Entre las principales líneas de investigación figuran las presuntas maniobras para influir en investigaciones judiciales y una supuesta trama de tráfico de influencias vinculada a ayudas públicas, adjudicaciones y el cobro de comisiones en operaciones relacionadas con la SEPI, Tubos Reunidos, ENUSA, Mercasa y Forestalia, entre otras entidades. La investigación ha alcanzado ya a 25 personas investigadas, entre las que figuran la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, así como altos cargos, antiguos responsables de organismos públicos y directivos empresariales. La continua incorporación de nuevos investigados pone de manifiesto que la instrucción judicial sigue avanzando y ampliando su alcance.
A estas investigaciones se añade la pieza relativa a las presuntas maniobras dirigidas contra la UCO de la Guardia Civil, en la que figuran como investigados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Ambos están imputados por prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia. Pese a ello, ambos permanecen en sus cargos y continúan contando con el respaldo del presidente del Gobierno, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien afirmó que, por el momento, “se carece de elementos de juicio suficientes” que justifiquen su cese. Esta circunstancia ha alimentado el debate público sobre los distintos criterios aplicados cuando altos responsables de las instituciones se ven afectados por investigaciones judiciales.
A todo ello se añade la actuación de la Agencia Tributaria, que ha abierto inspecciones fiscales a José Luis Rodríguez Zapatero, a su familia, al empresario Julio Martínez y a varias sociedades vinculadas, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre posibles irregularidades tributarias. Julio Martínez está citado a declarar el próximo 21 de julio ante la Audiencia Nacional. Diversos medios apuntan a la posibilidad de que pueda colaborar con la Justicia, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.
Asimismo, Hacienda se ha personado en la pieza separada que investiga las joyas halladas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas provisionalmente en 1,3 millones de euros, al apreciar el juez posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. Hasta la fecha, no se ha acreditado públicamente de forma concluyente el origen ni la situación fiscal de dichas joyas, por lo que esta línea de investigación continúa abierta.
La constante aparición de nuevas diligencias, investigados y ramificaciones judiciales proyecta una creciente preocupación sobre la transparencia en la gestión pública y el funcionamiento de las instituciones. Más allá del desenlace que finalmente determine la Justicia en cada procedimiento, la acumulación de investigaciones está teniendo un impacto directo en la confianza de los ciudadanos, un elemento esencial para el buen funcionamiento de cualquier democracia.
Como país, debería preocuparnos todo lo que está ocurriendo, porque el verdadero problema no es únicamente la existencia de investigaciones judiciales, sino el efecto acumulativo que estas producen sobre la confianza ciudadana, la credibilidad de las instituciones y la imagen internacional de España. En este contexto, conviene recordar algunas de las recomendaciones y observaciones formuladas por las instituciones europeas, que el Gobierno debería tener muy presentes.
Independencia judicial. El Parlamento Europeo y otros organismos europeos han insistido en la necesidad de reforzar la independencia percibida del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para aumentar la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Entre las propuestas planteadas figura que, de los 20 vocales del CGPJ, los 12 de procedencia judicial sean elegidos por sus propios compañeros, mientras que los 8 juristas de reconocido prestigio continúen siendo designados por las Cortes Generales. Según el Cuadro Europeo de Indicadores de la Justicia (EU Justice Scoreboard), España se sitúa entre los países con una percepción media-baja de independencia judicial.
Percepción de politización. Los informes europeos también advierten sobre la necesidad de reducir la percepción de politización de determinadas instituciones. Este concepto no implica que exista una influencia política demostrada, sino la impresión de que una institución puede actuar condicionada por intereses partidistas, una circunstancia que, por sí sola, puede deteriorar la confianza pública.
Uso del decreto-ley, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, el Ejecutivo ha aprobado alrededor de 170 reales decretos-ley, la cifra más elevada registrada por un presidente del Gobierno en la etapa democrática. Este hecho ha suscitado un intenso debate jurídico y político sobre el uso de un instrumento que la Constitución reserva para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad” (art. 86 CE). A modo de comparación, Felipe González aprobó 129 decretos-ley; José María Aznar, 127; José Luis Rodríguez Zapatero, menos de 100 y Mariano Rajoy, aproximadamente 110.
Percepción de la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, que puntúa a los países de 0 a 100, las mejores valoraciones dentro de la Unión Europea corresponden a Dinamarca (90), Finlandia (88), Luxemburgo (81), Suecia (80) y Países Bajos (78). España obtiene actualmente 55 puntos, situándose por debajo de la media de Europa occidental.
La evolución de este indicador merece también una reflexión. Al finalizar el Gobierno de Mariano Rajoy, España se situaba entre 57 y 58 puntos. Tras el cambio de Gobierno, la puntuación mejoró inicialmente hasta alcanzar 62 puntos en 2019 y 2020, el mejor resultado de este periodo. Sin embargo, desde 2021 comenzó un descenso continuado: 61, 60, 60, 56 y 55 puntos, reflejando un progresivo deterioro de la percepción sobre la integridad del sector público.
Confianza en las instituciones. Los datos de la OCDE muestran igualmente importantes diferencias en el nivel de confianza de los ciudadanos. Las instituciones que generan mayor confianza son la Policía (61 %), la Justicia (45 %) y los gobiernos locales (44 %). En cambio, la confianza desciende cuando se trata del Gobierno de España (37 %), el Congreso de los Diputados (34 %) y, especialmente, los partidos políticos, que apenas alcanzan un 18 % de confianza ciudadana.
Estos indicadores no constituyen por sí mismos una prueba de corrupción o de falta de independencia institucional. Sin embargo, sí representan una valiosa señal de alerta sobre la confianza que la sociedad deposita en sus instituciones. Recuperar esa confianza exige fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la separación de poderes y el respeto escrupuloso al Estado de derecho, principios esenciales para el correcto funcionamiento de toda democracia
Por otro lado, el pasado 30 de junio finalizó el plazo para la presentación de solicitudes del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes de 2026. Según datos del Ministerio, se registraron 1.174.978 expedientes, una cifra que superó ampliamente las previsiones iniciales del propio Gobierno, que estimaba entre 500.000 y 750.000 solicitudes. Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de peticiones (257.000), seguida de Madrid (202.000), la Comunidad Valenciana (167.000) y Andalucía (161.000). En cuanto al origen de los solicitantes, el 67 % procede de Hispanoamérica, el 22,9 % de África, el 8,3 % de Asia y el 1,1 % restante de países no pertenecientes a la Unión Europea.
No obstante, este ha sido únicamente el primer paso del procedimiento. Aún quedan por completarse las fases de admisión a trámite, subsanación de documentación, estudio individualizado de los expedientes, resolución administrativa y, en caso de ser favorable, la expedición de la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo (TS) estudia la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el Real Decreto de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno es compatible con el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y con la normativa comunitaria en materia de inmigración. Antes de adoptar una decisión, el Alto Tribunal deberá analizar las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado y por las comunidades autónomas recurrentes: Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y la Región de Murcia. Un procedimiento similar ya fue utilizado en relación con la Ley de Amnistía. Si finalmente el TS decidiera plantear la cuestión prejudicial y acordara la suspensión cautelar de la norma, el proceso de regularización podría quedar paralizado hasta que el TJUE dictara su resolución.
Las comunidades autónomas recurrentes fundamentan sus recursos en cinco argumentos principales: la posible incompatibilidad de la regularización con el Derecho de la Unión Europea; el carácter extraordinariamente amplio del proceso; la necesidad de evitar consecuencias que podrían resultar difíciles de revertir si posteriormente la medida fuera declarada incompatible con la normativa europea; el impacto que una regularización de esta magnitud podría tener sobre competencias autonómicas como la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales; y, finalmente, la necesidad de garantizar la seguridad jurídica antes de culminar un procedimiento de tanta trascendencia.
Por otra parte, otra de las polémicas recientes afecta a la aplicación de la conocida como «Ley de Nietos». Tras la aprobación por las Cortes de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que reconoce el acceso a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles exiliados, una Instrucción dictada posteriormente por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente (hermana del ministro Óscar Puente), modificó los criterios para la aplicación de algunos de los supuestos previstos en la norma.
La controversia jurídica radica en que, según la asociación Hazte Oír y las críticas formuladas por diversos partidos políticos y juristas, dicha Instrucción no se limitó a interpretar la ley, sino que amplió su alcance al presumir la condición de exiliado para quienes abandonaron España entre 1936 y 1955 e incorporar otros supuestos que, a su juicio, no habían sido aprobados expresamente por el Parlamento. Por estos hechos se ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la autora de la Instrucción. No obstante, hasta la fecha no existe ninguna resolución judicial que haya determinado si su actuación fue o no conforme a Derecho.
Además, diversos sectores sostienen que la denominada «Ley de Nietos» persigue ampliar el censo electoral de españoles residentes en el exterior y, con ello, incrementar el apoyo electoral de cara a las elecciones generales de 2027, en línea con las declaraciones del presidente del Gobierno sobre su intención de continuar gobernando hasta 2031. En este escenario, señalan que dirigentes del PSOE han desarrollado durante los últimos meses actividades de información y asesoramiento sobre los trámites para acceder a la nacionalidad española en países como Argentina, México, Venezuela, Uruguay y Cuba, entre otros. Sus críticos sostienen, además, que estas actuaciones persiguen un rédito electoral y denuncian que, presuntamente, se orienta a algunos solicitantes para que se inscriban en circunscripciones donde esos votos podrían tener una mayor incidencia política, acusaciones que no han sido acreditadas judicialmente.
La polémica se intensifica por el elevado número de solicitudes registradas. La denominada “Ley de Nietos” ha despertado un interés sin precedentes: alrededor de 2,4 millones de personas solicitaron acogerse a este procedimiento, 1,2 millones llegaron a formalizar su expediente y 544.722 ya han obtenido la aprobación de la nacionalidad española. La mayor parte de las solicitudes corresponde a países hispanoamericanos, especialmente Argentina, Cuba, México, Venezuela y Uruguay, aunque también se han registrado miles de expedientes procedentes de Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido. Según sus críticos, ello permitirá que personas que nunca han residido en España puedan participar en decisiones que afectan directamente a quienes viven en el país y disfrutar de los mismos derechos que quienes han desarrollado aquí su vida personal, laboral y fiscal, sin haber contribuido previamente al sostenimiento del Estado. Desde esta perspectiva, consideran que el eventual incremento del gasto público derivado de estas políticas acabaría siendo asumido, en última instancia, por los contribuyentes españoles a través de una mayor presión fiscal.
A esta controversia se suma ahora una nueva iniciativa relacionada con el acceso a la nacionalidad española. El Gobierno plantea la posibilidad de conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes del 11 de agosto de 1977, aunque no tengan residencia legal en España. La propuesta, impulsada por Sumar, aún deberá ser debatida y aprobada por el Congreso de los Diputados.
Por último, las reflexiones de autores de reconocido prestigio como Daron Acemoglu, Francis Fukuyama y Susan Rose-Ackerman resultan especialmente pertinentes ante los desafíos que afronta actualmente España. Desde perspectivas distintas, los tres coinciden en una idea esencial: la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por quién ocupa el poder, sino por la independencia, la integridad y la solidez de las instituciones encargadas de limitarlo, controlarlo y garantizar que el ejercicio del poder se someta siempre al Estado de derecho.
En conclusión, la democracia no se deteriora de un día para otro. Lo hace lentamente, cuando los ciudadanos dejan de confiar en sus instituciones, cuando los mecanismos de control pierden credibilidad y cuando la rendición de cuentas deja de ser una exigencia para convertirse en una excepción. Precisamente por ello, el fortalecimiento de la democracia no debería ser patrimonio de un partido u otro, sino un compromiso compartido por todos aquellos que creen en el Estado de derecho y en la igualdad de todos ante la ley.
