Tras el ok de Pedro Sánchez y el PSOE a la petición de ERC de exenciones de pago para Cataluña

Todos contentos: Illa verá aprobado su presupuesto y Junqueras se cuelga medallas. ¡Viva la singularidad!

Sánchez y Junqueras se saludan en la puerta de la Moncloa

No es una casualidad. No es una coincidencia técnica. No es tampoco una brillante negociación en favor del interés general de los catalanes. Es, sencillamente, un intercambio de favores. Un trueque político de manual. Y, una vez más, Oriol Junqueras sale ganando y por partida doble: saca tajada financiera y notoriedad en Cataluña y se adelanta a la deseada foto de Sánchez con Puigdemont, colándose por delante del fugado y certificando que él sí está "liberado" y perdonado por "España", no como el señor de Waterloo. Cataluña es un continuo teatro de gestos y codazos entre figurantes que una vez fueron primeros actores.

La aprobación del presupuesto de Salvador Illa no llega gratis. Nunca lo ha hecho. A cambio, Esquerra Republicana obtiene (teóricamente) lo que lleva años persiguiendo en su particular carrera con Junts para ver “quién consigue la más gorda”: más control financiero, más capacidad de decisión sobre el dinero y una condonación de deuda pactada directamente con Pedro Sánchez en Madrid, bajo la tutela complaciente del Ministerio de Hacienda. Todo ello, eso sí, envuelto en el lenguaje amable de la “normalización institucional” y el “diálogo”, ¡faltaría más!

Pero vayamos a los hechos, no al relato. La llamada condonación de deuda —que se vende como un alivio histórico para Cataluña— no es dinero regalado ni una victoria económica, sino una reasignación contable decidida por el Estado. Deuda que desaparece del balance autonómico pero que no se evapora: se redistribuye, se mutualiza y se traslada al conjunto de los contribuyentes españoles. Es decir, se paga igual, pero con menos ruido político en Barcelona y más silencio administrativo en Madrid (Moncloa).

¿Quién capitaliza la operación? Junqueras.
¿Quién la necesita para sostenerse? Pedro Sánchez.
¿Quién la utiliza para legitimar su presidencia? Salvador Illa.

ERC logra algo todavía más importante que la quita de deuda: participar en la gestión financiera futura, influir en el crecimiento presupuestario y consolidar su papel como actor imprescindible del poder. No gobierna formalmente, pero condiciona, y mucho. Es la clásica estrategia republicana: perder votos, pero ganar poder real.

Mientras tanto, Illa acepta el peaje. Aprueba el presupuesto, salva la legislatura y se presenta como el presidente “responsable” que dialoga y pacta. Pero lo hace cediendo soberanía financiera, hipotecando decisiones futuras y consolidando un modelo en el que el Govern depende más de pactos políticos que de una mayoría sólida. Y, lo que es peor para él, sabiendo que es muy posible que no vea ni una de esas concesiones “regaladas” puesta en marcha, pues es más que probable que el Congreso no las apruebe.

No sólo va a tener en contra a Junts (con su ataque “de cuernos” correspondiente por no haber sido suya la idea conciliada) si no que los socios valencianos (Compromís), los gallegos (BNG) o los aragoneses (Xunta aragonesista) no van a tener reaños en dar su ok cuando están pensando en los votos que pueden perder en las próximas elecciones (los maños) o en las siguientes autonómicas, el resto.

En cualquier caso, Pedro Sánchez, fiel a su estilo, compra tiempo. Compra una supuesta estabilidad parlamentaria con uno de sus socios más importantes. Compra silencio. Lo hace con recursos públicos, con ingeniería fiscal y con una narrativa diseñada para evitar el debate de fondo: la desigualdad territorial en el trato financiero y el uso del dinero como moneda de cambio político.

Todo esto se presenta como un avance, como una solución estructural. Pero no lo es. Es pan para hoy y deuda para mañana, aunque no aparezca en los titulares. Junqueras no engaña a nadie. Hace política. Y sale ganando. Gana control, gana influencia, gana relato. Y lo hace a cambio de algo que no le cuesta demasiado: aprobar un presupuesto que ya estaba diseñado para ser aprobado, siempre que el precio fuera el adecuado.

La pregunta no es si ERC ha negociado bien. Lo ha hecho. La pregunta es quién pagará la factura y qué modelo político se consolida. Porque cuando el dinero público se convierte en moneda de supervivencia política, la transparencia pierde y la ciudadanía también. Es decir, perdemos todos menos los políticos que siguen manteniendo la silla o viviendo del cuento.