Más allá de los resultados electorales, el debate se ha trasladado al funcionamiento de algunos elementos del propio sistema electoral. En particular, lo que más interrogantes ha suscitado ha sido la utilización del DNI digital a través del teléfono móvil.
Este sistema se ha introducido recientemente, aunque desde hace algunos años ya se permitía identificarse para votar mediante el permiso de conducir digital a través de la aplicación MiDGT. La aplicación fue lanzada en 2020 y posteriormente validada por la Junta Electoral Central el 22 de julio de 2023, permitiendo su utilización en las elecciones generales celebradas al día siguiente, el 23 de julio de 2023.
Posteriormente se incorporó el sistema de DNI digital (MiDNI), aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto 255/2025, de 1 de abril. Más tarde, el acuerdo de la Junta Electoral Central 56/2025, de 18 de septiembre, declaró válido el DNI digital como medio de identificación ante las mesas electorales, conforme al artículo 85.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Sus efectos prácticos se han podido observar en las últimas elecciones celebradas en Aragón (8 de febrero de 2026) y en las recientes elecciones de Castilla y León.
Según se ha señalado en diversos medios de comunicación digitales, el sistema de identificación mediante DNI digital ha suscitado dudas sobre su fiabilidad, principalmente porque el proceso de verificación no utiliza un sistema de validación mediante código QR, como sí ocurre en otros ámbitos administrativos como la Policía o la Dirección General de Tráfico.
En algunos análisis publicados en medios como El Debate se ha mostrado, mediante demostraciones en vídeo, la posibilidad de que a partir de una simple imagen del documento físico y utilizando herramientas de inteligencia artificial pueda simularse la identidad del titular del documento. En teoría, esto podría permitir que una misma persona intentara identificarse en diferentes mesas electorales a distintas horas, lo que abriría la puerta a posibles irregularidades si no existieran mecanismos de verificación adicionales.
A estas cuestiones se suman otras relacionadas con el voto por correo. En anteriores procesos electorales se produjeron incidentes como los asaltos a varias oficinas de Correos en Extremadura días antes de celebrarse las elecciones autonómicas, (principalmente en la provincia de Badajoz), hechos que contribuyeron a alimentar el debate público sobre la seguridad de este sistema.
También se ha puesto en discusión la gestión informática del escrutinio provisional que tradicionalmente ha realizado la empresa Indra. Desde finales de los años ochenta, aproximadamente entre 1986 y 1989, distintos gobiernos han contratado a esta empresa para gestionar la transmisión y el procesamiento de los datos provisionales que envían las mesas electorales una vez finalizado el recuento manual de las papeletas.
Conviene recordar que Indra no realiza el recuento de los votos (que corresponde exclusivamente a las mesas electorales y posteriormente a las juntas electorales), sino que se encarga de recoger, procesar y publicar los datos provisionales durante la noche electoral. No obstante, algunas críticas han surgido debido a que el Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), posee aproximadamente el 28 % del capital de la compañía. Este hecho ha alimentado el debate sobre la necesidad de garantizar una mayor independencia en la gestión tecnológica de los procesos electorales.
En algunas ocasiones también se han contratado otras empresas tecnológicas para estas tareas, aunque con menor frecuencia. Entre ellas se encuentran Scytl, Vector ITC Group, Ibermática o Base 100.
Con estos antecedentes, algunos sectores cuestionan la fiabilidad de determinadas herramientas utilizadas en los procesos electorales actuales.
Entre las posibles soluciones que se plantean figura la posibilidad de que la gestión tecnológica del escrutinio provisional se realice a través de empresas completamente independientes del Estado. De este modo se podría reforzar la confianza pública en los procesos electorales y evitar suspicacias sobre la neutralidad del sistema.
También surge una pregunta que algunos analistas consideran relevante: ¿por qué ni el Gobierno central ni la Junta Electoral Central han implantado un sistema de validación mediante código QR, similar al que ya utilizan otros organismos como la Policía o la Dirección General de Tráfico?
Si todos los ciudadanos disponen de un documento físico de identidad, algunos se preguntan cuál es la necesidad de impulsar con tanta rapidez el uso del DNI digital para votar.
Este debate no es exclusivo de España. En distintos países también se están discutiendo aspectos relacionados con la seguridad de los sistemas electorales, especialmente en lo relativo al voto por correo y al uso de sistemas tecnológicos para el recuento de votos.
Estos debates no se limitan a España, sino que también se están produciendo en otros países como Estados Unidos, Francia, México, Polonia o Alemania. En algunos de ellos se están revisando los sistemas electorales, mientras que en otros se han restringido o incluso eliminado determinados mecanismos de voto postal por preocupaciones relacionadas con el fraude o la seguridad. En aquellos países donde se mantiene este sistema, suele hacerse bajo controles más estrictos y revisiones judiciales con el objetivo de reforzar la transparencia y la confianza en el proceso electoral.
En una sociedad cada vez más tecnológica y con mayores exigencias de transparencia institucional, muchos ciudadanos consideran necesario reforzar los mecanismos de control y verificación del sistema electoral para aumentar la confianza pública en los resultados. Entre las medidas que algunos expertos proponen se encuentran mejorar la identificación segura en los documentos digitales de los votantes (mediante sistemas de validación como códigos QR o mecanismos criptográficos), realizar auditorías técnicas independientes de los sistemas informáticos del escrutinio provisional, supervisar o diversificar las empresas tecnológicas que los gestionan, publicar de forma transparente los datos y actas de cada mesa electoral, reforzar los controles sobre el voto por correo y permitir la presencia de observadores independientes.
En un contexto donde la tecnología avanza rápidamente, garantizar la transparencia y la seguridad del sistema electoral no es solo una cuestión técnica. También es una condición esencial para preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en la legitimidad de los resultados electorales.
