La Necesidad de un Nuevo Modelo de Derecho Internacional
Desde 1945, el sistema jurídico internacional -normas, principios y organismos reguladores de las relaciones entre Estados- procede del reparto de poder entre grandes potencias. El resultado es por ello un mapa del mundo en el que unos pocos dictan las reglas y el resto debe cumplirlas. No se trata de un modelo equitativo y justo, sino basado en el derecho de los poderosos, fundamentalmente de quienes poseen el arma nuclear, y en el que impera una sola norma, hoy menos disimulada que nunca: quien puede borrar del mapa a otros tiene la última palabra.
El núcleo de ese orden jurídico internacional han sido los acuerdos entre Estados soberanos, pero unos acuerdos claramente condicionados por las relaciones de fuerza tanto desde la perspectiva política como económica y, sobre todo, militar, entre los mismos. La Carta de las Naciones Unidas, cuyo fin principal fue prevenir un nuevo conflicto global a través de principios como la prohibición del uso de la fuerza salvo ejercicio de la legítima defensa o la solución pacífica de controversias, consagró al mismo tiempo estructuras reflejo del equilibrio de poder de 1945: entre las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial y sus respectivas áreas de influencias, reales o pretendidas. Y así se instituyó un Consejo de Seguridad, compuesto por cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), con derecho de veto sobre cualquier iniciativa como privilegio esencial.
Ese derecho de veto constituye así la manifestación más cruda de cómo el derecho internacional ha estado sometido desde su origen a la fuerza militar de los más fuertes. No importan las mayorías, salvo por su carácter testimonial, si cualquiera de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad veta una resolución del resto por no ser adecuada a sus intereses: la realidad frente a la norma y el acuerdo. Y en este sistema asimétrico que afecta en gran manera a la soberanía formal declarada de todas las naciones hemos vivido los últimos ochenta años, hasta llegar a ponerse en cuestión recientemente, de una manera patente, la insuficiencia y la ineficacia de las instituciones multilaterales para imponer decisiones que vayan contra los intereses geopolíticos de los más poderosos: de quienes pueden imponer sin sufrir imposición alguna.
“Quienes debieran ser garantes del derecho internacional son también son sus primeros y principales infractores, por acción o por omisión”
Así, hemos visto cómo Rusia, por ejemplo, ha vetado repetidamente resoluciones relacionadas con Siria y Ucrania. O a Estados Unidos vetando y bloqueando censuras o sanciones hacia Israel. China, por su parte, ha vetado lo que considera injerencias en asuntos internos cuando se han criticado sus acciones en materia de derechos humanos o en cuestiones territoriales. Quienes debieran ser garantes del derecho internacional son también son sus primeros y principales infractores, por acción o por omisión. Y en ese teatro había sido, formalmente al menos, Estados Unidos quien se había erigido en apariencia como el mayor defensor de un derecho y unas instituciones internacionales que ahora, paradójicamente, rechaza, incluso frente a la defensa de los mismos por quienes antes pudieron ser igualmente y en mayor medida acusados de lo mismo, por lo que cabe preguntarse si estamos ante un cambio histórico y sustancial del modelo de relaciones internacionales y hacia dónde nos dirigimos en su caso.
De nuevo afrontamos, casi un siglo después de terribles conflictos globales el debate sobre qué modelo institucional y normativo de derecho internacional es necesario y deseable. Y lo hacemos impelidos a ello, sorprendentemente, por la actitud de un país que en este punto podía haberse calificado de, cuando menos, confiable. Los paradigmas los tenemos los tenemos en casos como la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, una flagrante violación de la prohibición del uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado por otro sin autorización del Consejo de Seguridad o sin una clara justificación de legítima defensa. E igualmente en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y la confluencia posterior de otras potencias occidentales ante la escalada por la respuesta del régimen islámico del país inicialmente atacado ante la justificación de que se llegue a convertirse en una potencia nuclear o por la represión ejercida contra parte de su población. En ningún caso se ha buscado siquiera la legitimidad previa de presentar el casus belli ante la comunidad internacional en las instituciones concebidas para ello, sino que los motivos se han expresado a posteriori y de la manera menos convencional y diplomática posible.
“La pregunta es si el pragmatismo nos debe llevar a reconocer, y aceptar, que hay quien está legitimado frente a otros Estados a hacer lo que estime en cada momento, simplemente porque puede hacerlo”
Y lo primero que debemos asumir es que estos casos abren un peligroso precedente: si una potencia con fuerza militar considerable puede actuar unilateralmente sin el visto bueno multilateral, aun siquiera como una formalidad, el marco jurídico vigente desde hace décadas desaparece. Más aún cuando la intervención unilateral estadounidense, como la del resto de miembros permanente del Consejo de Seguridad, está protegida por ese mecanismo de veto justamente frente a sanciones o medidas punitivas del organismo, más allá de que resultara incluso ilusoria la posibilidad de su planteamiento o imposición.
Uno podría argumentar que el uso de la fuerza, o la amenaza creíble de su uso, es una circunstancia inevitablemente unida a un mundo que enfrenta permanentemente amenazas reales a la estabilidad global. Y la pregunta es entonces si el pragmatismo nos debe llevar a reconocer, y aceptar, que hay quien está legitimado frente a otros Estados a hacer lo que estime en cada momento simplemente porque puede hacerlo. Porque nadie puede devolverle el guante. O lo que es lo mismo, aun cuando se justifique ello con la necesidad de salvaguardar una cierta estabilidad mundial: ¿se puede ser juez y parte al mismo tiempo? Porque esa es hoy la cuestión. Y la respuesta, en caso de ser afirmativa, reconozcámoslo, no es más que un abuso institucionalizado del poder, y no tanto un equilibrio justo. Y si a la cuestión le añadimos las simpatías ideológicas, o de cualquier otro tipo, por el Estado a quien estemos dispuestos a legitimar así, parece que la hipocresía roza niveles mayúsculos.
“Deberíamos involucrarnos también quienes deambulamos por el planeta sin aparente trascendencia, porque somos igualmente responsables”
La alternativa se plantea muy compleja y realmente difícil. Otra cosa es que parezca imposible. Pero en todo caso, la historia ha demostrado que nada es permanente y todo es susceptible de reforma y cambio, tanto a mejor como a peor. Lo que no es realista es esperar que un derecho internacional diseñado por y para los Estados, y en particular para beneficio de los más poderosos, sea reformado únicamente por ellos, dado el nulo incentivo en modificar su estatus de privilegio. La presión debe emanar de las sociedades civiles organizadas a nivel global, algo hoy, también es verdad, sumamente complicado, paradójicamente, en un momento de relevante nivel tecnológico que nos permite estar completamente comunicados a nivel individual al tiempo que un problema por la posibilidad de una manipulación masiva de la opinión pública a través del algoritmo. La política exterior y el derecho internacional se convierten así en pura mercancía al albur de intereses no siempre siquiera estatales, sino incluso particulares en algún caso, como estamos pudiendo observar. Lo estamos viendo y, lo que es peor, viviendo como si de una película de ciencia ficción de hace solo un par de décadas se tratara.
Necesitamos por ello urgentemente un nuevo derecho internacional, porque no podemos permitirnos un orden mundial que no se base en valores democráticos, liberales y con vocación universal. Eso supone afrontar el problema de que quien nos pone delante de los ojos un modelo agotado es justamente quien, hasta este momento, al menos formalmente, había sido su mayor paladín: un occidente liderado por Estados Unidos hoy en manos de un presidente populista para quien la capacidad de su país para hacer lo que pretenda en la escena internacional depende solo de su fuerza militar y, aparentemente, de su santa voluntad. De él, de la de Donald Trump.
Llamar, por tanto, a la vuelta a la razón de quienes dirigen esta sociedad global, aun cuando pueda resultar ingenuo, es la primera tarea para poder encarrilar de nuevo el rumbo de un mundo más en crisis que nunca. Pero en eso deberíamos involucrarnos también quienes deambulamos por el planeta sin aparente trascendencia, porque somos, quizá en mayor medida de lo que creemos, igualmente responsables.