Ha llovido mucho desde entonces. Tras aquellos hechos, Carles Puigdemont salió de España y se estableció posteriormente en Waterloo, Bélgica, desde donde continuó desarrollando su actividad política. Mientras permanecía fuera del país, doce personas vinculadas al proceso independentista fueron juzgadas y condenadas por el Tribunal Supremo (TS): nueve recibieron penas de prisión y fueron posteriormente indultadas por el Gobierno, mientras que las otras tres fueron condenadas a penas de multa e inhabilitación, sin ingresar en prisión.
Parecía comenzar entonces una nueva etapa. Sin embargo, las elecciones generales del 23 de julio de 2023 volvieron a situar al independentismo catalán en el centro de la política española.
Pedro Sánchez no contaba con los votos suficientes para asegurar su investidura y los partidos independentistas catalanes, especialmente JxCat y ERC, adquirieron un papel decisivo. También resultaron fundamentales otras formaciones nacionalistas como el PNV, EH Bildu y el BNG. Cada una planteó sus propias reivindicaciones para facilitar la gobernabilidad.
En el caso de JxCat, una de las principales exigencias fue la aprobación de una ley de amnistía que permitiera dejar atrás las consecuencias penales derivadas del procés y facilitara, entre otras cuestiones, la normalización de la situación de Carles Puigdemont.
En el marco de estas negociaciones, Yolanda Díaz se reunió con Carles Puigdemont en Bruselas en septiembre de 2023, mientras que Santos Cerdán desempeñó posteriormente un papel central como negociador del PSOE con JxCat para alcanzar el acuerdo que facilitaría la investidura de Pedro Sánchez.
Finalmente, el 11 de junio de 2024 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2024, denominada oficialmente “Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”.
El propio título de la norma establecía, por tanto, el objetivo que ahora, transcurridos dos años, permite formular una pregunta inevitable: ¿se ha producido realmente esa normalización institucional, política y social? La respuesta no es sencilla.
Es indudable que la Cataluña de 2026 no es la de octubre de 2017. La confrontación abierta entre la Generalitat y el Estado ha disminuido y, desde agosto de 2024, Cataluña está gobernada por Salvador Illa, presidente socialista y no independentista. Quienes defendieron la amnistía pueden argumentar que se ha producido una cierta normalización, pero normalizar no significa necesariamente resolver: la cuestión es si han desaparecido las causas del conflicto y si el independentismo ha renunciado a sus objetivos.
Aún así, la aprobación de la Ley de Amnistía tampoco cerró el conflicto judicial derivado del procés. Pocas semanas después de su entrada en vigor, el magistrado instructor del TS, Pablo Llarena, consideró que no era aplicable al delito de malversación atribuido a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, y mantuvo las órdenes nacionales de detención. La decisión fue posteriormente confirmada y, en abril de 2025, la Sala de Apelación del TS rechazó los recursos presentados. Puigdemont acudió entonces al Tribunal Constitucional (TC), que en octubre de 2025 admitió a trámite su recurso de amparo, junto con los de Comín y Puig. La controversia jurídica, por tanto, continúa abierta.
A este escenario se añadieron las sentencias dictadas el 16 de julio de 2026 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, sobre el uso de fondos públicos durante el procés, y por la Audiencia Nacional, en relación con acusaciones por terrorismo. El TJUE respaldó determinados aspectos de la aplicación de la amnistía al considerar que no se habían afectado, por sí solos, los intereses financieros de la Unión y que el Derecho europeo no impide amnistiar determinadas conductas. La decisión ha sido criticada por algunos juristas y sectores contrarios a la amnistía, que consideran su interpretación excesivamente favorable a la posición del Gobierno y cuestionan si en ella pesaron consideraciones políticas vinculadas a la normalización de Cataluña, una valoración que no constituye, sin embargo, una conclusión jurídica del propio TJUE.
Estas decisiones respaldan determinados aspectos de la aplicación de la Ley de Amnistía, pero no suponen que el TJUE haya amnistiado o absuelto directamente a Puigdemont ni ordenado al TS archivar su procedimiento. Su situación procesal sigue, por tanto, sin resolverse: el TS ha rechazado aplicarle la amnistía por malversación y su recurso de amparo permanece ante el TC. Aunque JxCat considera que las decisiones europeas refuerzan su posición, habrá que esperar a las próximas resoluciones judiciales para conocer sus efectos concretos.
Dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el caso de Puigdemont demuestra que las consecuencias jurídicas del procés continúan abiertas. En este contexto, la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat supuso un importante cambio político: después de años de gobiernos independentistas, Cataluña volvía a estar presidida por un dirigente socialista, aunque ello no ha significado necesariamente una ruptura con todas las políticas de las etapas anteriores.
Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en la política lingüística. En mayo de 2025, el Gobierno de Illa impulsó el Pacte Nacional per la Llengua (Pacto Nacional por la Lengua, PNL), con el objetivo de reforzar el uso social del catalán e incorporar 600.000 nuevos catalanohablantes hasta 2030. El plan arrancó con 255 millones de euros en 2025 y establece un compromiso mínimo de 200 millones anuales para políticas lingüísticas en el conjunto de la Generalitat. En los Presupuestos de 2026, el Departamento de Política Lingüística dispone de 85 millones de euros, un 43 % más que en 2023, de los cuales 45,2 millones se destinan al Consorci per a la Normalització Lingüística.
La estrategia abarca ámbitos como la educación, las universidades, la sanidad, los servicios sociales, el comercio, la cultura, el mundo laboral, la tecnología y el sector audiovisual. La llegada de un presidente socialista no ha supuesto, por tanto, una reducción de la política institucional de promoción del catalán, que se ha convertido en uno de los proyectos transversales del Gobierno de Illa.
Uno de los ámbitos donde la política lingüística adquiere especial relevancia es la educación, escenario durante años de una intensa batalla judicial sobre la presencia del castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas y la aplicación del denominado 25 %.
El Decreto 91/2024 sobre el régimen lingüístico del sistema educativo fue aprobado antes de la llegada de Salvador Illa. Sin embargo, en septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló parcialmente varios de sus artículos al considerar que no garantizaban adecuadamente la vehicularidad del castellano. Aunque sería incorrecto atribuir a Illa la creación de este modelo, su Gobierno continúa defendiendo la centralidad del catalán dentro del sistema educativo.
El catalán debe ser protegido y promovido como lengua propia y oficial de Cataluña, sin que ello entre en contradicción con el derecho de los ciudadanos a utilizar el castellano, lengua oficial del Estado y cooficial en Cataluña. Ambas lenguas deberían poder convivir con normalidad, sin convertirse en instrumentos de confrontación política.
Pero la política lingüística no es el único ámbito en el que se observa esta continuidad institucional. La Generalitat mantiene una red de 21 delegaciones en el exterior (denominadas “embajadas” por sus críticos, aunque jurídicamente no lo sean), que el Gobierno de Illa ha decidido mantener y reforzar. Aunque la política exterior corresponde constitucionalmente al Estado, en 2025 la Generalitat aprobó un Plan de consolidación de su red de acción exterior y los Presupuestos de 2026 contemplan la apertura de tres nuevas delegaciones en China, Canadá y el Mediterráneo Oriental.
Esta continuidad institucional tampoco se limita al ámbito de la Generalitat. Desde 2023, el catalán, el euskera y el gallego pueden utilizarse en el Congreso de los Diputados y, en determinados debates, en el Senado, así como ante la Administración General del Estado en las comunidades donde son lenguas cooficiales. En 2025, el Gobierno aprobó además una nueva regulación del Consejo y la Oficina para las Lenguas Oficiales, reforzando sus funciones de impulso y coordinación del uso de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado.
El Gobierno de España ha intentado, además, conseguir que el catalán se convierta en lengua oficial de la Unión Europea. La cuestión ha sido debatida en diferentes ocasiones por los Estados miembros, aunque hasta julio de 2026 no se ha conseguido la unanimidad necesaria para su reconocimiento como lengua oficial de pleno derecho. El objetivo, sin embargo, permanece sobre la mesa.
También ha aumentado el uso del catalán en la radiotelevisión pública estatal. En 2025, RTVE puso en marcha La 2Cat, dirigida específicamente al público catalán, con el objetivo de alcanzar aproximadamente un 70 % de contenidos en catalán.
Paralelamente, las relaciones entre el Estado y la Generalitat han entrado en una nueva etapa de negociación bilateral, con la reactivación de las comisiones de transferencias y las negociaciones sobre Rodalies (servicio de trenes), financiación y otras competencias.
Aunque estas transferencias forman parte del desarrollo normal del Estado autonómico, resulta evidente que la ampliación del autogobierno catalán no se ha detenido después del procés, sino que ahora avanza mediante la negociación institucional.
Mientras estos cambios se producen en el ámbito institucional, el independentismo catalán atraviesa una profunda transformación. JxCat y ERC ya no controlan el Gobierno de la Generalitat y el independentismo tradicional pierde terreno ante el crecimiento de Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols, una formación de orientación conservadora, crítica con la inmigración (especialmente la procedente de países de mayoría musulmana) y que mantiene como objetivo declarado la independencia de Cataluña.
Tras consolidar su presencia municipal en Ripoll, Aliança Catalana obtuvo dos diputados en el Parlamento catalán. Según la última encuesta del CEO, realizada entre el 21 de mayo y el 25 de junio de 2026 y publicada el 9 de julio, alcanzaría entre 23 y 25 escaños, superando a JxCat, que obtendría entre 16 y 18. Estos datos apuntan a una transformación, más que a una desaparición, del independentismo catalán.
¿Ha cambiado el Objetivo o solo el Método?
Casi una década después del 1 de octubre, Cataluña ha cambiado. La confrontación institucional ha disminuido, los dirigentes encarcelados fueron indultados, se aprobó la Ley de Amnistía y el independentismo perdió el Gobierno de la Generalitat. Sin embargo, sus principales reivindicaciones políticas permanecen.
Puigdemont continúa en el centro del debate político y judicial; JxCat mantiene la reivindicación de un referéndum; se ha reforzado la promoción institucional del catalán y la red exterior de la Generalitat continúa ampliándose, mientras avanzan las negociaciones sobre competencias y autogobierno. Al mismo tiempo, el crecimiento de Aliança Catalana está transformando el mapa del independentismo.
Quizá la amnistía haya contribuido a cerrar el procés tal como lo conocimos en 2017, pero no necesariamente el proyecto político que lo impulsó. Lo que parece haber cambiado es el método: de la confrontación unilateral se ha pasado a la negociación, los acuerdos parlamentarios y las vías institucionales.
La cuestión, por tanto, es si la Ley de Amnistía ha logrado resolver el conflicto que pretendía normalizar o simplemente ha transformado el escenario en el que continúa desarrollándose. Porque una convivencia duradera exige no solo reducir la confrontación, sino también respetar el marco constitucional, la pluralidad de la sociedad catalana y los derechos de todos sus ciudadanos, piensen como piensen y hablen la lengua que hablen.