurez sanitaria
España ha dado por fin el paso que llevaba años evitando: reconocer el valor terapéutico del cannabis. Pero lo hace con pies de plomo. El real decreto aprobado por el Gobierno limita su uso a los hospitales y exige prescripción de especialistas, dejando fuera a los médicos de familia y a las farmacias comunitarias. Es decir, se abre la puerta… pero apenas un resquicio.
El Ejecutivo presenta la norma como un avance prudente. La ministra de Sanidad, Mónica García, defiende que es una regulación “flexible” que podrá ampliarse a medida que la evidencia científica crezca. Sin embargo, ese mismo argumento refleja el temor político a un debate aún cargado de estigmas. En Europa, países como Alemania o Portugal ya permiten la dispensación controlada en farmacias y la prescripción más amplia por parte de facultativos, sin que ello haya derivado en un descontrol sanitario.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido una regulación “prudente y basada en la evidencia científica”, una fórmula que pretende garantizar control y seguridad, pero que al mismo tiempo evidencia el miedo a abrir un debate más amplio sobre los usos terapéuticos del cannabis. El texto no contempla dispensación en farmacias comunitarias ni el autocultivo para uso médico, una limitación que diversas asociaciones de pacientes han calificado de “paso a medio camino”.
En Catalunya, donde los hospitales públicos y concertados tienen una estructura farmacéutica avanzada, la aplicación práctica del decreto dependerá de la coordinación entre el Departament de Salut y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que deberá definir en los próximos meses las dosis, formulaciones y usos concretos. Los médicos de atención primaria quedan, por ahora, al margen.
Catalunya ha sido históricamente pionera en programas de reducción de daños y en políticas de salud pública basadas en la evidencia. En ese contexto, la nueva normativa estatal supone tanto una oportunidad como un reto: implementar un modelo hospitalario que garantice el acceso equitativo a los tratamientos sin generar nuevas desigualdades territoriales.
El decreto no es una revolución, pero sí un cambio simbólico: España abandona, al menos en parte, el inmovilismo que rodeaba al cannabis medicinal. Resta comprobar si este primer paso abrirá la puerta a una regulación más amplia y coherente con las necesidades reales de los pacientes.