Montero se queda sola con su modelo de financiación: no le apoyan ni las 2 comunidades del PSOE
La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha llevado al pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una nueva propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica para el régimen común, basada en un acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Sin embargo, la iniciativa ha encendido fuertes críticas y el rechazo casi unánime de las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña, que ha expresado su apoyo inicial al modelo.
¿En qué consiste la propuesta de financiación autonómica?
Técnicamente, la propuesta busca reemplazar el actual sistema de financiación, vigente desde 2009, mediante un modelo que:
- Incrementa las cesiones tributarias: aumento de la participación de las comunidades en el IRPF (del 50% al 55%) y el IVA (del 50% al 56,5%), lo que se traduce en unos 21.000 millones de euros adicionales para las regiones de régimen común en 2027.
- Introduce nuevos criterios de cálculo: toma en cuenta variables como población ajustada (desempleo, envejecimiento, dispersión geográfica, insularidad, etc.) para ponderar los recursos recibidos por cada comunidad.
- Optatividad: las comunidades podrán elegir voluntariamente si se adhieren al nuevo modelo o mantienen el sistema vigente; mantener el antiguo implicaría recibir menos fondos estructurales.
- Principio de ordinalidad: el acuerdo pactado con ERC garantiza que Cataluña respete el principio de ordinalidad (que una comunidad que aporta más al sistema también reciba más) — aunque este criterio no se garantiza homogéneamente para todas las regiones.
A pesar de estos avances técnicos, el texto legal aún debe ser redactado y aprobado en las Cortes, proceso que puede prolongarse hasta 2026 antes de entrar en vigor en 2027.
Críticas técnicas y políticas de las comunidades autónomas
El rechazo de prácticamente todas las autonomías, salvo Cataluña, se ha expresado con argumentos tanto políticos como técnicos:
Desconfianza en la negociación bilateral: Representantes de gobiernos regionales critican que el modelo sea el resultado exclusivo de una negociación entre el Gobierno y un partido independentista (ERC), sin diálogo previo con el conjunto de autonomías ni con el CPFF en su fase inicial, lo que consideran una ruptura del principio de cooperación multilateral.
Percepción de desigualdad: Aunque Montero niega que el modelo sea unilateralmente favorable a Cataluña, varios consejeros autonómicos han señalado que la redistribución resulta inequitativa o insuficiente para sus territorios, especialmente en regiones que no verían mejoras significativas o quedarían con menos fondos si optan por mantener el vigente sistema.
Críticas al principio de ordinalidad: Técnicamente, el principio de ordinalidad —que busca situar a las comunidades que más aportan también entre las que más reciben— se garantiza de manera explícita solo para Cataluña, y no de forma uniforme para otras comunidades, especialmente cuando se aplican mecanismos como el statu quo. Esto ha sido señalado como un punto de desequilibrio técnico en la propuesta.
Acusaciones de “chantaje” presupuestario: Algunos responsables autonómicos han denunciado que el Gobierno plantea una dicotomía de “aceptar el nuevo modelo o resignarse a recibir menos recursos”, en lugar de mantener la financiación actual mientras se negocia una reforma consensuada.
Posturas de los principales actores políticos
Gobierno central: Montero ha defendido públicamente que la propuesta: No es un “cupo catalán” ni privilegia a ninguna comunidad en exclusiva. Busca ampliar la corresponsabilidad fiscal, reforzar la solidaridad y modernizar el sistema heredado de 2009. Está abierta a discusión técnica con las comunidades que deseen más datos antes de decidir.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha apelado a las comunidades a dejar de lado la confrontación partidista y pensar en la mejora de los servicios públicos financiados con estos recursos.
Partido Popular y gobiernos autonómicos del PP: El principal partido de la oposición ha rechazado con firmeza la propuesta por considerarla injusta y desequilibrada, elaborada sin consenso y con prioridad a las concesiones políticas pactadas con ERC. El PP ha anunciado que trabaja en su propio modelo alternativo que, según su enfoque, equilibraría mejor la financiación territorial.
Otras comunidades socialistas disidentes: Barones socialistas como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias) también han mostrado discrepancias importantes, argumentando que el modelo no responde a las necesidades reales de sus regiones y que la forma de pactarlo es políticamente cuestionable.