En la capital catalana, Pedro Sánchez reunió a líderes del denominado “sur global”, como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México), entre otros, con el objetivo de coordinar una respuesta política ante lo que consideran un deterioro del orden global. El encuentro se centró en el refuerzo del multilateralismo, la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, la regulación del entorno digital frente a la desinformación y la necesidad de reducir las desigualdades como base de la legitimidad democrática.
Sin embargo, más allá de los objetivos declarados, la cumbre dejó elementos relevantes de interpretación. La escasa presencia de referentes de la socialdemocracia europea tradicional sugiere un posible desplazamiento respecto al modelo reformista clásico, históricamente basado en el equilibrio entre mercado, Estado y derechos. En su lugar, parece emerger un enfoque más marcado por la geopolítica, la confrontación de bloques y la redefinición del orden internacional.
El discurso dominante giró en torno a la multipolaridad y a la necesidad de contrapesar la influencia de Estados Unidos, especialmente frente a figuras como Donald Trump. Este planteamiento, si bien responde a transformaciones reales del sistema internacional, también abre un debate sobre la coherencia del discurso normativo. Diversos analistas han señalado que existe una percepción de aplicación desigual de los principios de derechos humanos y derecho internacional, especialmente en función del contexto geopolítico, lo que puede erosionar la credibilidad de quienes los invocan.
En ese marco, durante la cumbre, presidentes como Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro defendieron soluciones diplomáticas en relación con Cuba y expresaron posiciones críticas hacia las políticas de presión internacional. Estas posturas se inscriben en una tradición política que cuestiona las sanciones unilaterales y prioriza el principio de no intervención, aunque no resuelven completamente las tensiones entre soberanía, derechos humanos y gobernanza global.
En el ámbito interno, el Gobierno ha impulsado una regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 inmigrantes en situación irregular, si bien algunas estimaciones elevan la cifra potencial de beneficiarios por encima de las previsiones iniciales. A ello podría añadirse, una vez obtenida la autorización de residencia, el efecto del reagrupamiento familiar, lo que incrementaría el impacto demográfico de la medida.
El proceso se activó el 16 de abril de 2026 y permanecerá abierto hasta el 30 de junio del mismo año. Está dirigido a personas extranjeras en situación irregular que acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y una permanencia continuada mínima de cinco meses en territorio español. Entre los requisitos básicos se encuentran la ausencia de antecedentes penales y la acreditación de arraigo o situación de vulnerabilidad. El perfil predominante de solicitantes corresponde a nacionales de Marruecos, así como de países hispanoamericanos como Colombia, Venezuela o Perú, además de personas procedentes de distintos países de África subsahariana y Asia.
No obstante, la regularización no contempla un tratamiento diferenciado para colectivos con vínculos históricos con España, como los procedentes del Sáhara Occidental o de Guinea Ecuatorial, al basarse en criterios generales de extranjería. Este enfoque ha generado un intenso debate: sus defensores la consideran una herramienta eficaz para aflorar la economía sumergida, aumentar la recaudación y mejorar la integración y la protección de derechos; por el contrario, sus detractores advierten de posibles efectos sobre el mercado laboral, el riesgo de agravio comparativo respecto a la inmigración regular y el margen de discrecionalidad administrativa en su aplicación. En última instancia, la política migratoria no solo responde a una necesidad administrativa, sino que define el modelo de integración y cohesión social.
Desde una perspectiva más amplia, el marco teórico de How Democracies Die (Cómo mueren las democracias) resulta especialmente útil para analizar este contexto. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen que las democracias rara vez colapsan de forma abrupta; su deterioro suele ser progresivo, cuando se debilitan los contrapesos institucionales, se intensifica la polarización y se cuestiona la legitimidad del adversario político. Este proceso, a menudo imperceptible en sus fases iniciales, se consolida cuando el lenguaje político sustituye el debate por la descalificación y la competencia por la exclusión.
En este sentido, el uso recurrente de expresiones como “el lado correcto de la historia” puede interpretarse como un indicador de esa dinámica. No tanto por su contenido, sino por su función: delimitar el espacio de legitimidad política y reducir el margen del disenso. Cuando la política se articula en términos absolutos, el pluralismo, elemento esencial de la democracia, se ve tensionado.
A este escenario se suma un elemento geopolítico cada vez más relevante: la intensificación de la relación entre España y China, en un contexto en el que el presidente Pedro Sánchez ha realizado ya cuatro visitas oficiales al país asiático durante su mandato. Este acercamiento, junto con el aumento de inversiones y la implantación de empresas chinas en sectores estratégicos como la energía, la tecnología o la automoción, ha reactivado el debate sobre los límites de la autonomía económica europea. En un entorno global de creciente competencia entre potencias, distintos analistas advierten de que una integración económica sin mecanismos de reciprocidad puede derivar en dependencias estructurales difíciles de revertir, con posibles implicaciones no solo económicas, sino también estratégicas para la capacidad de decisión de las democracias occidentales.
Frente a este contexto, Madrid ofreció una imagen distinta. La presencia de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, junto a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, situó en el centro del debate la defensa de la democracia liberal, la separación de poderes y el Estado de derecho. Durante su visita, el alcalde José Luis Martínez-Almeida le concedió la Llave de la ciudad de Madrid, mientras que la presidenta Isabel Díaz Ayuso le otorgó la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.
La Puerta del Sol se llenó de ciudadanos que respaldaron la causa democrática venezolana. María Corina Machado expresó su voluntad de regresar al país y lograr elecciones libres y transparentes. Sin embargo, según el periodista venezolano Omar Lugo, actualmente no existen condiciones para un proceso electoral creíble, dado el control institucional del régimen. Para garantizar unos comicios con garantías serían necesarias reformas profundas (independencia del órgano electoral, pluralismo político, auditorías y observación internacional), así como la participación del voto exterior. El avance hacia una transición democrática dependería, además, de la presión interna, la reorganización de la oposición y el papel de actores internacionales y organismos como el Centro Carter, la ONU o la OEA.
En paralelo, la precampaña electoral andaluza, iniciada el pasado domingo y con elecciones previstas para el 17 de mayo, refleja parte de este mismo contexto. En un mitin en Huelva, Pedro Sánchez defendió su política migratoria y su agenda internacional, y anunció su intención de proponer a la Unión Europea la revisión (o eventual ruptura) del Acuerdo de Asociación con Israel, al considerar que su Gobierno ha vulnerado el derecho internacional.
Asimismo, hizo un llamamiento a frenar el conflicto y dirigió críticas al primer ministro Benjamín Netanyahu. Estas decisiones evidencian cómo el debate internacional se integra cada vez más en la política nacional, aunque han generado controversia en el debate político reciente.
Igualmente, defendió la aprobación del decreto de regularización de personas en situación irregular, vinculándolo a una “reivindicación histórica” y estableciendo un paralelismo con la nacionalización de descendientes de españoles emigrados durante el franquismo. Estas medidas han suscitado interrogantes sobre su alcance y finalidad, especialmente en relación con el volumen de potenciales beneficiarios y su impacto político y social. En este contexto, el presidente acusó al Partido Popular y a Vox de sostener posturas basadas en la xenofobia y en discursos racistas.
Por su parte, el Partido Popular ha rechazado la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, calificándola de medida “perjudicial” que podría generar un efecto llamada y premiar la irregularidad, aunque mantiene una posición intermedia al defender una política migratoria ordenada y vinculada al empleo. En contraste, Vox ha mostrado un rechazo frontal, proponiendo su anulación y defendiendo políticas de expulsión de inmigrantes en situación irregular, así como un endurecimiento del control migratorio bajo el principio de “prioridad nacional”.
Finalmente, el presidente se mostró satisfecho por la celebración de la cumbre progresista internacional en Barcelona, presentándola como una respuesta coordinada frente a lo que define como el avance de la derecha y la ultraderecha. En este sentido, reivindicó haber plantado cara a líderes como Donald Trump, Benjamín Netanyahu o Vladimir Putin, afirmando que esta posición sitúa a su Gobierno en el “lado correcto de la historia” y cuenta con el respaldo de otros dirigentes internacionales.
En definitiva, los acontecimientos del fin de semana reflejan una tensión que va más allá de lo ideológico. Se trata de una discusión sobre el modelo de sociedad y sobre los límites del poder político. Por un lado, una visión orientada a reconfigurar el orden global; por otro, un enfoque centrado en la defensa de las instituciones, las reglas y las libertades individuales.
La cuestión no es quién gana el debate político a corto plazo, sino qué modelo garantiza mejor la estabilidad, la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Porque, como advierten Levitsky y Ziblatt, las democracias no mueren de un día para otro: se erosionan progresivamente cuando se debilitan sus principios y sus límites. Y cuando ese proceso avanza, el riesgo deja de ser teórico para convertirse en una realidad tangible.
