La justicia de los nuestros y de los otros

El problema no empieza en los tribunales, sino en nuestra mirada

Existe una contradicción tan humana como peligrosa: todos queremos jueces independientes, pero no siempre aceptamos las consecuencias de esa independencia.

Nos ocurre con la justicia algo parecido a lo que sucede con un árbitro deportivo. Mientras sus decisiones coinciden con nuestro criterio, lo consideramos imparcial. Cuando señalan una falta contra nuestro equipo, aparecen las sospechas.

En política sucede algo similar. Las resoluciones judiciales dejan de analizarse por sus fundamentos jurídicos y empiezan a valorarse por una pregunta previa: ¿a quién benefician?

La justicia, sin embargo, no existe para satisfacer preferencias ideológicas ni intereses partidistas. Su función es establecer límites comunes que todos debemos respetar. El problema aparece cuando la legitimidad de una resolución deja de depender de su solidez jurídica y pasa a depender de si confirma o contradice nuestras expectativas.

La separación de poderes: una garantía, no un obstáculo

La división de poderes nació de una idea sencilla: ningún poder debe acumular suficiente fuerza como para quedar libre de controles. La democracia no consiste en que todas las instituciones piensen igual ni actúen coordinadamente. Su fortaleza reside precisamente en que existan contrapesos capaces de corregir excesos y limitar abusos.

Por eso la independencia judicial resulta incómoda para cualquier gobierno. Un juez verdaderamente independiente puede respaldar una decisión política o cuestionarla; puede validar una actuación del Ejecutivo o investigar a quienes lo integran.

Cuando la separación de poderes se defiende solo mientras produce resultados favorables, deja de ser un principio democrático para convertirse en una herramienta de conveniencia.

La justicia como garantía o como relato

En los últimos años, numerosas decisiones judiciales han quedado atrapadas en una batalla política donde el debate jurídico ha cedido terreno al relato.

Las investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno, los procedimientos que afectan a dirigentes políticos o los debates sobre la aplicación de la amnistía han evidenciado una tendencia preocupante: la valoración de la justicia parece variar según el nombre que figure en el expediente.

La hemeroteca muestra con frecuencia cómo dirigentes políticos que reclamaban contundencia judicial frente a determinados casos pasan a denunciar persecuciones, campañas de desgaste o lawfare cuando las investigaciones se acercan a su propio espacio político.

Pedro Sánchez ha denunciado públicamente la existencia de operaciones de "acoso y derribo" contra su entorno familiar y político. Es legítimo que cualquier dirigente se defienda en el terreno político. Lo preocupante aparece cuando el foco deja de ponerse en los hechos y se traslada a la supuesta ilegitimidad de quienes investigan.

Algo similar ha ocurrido con algunas críticas dirigidas a determinadas decisiones judiciales o procesales. El ministro Óscar Puente llegó a referirse a las diligencias abiertas contra Begoña Gómez como un "no caso" y una actuación de carácter político .El mismo sistema que incentiva la colaboración con la justicia para combatir la corrupción puede ser cuestionado cuando sus efectos resultan políticamente incómodos. No es tanto el principio lo que cambia como la posición desde la que se observa.

No se trata de prohibir la crítica a las resoluciones judiciales. En democracia toda decisión es discutible. Lo preocupante es que el criterio para valorarlas parezca depender cada vez más de la identidad de los afectados y cada vez menos de los argumentos jurídicos que las sustentan.

Cuando los jueces son independientes... hasta que dejan de ser útiles

La contradicción se vuelve especialmente visible cuando afecta a las propias instituciones judiciales.

Durante años se ha defendido que España cuenta con jueces plenamente independientes y con un sistema garantista. Sin embargo, en momentos de especial tensión política han proliferado acusaciones sobre supuestas injerencias judiciales, sesgos ideológicos o bloqueos institucionales.

La evolución del discurso político respecto a la amnistía constituye un ejemplo significativo. La figura de Félix Bolaños ejemplifica bien esta evolución discursiva. El mismo sistema judicial que era presentado como una garantía democrática cuando validaba determinadas decisiones pasó a ser objeto de críticas cuando algunas resoluciones dificultaban los objetivos políticos del Ejecutivo. Lo que en un momento se presentaba como incompatible con principios esenciales del ordenamiento jurídico pasó posteriormente a considerarse una medida necesaria para la convivencia y plenamente constitucional. Cuando algunos tribunales interpretaron su aplicación de forma distinta a la esperada por el Ejecutivo, reaparecieron las críticas hacia determinados magistrados.

La contradicción resulta difícil de ignorar: el tribunal es un garante democrático cuando valida nuestras posiciones y un problema cuando las cuestiona.

La presunción de inocencia: el principio que nos examina

Pocos valores democráticos ponen tan claramente a prueba nuestra coherencia como la presunción de inocencia.

Este principio no existe para proteger a quienes nos resultan simpáticos ni para beneficiar a quienes consideramos inocentes. Existe para proteger a cualquier ciudadano frente al poder.

Precisamente por eso suele generar incomodidad.

Defendemos la presunción de inocencia como un principio irrenunciable hasta que ampara a alguien que no queremos defender. Entonces aparecen las excepciones, los matices y las prisas por condenar.

Pero los derechos fundamentales dejan de ser derechos cuando se aplican solo a quienes cuentan con nuestra simpatía.

Cuando la realidad se divide en bandos

La polarización transforma cualquier acontecimiento en una cuestión de identidad colectiva. Ya no importa únicamente qué ha ocurrido, sino qué significado tiene para nuestro grupo.

El filósofo Carl Schmitt definía la política como una permanente distinción entre amigos y enemigos. Una misma resolución judicial puede ser presentada como un triunfo de la democracia o como una muestra de persecución política según quién la interprete. El resultado es una lógica de amigos y enemigos que termina contaminando la percepción de la justicia.

Sin embargo, los tribunales no pueden funcionar bajo esa lógica. Su legitimidad no depende de los aplausos que reciben ni de las críticas que soportan, sino de su capacidad para aplicar las reglas con independencia de las consecuencias políticas que puedan derivarse de sus decisiones.

El ciudadano ante el espejo

Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a los dirigentes políticos, pero la polarización también se alimenta desde la sociedad.

Todos tendemos a aceptar con más facilidad aquello que confirma nuestras creencias y a cuestionar aquello que las contradice. El problema surge cuando esa reacción sustituye al respeto por las reglas comunes.

Aceptamos sin dificultad la independencia judicial cuando las resoluciones coinciden con nuestras convicciones. Cuando no lo hacen, buscamos explicaciones alternativas: conspiraciones, intereses ocultos o motivaciones políticas.

Sin darnos cuenta, contribuimos así a erosionar aquello mismo que afirmamos defender.

Una democracia puede sobrevivir a malas decisiones políticas, crisis económicas o profundas discrepancias ideológicas. Lo que difícilmente puede soportar es la pérdida de confianza en los mecanismos que permiten resolver esas diferencias.

Porque cuando nadie acepta al árbitro, cada equipo termina jugando su propio partido.

El verdadero riesgo

Las democracias rara vez se derrumban de un día para otro. Suelen deteriorarse lentamente, como una estructura que pierde resistencia mientras todavía parece mantenerse en pie. Primero se cuestionan las instituciones. Después se relativizan sus decisiones. Finalmente, solo se aceptan cuando coinciden con nuestros intereses.

Pero una democracia no es únicamente un conjunto de leyes. Es también una cultura de respeto hacia unas reglas que deben proteger incluso a quienes no comparten nuestras ideas.

El riesgo no es que existan errores judiciales, porque siempre los habrá. El verdadero riesgo es acabar convencidos de que una resolución es justa únicamente cuando perjudica al adversario y sospechosa cuando afecta a los nuestros.

En ese momento la justicia deja de ser un poder independiente para convertirse en una prolongación de nuestras simpatías políticas.

La pregunta no es si confiamos en la justicia cuando nos da la razón. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a defenderla cuando no nos la da. Porque ahí empieza la madurez democrática…y también ahí empieza su defensa.