Queridos asesores y asesoras
En estos días, los asesores vuelven a estar en el centro de la conversación pública. No por un debate teórico, sino porque varios procedimientos judiciales han puesto el foco en su papel dentro de las administraciones.
Las investigaciones sobre contratos durante la pandemia, como las que afectan a antiguos cargos vinculados al PSOE en el llamado caso mascarillas, o las diligencias relacionadas con el caso Kitchen, que implican a antiguos responsables del PP, han reabierto preguntas sobre cómo se elige a quienes trabajan en la sombra de los cargos públicos. No se trata de equiparar situaciones ni de juzgar a nadie, sino de constatar que, cuando los asesores aparecen en titulares, suele ser por motivos que generan inquietud ciudadana.
Y es que, más allá de estos casos concretos, hay una sensación que se repite: la idea de que algunos puestos de asesoría se cubren más por cercanía que por capacidad. No es una impresión improvisada. Diversos reportajes han documentado nombramientos que coincidían con vínculos personales o partidistas, y eso alimenta la desconfianza
En Madrid, por ejemplo, el Portal de Transparencia permite consultar quiénes son, qué formación tienen y cuánto cobran. La media ronda los 63.000 euros brutos al año, según los datos publicados por el propio Ayuntamiento. No es una cifra menor, y conviene recordarlo: ese dinero sale de los impuestos de todos.
Y aquí es donde surge la pregunta que muchos ciudadanos se hacen, aunque no siempre se formule en voz alta: ¿Están ahí por su capacidad profesional o por su cercanía personal?
No es una cuestión caprichosa. Organizaciones como Transparencia Internacional llevan años señalando que la información sobre el personal de confianza en España es desigual y, en muchos casos, insuficiente. La OCDE, en sus informes sobre integridad pública, insiste en que los nombramientos discrecionales deben ir acompañados de explicaciones claras para evitar conflictos de interés y reforzar la confianza institucional.
Por eso, cuando hablamos de asesores, no se trata de demonizar la figura. Un buen asesor/a puede ser imprescindible. El problema aparece cuando no sabemos quién es, qué hace o por qué ha sido elegido. Cuando la información es mínima o está desactualizada. Cuando el ciudadano tiene que adivinar si ese puesto responde a una necesidad real o a un favor pendiente.
Lo razonable sería que cada nombramiento viniera acompañado de una explicación clara: por qué esa persona es adecuada, qué experiencia aporta, qué tareas va a desempeñar y cuánto va a costar al erario público. Y que esa información se mantuviera actualizada, no escondida en un rincón del portal institucional. No es pedir nada extraordinario. Es simplemente aplicar los principios de mérito, capacidad y transparencia que la propia administración exige en otros ámbitos.
No se trata de eliminar asesores, ni de cuestionar su utilidad. Se trata de profesionalizar un espacio que, por su naturaleza, debería ser ejemplar. Porque si el dinero es público, la información también debería serlo. Y porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen, qué aportan y por qué están ahí.
Al final, es sencillo: si los pagamos entre todos, también deberíamos poder entender su trabajo.