La pasada semana volvió a evidenciar la complejidad del momento político que atraviesa España. Mientras el Gobierno trataba de reforzar su posición internacional durante la cumbre de la OTAN, celebrada el martes y miércoles en Ankara (Turquía) bajo la presidencia del anfitrión Recep Tayyip Erdoğan, en el ámbito nacional continuaban apareciendo nuevas ramificaciones de los casos de corrupción que afectan a su entorno político, alimentando el debate sobre la calidad democrática y el funcionamiento de nuestras instituciones.
Al encuentro asistieron los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad internacional, el incremento del gasto en defensa, la guerra de Ucrania, la cooperación tecnológica y los nuevos desafíos geopolíticos. En representación de España participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, quienes se desplazaron en tres aeronaves oficiales.
La relación entre Pedro Sánchez y Donald Trump marcó buena parte de la cumbre. Antes del encuentro, el presidente estadounidense llegó a manifestar públicamente que no quería negociar con España y que estaba cansado de la postura del Ejecutivo español. Sin embargo, al término de la reunión moderó su discurso. Ya de regreso a Estados Unidos afirmó: “Diré que tuve problemas con España, y sigo teniéndolos, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy. Respondió a una petición para realizar un pago muy importante y, si no lo hubiera hecho, ni siquiera estaríamos hablando con ellos”.
No ha trascendido oficialmente a qué “pago muy importante” hacía referencia Trump. España mantiene actualmente un compromiso de gasto en defensa cercano al 2 % del PIB, lejos todavía del objetivo del 5 % fijado por la OTAN. No obstante, diversas informaciones apuntan a que las palabras del presidente estadounidense podrían estar relacionadas con futuras inversiones multimillonarias en sistemas de defensa, satélites y aeronaves de tecnología norteamericana, equipos que ya están siendo utilizados en el conflicto de Ucrania.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo trataba de proyectar una imagen de fortaleza en el exterior, la actualidad política nacional seguía marcada por el avance de las investigaciones judiciales relacionadas con distintos casos de corrupción. Lejos de remitir, las pesquisas continúan ampliándose y cada semana aparecen nuevos implicados y nuevas líneas de investigación. Diversas informaciones apuntan a que algunos investigados, entre ellos Julio Martínez y Leire Díez, podrían valorar colaborar con la Justicia con el fin de obtener una eventual reducción de sus responsabilidades penales. No obstante, habrá que esperar al desarrollo de las diligencias para comprobar si finalmente esa posibilidad llega a materializarse.
Entretanto, el cerco judicial continúa estrechándose. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó investigar al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel (Juanma) Serrano, a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Serrano ejerció como jefe de gabinete del entonces secretario general del PSOE entre 2014 y 2018 y, posteriormente, presidió Correos entre 2018 y 2023.
Según la hipótesis de la UCO, Serrano habría desempeñado un papel relevante en la contratación de Leire Díez en Correos y en el desarrollo posterior de la organización investigada. Los agentes sostienen que, una vez iniciadas las diligencias judiciales, algunos de sus integrantes habrían impulsado actuaciones dirigidas a desacreditar a jueces, fiscales, policías y periodistas que intervenían en distintos procedimientos. La causa se encuentra todavía en fase de instrucción respecto de algunos de estos hechos. Precisamente por ello cobra especial importancia el análisis del contenido de los teléfonos móviles intervenidos a Serrano y a otros investigados. La Policía Judicial confía en que el estudio de las comunicaciones permita reconstruir el funcionamiento de la organización, esclarecer la participación de cada uno de sus miembros y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.
El último informe de la UCO sostiene que dicha organización habría desarrollado actuaciones dirigidas a desacreditar a jueces, fiscales y periodistas con el objetivo de proteger a quien los agentes identifican con el alias “One”. A partir de estos indicios, algunos analistas se preguntan si resulta verosímil que el presidente del Gobierno desconociera por completo lo que ocurría en su entorno político más inmediato, teniendo en cuenta que tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán fueron nombrados por él para ocupar puestos de máxima responsabilidad. No obstante, hasta la fecha no existe resolución judicial alguna que atribuya responsabilidad penal al presidente por estos hechos.
Como consecuencia de las nuevas ramificaciones que está adquiriendo la causa, el abogado de la acusación popular y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, anunció a través de la red social X su intención de presentar una querella contra el presidente del Gobierno. A su juicio, los nuevos indicios incorporados al último informe de la UCO tras la investigación de Juanma Serrano justificarían solicitar la ampliación de las actuaciones judiciales. Corresponderá ahora a los órganos jurisdiccionales valorar si dichos indicios reúnen los requisitos legales necesarios para la eventual admisión de esa iniciativa.
En este contexto, y coincidiendo con la sucesión de nuevas investigaciones judiciales, diversos sondeos publicados por el CIS y por medios próximos al Gobierno pusieron el foco sobre el poder judicial. Según una encuesta difundida por El País, el 65 % de los consultados consideraba que existía una “guerra judicial” (lawfare) contra el Gobierno y el PSOE, mientras que otro estudio publicado por La Vanguardia afirmaba que alrededor del 60 % de los jueces hacían política. Para diversos analistas, este tipo de encuestas contribuye a generar una percepción de desconfianza hacia la Justicia, presentándola como un poder parcial que actuaría contra el Gobierno y favorecería a la oposición.
Frente a estas críticas, el Ejecutivo mantiene una posición completamente distinta. Según explicó la periodista Leticia Barquín, desde Moncloa consideran que las investigaciones abiertas carecen de fundamento suficiente y que muchas de ellas tienen su origen en bulos, desinformaciones y publicaciones procedentes de pseudomedios, especialmente aquellas relacionadas con la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. Desde esta óptica, el Ejecutivo se presenta como víctima de una campaña de persecución política y judicial.
Sus críticos, por el contrario, sostienen que esa estrategia pretende desacreditar las investigaciones para facilitar posteriormente un mayor control sobre determinadas instituciones del Estado. Entre ellas citan organismos como el Tribunal Constitucional, Telefónica, Indra, Correos o RTVE. El objetivo, afirman, sería convencer a la opinión pública de que el Gobierno es víctima de una persecución injusta, mientras que jueces y fuerzas de seguridad actuarían movidos por intereses políticos.
En este sentido, el periodista Antonio Naranjo sostiene que “Sánchez no ha logrado su primer objetivo, anularles”, por lo que “se conforma con el segundo: desprestigiarles para justificar todo tipo de medidas políticas destinadas a alterar la separación de poderes”. En la misma línea, el periodista Javier Benegas afirma: “Los gobernantes que quieren someter a los jueces nunca anuncian abiertamente que van a acabar con la separación de poderes. Primero crean un clima moral en el que los jueces aparecen como una casta, una amenaza, una minoría no elegida, un freno a la voluntad popular o un gremio politizado. Primero se erosiona la confianza en los jueces; después se justifica la intervención política sobre ellos; finalmente, el poder llama "democratización" a lo que no es más que la captura del sistema judicial”.
Una reflexión similar realiza el jurista conocido en la red social X como "Magisthor", quien sostiene que se pretende “crear un estado de opinión de lawfare (guerra judicial contra los políticos) generalizado para defenderse de los procesos de corrupción ya abiertos y de los que aún puedan llegar”.
Por el contrario, quienes cuestionan esa interpretación señalan que los principales organismos internacionales ofrecen una perspectiva diferente. Los informes de la OCDE correspondientes al periodo 2023-2025 reflejan una mejora en la confianza ciudadana hacia la Administración de Justicia y reconocen el esfuerzo que realizan jueces, fiscales y funcionarios pese a la falta de medios, la elevada carga de trabajo y el déficit de personal. En esos mismos estudios también figuran entre las instituciones mejor valoradas las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La experiencia demuestra que la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de casos de corrupción, sino por la rapidez, la transparencia y la firmeza con las que sus instituciones reaccionan cuando estos aparecen.
Ante este escenario, resulta oportuno preguntarse cómo reaccionan las democracias con mejores índices de calidad institucional (como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda o Suiza) cuando aparecen casos de corrupción. Ello no significa que estos países estén exentos de ella, sino que cuentan con mecanismos de respuesta más rápidos y eficaces para exigir responsabilidades, proteger las instituciones y reforzar la confianza ciudadana. Entre las principales medidas que adoptan destacan las siguientes:
1. Dimisión inmediata por responsabilidad política. En países como Dinamarca o Suecia, es habitual que un ministro o alto cargo dimita cuando una investigación compromete la confianza pública, incluso antes de que exista una condena judicial.
2. Suspensión o cese de los cargos investigados. Es frecuente que un alto responsable sea apartado temporalmente de sus funciones mientras se desarrolla la investigación, evitando así cualquier posible interferencia.
3. Independencia de las instituciones. La Justicia, la Fiscalía y las fuerzas policiales actúan con autonomía, garantizando que las investigaciones se desarrollen sin injerencias políticas.
4. Comisiones parlamentarias con mayor capacidad de control. Los parlamentos convocan comparecencias públicas, solicitan documentación y someten a escrutinio las actuaciones del Gobierno.
5. Protección al denunciante. Se garantiza la seguridad de quienes informan sobre casos de corrupción.
6. Transparencia. Los altos cargos deben declarar sus intereses, patrimonio y posibles conflictos de interés.
7. Controles independientes. Auditorías externas supervisan la gestión pública y detectan posibles irregularidades.
8. Control de las empresas públicas. Se refuerza la supervisión para prevenir irregularidades y garantizar una gestión transparente.
9. Reformas legales tras los escándalos. Cuando un caso revela fallos estructurales, es habitual modificar la legislación para impedir que la situación vuelva a repetirse.
10. Elevado coste político. En las democracias nórdicas un escándalo de corrupción suele traducirse rápidamente en pérdida de apoyo electoral y presión interna dentro del propio partido para exigir responsabilidades.
Precisamente en esa dirección apuntan las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), integrado por 48 Estados, que coinciden en que la mejor forma de prevenir la corrupción es fortalecer las instituciones. Para ello proponen garantizar la independencia de jueces y fiscales, reforzar los mecanismos de prevención y detección de conflictos de interés, proteger eficazmente a los denunciantes, mejorar la transparencia en la contratación pública, establecer controles efectivos sobre las empresas públicas, reforzar la rendición de cuentas de los altos cargos y asegurar que las investigaciones se desarrollen sin injerencias políticas.
Llegados a este punto, conviene recordar que la democracia nunca es una conquista definitiva, sino un patrimonio común que debe protegerse cada día. La conmemoración del 250.º aniversario de Estados Unidos ha vuelto a poner en valor el sacrificio de quienes lucharon por conquistar la libertad, un legado que numerosas obras históricas y documentales han contribuido a divulgar. España también conoce ese coste. Nuestro país recorrió un largo y complejo camino hasta dejar atrás la dictadura y consolidar una democracia basada en la Constitución, el Estado de derecho y el pluralismo político. Precisamente por ello, no deberíamos dar por sentadas unas libertades que exigieron tanto esfuerzo alcanzar.
Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de velar por la fortaleza de nuestras instituciones, defender la separación de poderes, exigir transparencia y reclamar responsabilidades cuando sea necesario. Las democracias no se mantienen por inercia; dependen del compromiso cívico de quienes las sostienen. Más allá de las legítimas diferencias ideológicas, la defensa de la democracia debe constituir un compromiso compartido. Cuando los ciudadanos participan, fiscalizan la actuación de los poderes públicos y exigen el cumplimiento de la ley sin excepciones, contribuyen a fortalecer las instituciones. Porque la calidad democrática de una nación no depende únicamente de sus gobernantes, sino también de una ciudadanía libre, crítica y comprometida con los valores constitucionales.
Si en el futuro se convocaran nuevas elecciones generales, España necesitaría un liderazgo capaz de recuperar la confianza en las instituciones y afrontar con éxito los grandes desafíos del país: la polarización política, los retos económicos y demográficos, la inmigración, la transformación tecnológica y un escenario internacional cada vez más incierto. Más allá de cualquier ideología, los ciudadanos deberían exigir dirigentes íntegros, respetuosos con el Estado de derecho, capaces de dialogar, formar equipos basados en el mérito y la capacidad, gestionar con eficacia, rendir cuentas, fortalecer la unidad de los españoles, defender la independencia de las instituciones y preservar la credibilidad internacional de nuestro país, anteponiendo siempre el interés general a cualquier interés personal o partidista.
Como afirmó Adolfo Suárez: “La concordia fue posible porque supimos anteponer el interés de España al interés de cada uno”. Casi medio siglo después, aquella reflexión conserva plena vigencia. En tiempos de incertidumbre, la verdadera fortaleza de un líder no se mide únicamente por su capacidad para ganar elecciones, sino por su compromiso con el bien común, su capacidad para generar confianza, unir a la sociedad y fortalecer nuestro sistema democrático. Porque las democracias no suelen perderse de un día para otro; se debilitan lentamente cuando los ciudadanos dejan de defender los principios y las instituciones que garantizan su libertad.
