La defensa no es un decorado: cuando el poder civil usa el uniforme para blindarse

En la última década, dos escenas europeas ofrecen un contraste útil y, a la vez, inquietante: Francia, donde un jefe del Estado Mayor dimite para no firmar un modelo militar que considera insostenible; y España, donde el Gobierno invoca “criterio militar” para justificar porcentajes y compromisos, mientras la institución permanece casi muda y el reclutamiento muestra señales de degradación estructural.

Este artículo reúne hechos comprobables y, sobre ellos, formula una denuncia: la defensa debe estar en manos de expertos comprometidos y honestos, capaces de decir “no” cuando la política exige gestos imposibles. La primera obligación del experto no es adular: es advertir. La primera obligación del gobernante no es teatralizar: es sostener capacidades.

I. Francia: “Usted es el jefe… pero yo no lo avalo”

1) 2017: el momento Villiers y la frase que delata el método

En julio de 2017, el general Pierre de Villiers, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas (CEMA), dimite tras un conflicto abierto con Emmanuel Macron sobre el presupuesto de defensa y el rumbo del “modelo de ejército”. En su comunicado, deja escrita una frase de una claridad institucional rara: afirma que ya no se considera en condiciones de “asegurar la perennidad del modelo de ejército” que cree necesario para proteger a Francia y a los franceses, hoy y mañana, y sostener las ambiciones del país.

No es una frase sentimental. Es un diagnóstico político-técnico: sin medios suficientes y coherencia presupuestaria, el ejército se convierte en promesa vacía.

La respuesta presidencial en aquellos días cristalizó en una fórmula de autoridad personal: “Je suis votre chef” (“Yo soy su jefe”), pronunciada como aviso público a los militares y acompañada de una reprimenda sobre la improcedencia de “exhibir debates” en la plaza pública.

En esa combinación —recorte, advertencia profesional, reprimenda pública, dimisión— queda fijado un patrón: el poder civil se afirma como escena, y el profesional responde elevando el conflicto al rango institucional: “me voy”.

Esa es la decisión que conviene recordar: no es romanticismo; es una forma de proteger la credibilidad del instrumento militar. Si el responsable técnico cree que no puede sostener el modelo, su firma deja de ser un trámite y se convierte en complicidad.

2) Villiers después: la dimisión como línea pública de conducta

Tras su salida, De Villiers no se replegó al silencio. Publicó libros de referencia sobre servicio y liderazgo, en continuidad con el gesto de 2017:

• Servir (Fayard, 2017).
• Qu’est-ce qu’un chef? (Fayard, 2018).
• L’équilibre est un courage (Fayard, 2020).
• Paroles d’honneur (Fayard, 2022).
• Pour le succès des armes de la France (Fayard, 2025).

Esto importa por una razón: la dimisión no fue un episodio de temperamento, sino la primera pieza de una tesis: sin coherencia entre ambición, presupuesto y preparación, el mando se degrada.

3) 2025: Burkhard, Mandon y la batalla informativa

En 2025, Francia vive otra polémica en torno a su cúpula militar, aunque esta vez el hecho administrativo es claro: el general Thierry Burkhard (Delle, 30 de julio de 1964) deja el cargo (2021–2025) y es reemplazado por el general Fabien Mandon (Montmorency,19 de octubre de 1969), hasta entonces jefe del Estado Mayor particular del presidente (desde mayo 2023). El relevo se anuncia en Consejo de ministros y entra en vigor en septiembre de 2025; Burkhard estaba en el puesto desde 2021 y su permanencia prolongada ya era atípica.

La controversia estalla por otra vía: la circulación de narrativas que presentan el relevo como “limogeage” (destitución) o dimisión por desacuerdo, y la amplificación de afirmaciones sobre stocks y capacidad. El Ministerio de las Fuerzas Armadas publica un “décryptage” sobre ataques informacionales que precisamente pretendían construir ese relato.

Aquí hay un detalle significativo: cuando un ministerio se ve obligado a salir a desmentir “fake news” sobre la cúpula militar, es porque existe una grieta social y política que esas campañas intentan explotar. La pregunta no es solo quién manipula; la pregunta es por qué ese tipo de relato encuentra suelo fértil.

4) Stocks, Ucrania y realidad operativa: lo que se discute cuando se acaba el teatro

En agosto de 2025, Le Point documenta cómo el relevo de Burkhard fue instrumentalizado en redes, vinculándolo —sin pruebas oficiales concluyentes— a desacuerdos con el Elíseo, en particular sobre la situación de stocks tras entregas a Ucrania.

Conviene ser preciso: muchas afirmaciones circuladas en redes son atribuciones a “fuentes”. No equivalen a un acta oficial. Pero el debate de fondo es real: la guerra de alta intensidad ha devuelto a primer plano munición, artillería, reservas y sostenimiento. Y Macron, en julio de 2025, admite implícitamente el tamaño del desfase cuando anuncia nuevas subidas del presupuesto francés (con cifras detalladas para 2026–2027) y lo justifica con un contexto de amenazas crecientes.

Francia, por tanto, exhibe una paradoja: discurso de potencia y aumentos presupuestarios, pero debate recurrente sobre disponibilidad y stocks. La escena política se complica; la discusión, sin embargo, existe. Y, cuando existe, obliga a que alguien pague costes: un presidente, un ministro, o un general.

Ese es el punto moral del caso francés: el conflicto es desagradable, sí; pero genera responsabilidad visible. Y a veces produce un gesto raro en Europa contemporánea: “dimito”.

II. España: “No soy yo; son las Fuerzas Armadas”

Si Francia ejemplifica el coste del choque, España ejemplifica el coste del silencio.

1) La Haya (junio de 2025): el Gobierno convierte una decisión política en “criterio militar”

En la cumbre de la OTAN en La Haya (junio de 2025), el debate sobre el objetivo del 5% se convirtió en una escena de presión política aliada. RTVE informó del rechazo de Sánchez al 5% por “incompatible”, “irrazonable” y “contraproducente”, en una carta dirigida al secretario general Mark Rutte.

En paralelo, medios españoles documentaron que España pactaba con la OTAN flexibilidad y defendía un techo del 2,1%, presentándolo como suficiente para las capacidades asignadas.

Hasta aquí, política. Pero el núcleo del problema aparece cuando Sánchez añade una frase que, en un Estado serio, debería encender todas las alarmas institucionales:

“Cuando dicen que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo, son las Fuerzas Armadas, es el Ministerio de Defensa…”

El presidente convierte así una decisión estratégica —presupuesto, alianzas, planificación— en un supuesto dictamen técnico del estamento militar. No aporta un informe público del Estado Mayor; no presenta un marco doctrinal; no expone un plan detallado verificable por el ciudadano. Desplaza la responsabilidad.

La maniobra tiene una utilidad obvia: si hay crítica, podrá sugerirse que el crítico discute “contra” los militares. Y esa es una forma de blindaje político: usar el uniforme como escudo.

2) El JEMAD confirma… después, y en términos prudentes

Pocos días después, en julio de 2025, el JEMAD, almirante general Teodoro Esteban López Calderón (Cartagena, 3 de mayo de 1954) declara en un foro que el EMAD hizo “un trabajo con todas las hipótesis” y que, aproximadamente, con ese 2–2,1% España podría cumplir las capacidades exigidas por la OTAN.

Esto confirma algo crucial: el Gobierno no inventó de la nada la referencia a “capacidades”. Pero también revela el déficit democrático: la explicación aparece en un acto informativo, no como documento público estructurado ligado a la decisión política del momento.

En otras palabras: en España la cúpula militar no rompe la disciplina; pero tampoco refuerza la transparencia. El resultado es un terreno perfecto para la propaganda, el ruido y el descrédito.

3) Reclutamiento: el dato que vuelve ridícula la consigna “con esto basta”

Aquí es donde la denuncia se sostiene con datos.

El Observatorio de la Vida Militar (órgano asesor de las Cortes) alertó de una caída “muy preocupante” de solicitudes para ingresar en las Fuerzas Armadas. Entre 2021 y 2024 se desploma la ratio candidatos/plaza: por ejemplo, en oficiales de 6,25 a 3,5; y en suboficiales de 8,3 a 4,7, dejando vacantes. En tropa y marinería, la ratio cae a 4,2, muy lejos de los picos de años anteriores.

El propio debate público reconoce un rango de vacantes sin cubrir (decenas de miles, según la misma cobertura basada en el informe), y atribuye causas estructurales: retribuciones, movilidad geográfica, condiciones laborales y atractivo relativo frente a otros cuerpos.

Y, cuando el reclutamiento aprieta, el Estado responde ajustando el sistema de acceso. En enero de 2026, el Ministerio de Defensa reforma y simplifica las pruebas físicas: reduce ejercicios y unifica criterios, con entrada en vigor para convocatorias de 2026. El BOE recoge la orden ministerial correspondiente.

No se trata de juzgar si la reforma es buena o mala; se trata de leer el síntoma: se está intentando facilitar el acceso porque el flujo de candidatos se ha debilitado.

Este punto destruye la retórica complaciente: si realmente “con el 2% / 2,1% basta”, ¿por qué el sistema no consigue cubrir plazas, y por qué se rediseñan mecanismos de acceso para sostener la captación?

4) Paro juvenil: una reserva social que no se convierte en vocación militar

España registra niveles muy altos de desempleo juvenil en comparación europea. Para noviembre de 2025, datos derivados de Eurostat sitúan a España alrededor del 25% de paro juvenil (sub-25), entre los valores más altos de la UE (solo por detrás de algunos casos puntuales, como Suecia en ese mes).

Esta coexistencia —paro juvenil alto y, a la vez, caída de aspirantes militares— es un indicador estructural: no basta con “ofertar plazas”; hay que ofrecer una carrera con dignidad percibida, expectativas y condiciones comparables.

Por eso la denuncia no debe quedarse en el porcentaje OTAN. El problema es más profundo: un Estado que discute cifras sin resolver el componente humano y organizativo termina con fuerzas armadas formalmente comprometidas, pero materialmente tensionadas.

III. El nuevo frente: Trump, OTAN y la política como choque de egos

La escena internacional añade otra capa: desde Davos (enero de 2026), Donald Trump vuelve a atacar públicamente a España por no comprometerse con el 5% y la retrata como “aprovechada” o “viajera gratis”.

Y Sánchez, por su parte, responde subrayando que España no seguirá ciertas iniciativas promovidas por Trump (como la llamada “Board/Junta de Paz”), reivindicando multilateralismo y el marco ONU.

Aquí conviene separar lo legítimo de lo irresponsable.

• Es legítimo defender un criterio nacional, exigir que la discusión se centre en capacidades y no solo en porcentajes, y evitar compromisos presupuestarios incompatibles con su modelo fiscal.
• Es irresponsable convertir ese desacuerdo en una pugna de relato donde el Gobierno utiliza a “los militares” como aval, mientras el aparato militar no publica marcos técnicos y el reclutamiento se descompone.

La confrontación permanente —Trump exigiendo; España negándose; OTAN presionando; Moncloa blindándose con el uniforme— revela un problema de fondo: la defensa se ha vuelto política de titulares. Y la defensa, cuando se gobierna como titular, termina colisionando con la realidad: personal, stocks, sostenimiento, industria.

IV. Denuncia: el incentivo perverso del silencio

La comparación final no es Francia versus España en abstracto. Es otra:

• En Francia, un jefe militar se juega el cargo cuando cree que el modelo no se sostiene. Y el presidente paga el coste de un choque visible.
• En España, el poder político puede usar el uniforme como argumento y, en la práctica, no pagar el coste de una contradicción pública, porque la institución rara vez disputa el relato en abierto.

Esa asimetría genera un incentivo perverso: callar sale barato. Hablar cuesta.

Y es aquí donde debe formularse la denuncia con precisión para que sea profesional: no se trata de afirmar que “los militares españoles cobran prebendas” como acusación personal. Lo serio es describir una estructura de incentivos institucionales donde:

1. El mando político puede escudarse en “los expertos” sin publicar el soporte técnico.
2. El mando técnico puede confirmar luego, en términos prudentes, sin abrir un debate doctrinal.
3. El ciudadano queda fuera, y el control democrático se convierte en fe y militancia.

Mientras tanto, los datos de reclutamiento y las reformas de acceso sugieren que el sistema está intentando sostenerse con ajustes administrativos.

El resultado es doblemente corrosivo: degrada la confianza social y debilita el instrumento militar. Porque una fuerza armada que no logra atraer y retener talento —en un país con paro juvenil alto— no tiene un problema de marketing: tiene un problema de Estado.

V. Qué debería exigirse (y a quién)

Una defensa madura no exige militares “políticos”. Exige tres mínimos de honestidad pública:

1. Documentos técnicos publicables (con límites razonables de seguridad) cuando se invoca “criterio militar” para justificar compromisos.
2. Coherencia entre ambición y recursos: no se puede prometer capacidades y, a la vez, no sostener personal y preparación.
3. Responsabilidad visible: cuando la política impone un rumbo que el profesional considera insostenible, debe existir una salida institucional digna —incluida la dimisión— que proteja la credibilidad del instrumento militar.

Francia, con todas sus tensiones, ha producido ese gesto. España, por ahora, produce otra cosa: silencio, ruedas de prensa, y frases de blindaje.

Cierre: la defensa no se declama; se sostiene

La lección final es incómoda, pero necesaria.

• Macron puede sonar “napoleónico” cuando reduce el mando a la frase “yo soy su jefe”.
• Sánchez puede sonar “técnico” cuando afirma “no soy yo, son las Fuerzas Armadas”.
• Trump puede sonar “imperial” cuando acusa a España de viajar gratis.

Pero al final, la guerra —y la disuasión— no se libran con frases. Se libran con personal alistado, entrenado y motivado; con stocks; con mantenimiento; con industria; con planificación; con verdad.

Cuando un general dice “me voy porque no puedo garantizar el modelo”, está recordando que el honor, en un Estado moderno, no es una palabra: es una responsabilidad profesional.

Cuando un gobierno expone: “lo dicen los militares” sin publicar el soporte y con un reclutamiento en caída, está haciendo lo contrario: está convirtiendo el uniforme en decorado.

La defensa nacional no puede quedar en manos de quienes buscan solo sobrevivir políticamente, ni de quienes se limitan a sobrevivir institucionalmente. Debe estar en manos de expertos competentes y honestos, capaces de sostener un criterio, aunque les cueste el cargo. Lo demás es propaganda. Y la propaganda, en defensa, se paga siempre tarde y mal.