Senado vs. Presidente USA: Venezuela, la War Powers Resolution y un conflicto constitucional recurrente en Estados Unidos (1973-2026)
El 8 de enero de 2026, el Senado de Estados Unidos avanzó una resolución de poderes de guerra relativa a Venezuela mediante una moción de descarga aprobada por 52-47, con el apoyo de cinco senadores republicanos. La reacción pública del presidente Donald J. Trump —calificando la War Powers Resolution de 1973 como inconstitucional y señalando la fractura de disciplina interna— reabre un debate histórico: cómo se concilia la autoridad del Comandante en Jefe con el poder del Congreso para declarar la guerra, autorizar el uso de la fuerza, financiarla y regular las fuerzas. Este artículo ordena el episodio, expone el marco constitucional y legal, y lo sitúa en una cronología de precedentes que revela patrones repetidos: amenazas híbridas, enemigos recurrentes (Cuba en el Caribe, Irán y sus proxies, redes criminales) y un Congreso que, con frecuencia, intenta recuperar control político cuando el Ejecutivo ya se ha movido. [A][B]
1. El 8 de enero de 2026: la votación del Senado y la respuesta del presidente
La moción de descarga aprobada el 8 de enero de 2026 permitió que el Senado llevase al pleno la S.J.Res. 98, una resolución que pretende dirigir la retirada de fuerzas estadounidenses de hostilidades “dentro o contra” Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso. La votación (52-47) contó con el apoyo de los senadores republicanos Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Todd Young, además de la totalidad del caucus demócrata. [A][C][D]
En su mensaje público posterior, el presidente Trump combinó un argumento institucional —la primacía del Artículo II y la inconstitucionalidad de la War Powers Resolution— con una crítica de disciplina partidista: acusó a los cinco republicanos de votar con los demócratas para “quitar” poderes necesarios para defender a Estados Unidos. El post es relevante no solo por su tono, sino porque condensa, en pocas líneas, un conflicto que se ha expresado bajo administraciones demócratas y republicanas desde 1973. [B]
Traducción del post del presidente Trump (Truth Social)
“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas intentando quitarnos nuestros poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América... Esta votación obstaculiza gravemente la autodefensa estadounidense y la seguridad nacional, impidiendo la autoridad del presidente como Comandante en Jefe. En cualquier caso, y pese a su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional, violando totalmente el Artículo II de la Constitución, como todos los presidentes y sus Departamentos de Justicia han determinado antes que yo. No obstante, la próxima semana tendrá lugar una votación del Senado más importante sobre este mismo asunto.” [B]
2. Constitución y poder de guerra: una tensión diseñada para no ser cómoda
El conflicto no nace en 1973. Está inscrito en el propio diseño constitucional. El Congreso (Artículo I) posee el poder de declarar la guerra, levantar y sostener ejércitos, mantener una armada, dictar reglas para el gobierno y regulación de las fuerzas y, sobre todo, controlar el gasto. El presidente (Artículo II) es el Comandante en Jefe, con autoridad para dirigir las fuerzas y responder con inmediatez ante amenazas. La zona gris aparece cuando la acción militar no se presenta como una “declaración de guerra” formal, sino como intervención, castigo, rescate, disuasión, operación limitada o —en el lenguaje contemporáneo— operación contra redes transnacionales. Allí es donde la controversia se vuelve constante. [E]
De esa fricción surge la pregunta que se repite en cada generación: ¿puede una ley ordinaria limitar una autoridad que la Constitución otorga al Ejecutivo? La respuesta práctica ha sido menos jurídica que política: el sistema funciona cuando el Congreso usa sus instrumentos (autorizaciones específicas, supervisión y financiación) y asume el coste de sostener o frenar una operación. Cuando el Congreso evita ese coste, el Ejecutivo suele ocupar el espacio, con el consiguiente desgaste de legitimidad para ambos poderes.
3. La War Powers Resolution (1973): propósito, procedimiento y fragilidad
La War Powers Resolution (WPR) fue aprobada en 1973 tras Vietnam y, de forma significativa, por encima del veto del presidente Richard Nixon. Su objetivo era imponer consulta, notificación y límites temporales al empleo de fuerzas armadas en hostilidades no autorizadas. En líneas generales, exige informar al Congreso cuando se introducen fuerzas en hostilidades o situaciones de riesgo inminente, y prevé un límite temporal (conocido por su regla de 60 días) si el Congreso no autoriza la acción. [F][G]
La WPR, sin embargo, depende de un equilibrio político difícil: definir qué cuenta como “hostilidades”, sostener mayorías para imponer consecuencias y, llegado el caso, utilizar el instrumento más eficaz del Congreso: el poder de la bolsa. Por eso, la historia de la WPR es también la historia de su aplicación irregular y de su frecuente sustitución por arreglos políticos ad hoc. [G]
4. La tesis del Ejecutivo en Venezuela: ‘no es una guerra’, es una operación contra el narcotráfico
Tras la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, la Administración ha insistido en que no se trata de una guerra contra Venezuela, sino de una acción de aplicación de la ley y de seguridad hemisférica dirigida contra organizaciones de narcotráfico. En esa línea, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no está “en guerra con Venezuela”, sino “en guerra contra las organizaciones de narcotráfico”, y defendió que la operación fue precisa y limitada en el tiempo, por lo que —según su criterio— no requeriría autorización previa del Congreso. [H][I]
Esta caracterización cumple una función jurídica y política: desplazar el debate desde la ‘guerra’ hacia la ‘persecución de redes criminales’ y reforzar la tesis de que el Ejecutivo puede actuar con rapidez bajo el Artículo II sin quedar paralizado por un ciclo legislativo. La objeción del Senado, en cambio, se centra en el riesgo de escalada: si una operación puntual deriva en presencia sostenida, hostilidades repetidas y costes acumulativos, el conflicto vuelve a adquirir —de facto— naturaleza bélica y, con ella, vuelve a activarse el pulso sobre quién controla duración, objetivos y reglas de compromiso. [D]
5. Cronología comparada de precedentes (1983-2025): el choque se repite, cambian los teatros
La siguiente secuencia ordena casos representativos en los que el Congreso intentó acotar —o fiscalizar— el uso de la fuerza, y el Ejecutivo defendió un margen amplio de acción. El interés no está solo en el “qué”, sino en el patrón: escenarios con amenaza híbrida, necesidad de velocidad, y posterior disputa sobre control democrático.
6. Coincidencias estratégicas: cuando cambian los nombres, pero no la arquitectura del conflicto
Mirada en conjunto, la serie de casos permite identificar coincidencias útiles para interpretar Venezuela en 2026 sin caer en analogías mecánicas. Primero, la ‘amenaza cercana’ (Caribe y hemisferio occidental) tiende a justificar respuestas rápidas, como en Granada, donde el factor Cuba fue explícito en el contexto estratégico regional. Segundo, el salto del terrorismo de red patrocinado (Líbano) introduce la idea de que el adversario no es solo un Estado, sino un ecosistema: proxies, financiación, milicias y ataques de alta visibilidad. Tercero, desde 2001, la combinación de AUMF amplias y operaciones ‘limitadas’ ha normalizado la elasticidad del poder ejecutivo: se actúa primero y se discute después, a menudo durante años.
Venezuela incorpora, además, un cuarto patrón: el narcotráfico y el narco-terrorismo como categoría de seguridad nacional. Al describir la operación como persecución de redes criminales, el Ejecutivo busca un marco que permita velocidad y continuidad; los críticos temen que esa continuidad derive en misión de duración indefinida y en un coste político y humano que el Congreso no controla. [D][H]
7. Por qué el Senado se mueve con rapidez: control institucional, cálculo político y señal al exterior
La rapidez del episodio venezolano se explica por una convergencia de incentivos. En el plano institucional, la WPR ofrece procedimientos acelerados precisamente para obligar al Congreso a posicionarse cuando el Ejecutivo ya ha actuado. En el plano político, la votación permite a los senadores enviar dos mensajes simultáneos: al interior, que el Congreso no renuncia a su papel; al exterior, que existe un debate real sobre el alcance y la duración de cualquier operación posterior. [G][D]
A ello se suma un elemento de confianza: las coberturas del día señalan un notable número de desmarques republicanos en votaciones sensibles y tensiones sobre el relato y la base legal de la operación, lo que sugiere un uso de la agenda parlamentaria como mecanismo de presión política sobre la Casa Blanca. Esa dinámica tiene un coste inmediato: erosiona la imagen de unidad en materia de seguridad nacional, una imagen que el adversario siempre evalúa. Precisamente por eso, el mensaje del presidente Trump no debe leerse solo como una diatriba partidista, sino como la señal de que el pulso institucional afecta, de forma directa, la credibilidad estratégica del país. [T][D]
8. Una opinión de peso: el senador Lindsey Graham (Carolina del Sur) y la defensa del Artículo II
Dentro del propio Senado, la reacción más nítida en defensa de la autoridad del Comandante en Jefe llegó del senador Lindsey Graham (Carolina del Sur). En una declaración formal, Graham calificó la votación como “un regalo a nuestros enemigos” y sostuvo que es un intento inconstitucional de restringir al Comandante en Jefe. Su tesis, en esencia, es clásica: si el Congreso discrepa, debe ejercer control mediante financiación o mecanismos de responsabilidad política, no sustituyendo el juicio operativo del presidente. Por razones de claridad editorial, la traducción íntegra de su declaración se incorpora como Anexo I al final del documento. [U]
9. Precedente inmediato: el caso Soleimani (2020) y la inercia del veto
El choque institucional no es teórico. En 2020, tras la crisis con Irán derivada de la muerte de Qasem Soleimani, el Congreso aprobó la S.J.Res. 68 (Iran War Powers Resolution) destinada a restringir hostilidades no autorizadas. El presidente Trump la vetó el 6 de mayo de 2020 alegando que la resolución era “innecesaria y peligrosa” y que debilitaba la autoridad presidencial bajo el Artículo II. El Senado intentó anular el veto, pero la votación de override fracasó (49-44), quedando sin efectos prácticos. [R][S][W][X]
Este precedente importa para 2026 por dos motivos. Primero, muestra la potencia del veto como cierre operativo del pulso institucional cuando no existe supermayoría. Segundo, revela que la WPR funciona con frecuencia como instrumento de señal política y de legitimidad (o de deslegitimación), más que como freno automático: puede deteriorar la unidad, condicionar alianzas y alimentar narrativas adversarias, aun cuando el Ejecutivo mantenga el margen operativo. [X]
Conclusión
La votación del 8 de enero de 2026 y la respuesta del presidente Trump reeditan una tensión estructural: el Congreso busca controlar el uso prolongado de la fuerza; el Ejecutivo reivindica la capacidad de actuar con rapidez bajo el Artículo II. En un entorno de terrorismo de red, patrocinio indirecto y criminalidad transnacional —donde el narcotráfico puede operar como amenaza estratégica— la discusión no desaparece: se intensifica. La experiencia histórica sugiere que la WPR rara vez detiene a un presidente decidido a actuar; lo que realmente decide el alcance y la duración de una operación es la política (financiación, autorizaciones, supervisión) y la capacidad del Congreso de sostener mayorías, incluso frente al veto.[G][X]
Anexo I. Declaración del senador Lindsey Graham (Carolina del Sur) sobre la resolución de poderes de guerra relativa a Venezuela (traducción)
Serví durante 33 años como abogado militar (Judge Advocate) de la Fuerza Aérea de EE. UU. Fui fiscal, abogado defensor y, durante un breve período, juez militar. La autoridad del Comandante en Jefe bajo el Artículo II de la Constitución de EE. UU. en asuntos de conflicto y la capacidad del presidente para usar la fuerza militar para proteger a nuestra nación es un área en la que me siento cómodo.
La votación del 8 de enero de 2026 en el Senado de EE. UU. sobre la resolución de poderes de guerra relativa a Venezuela fue un regalo a nuestros enemigos, alentará más conductas negativas en Venezuela y es un intento inconstitucional de restringir el poder del Comandante en Jefe.
A lo largo de mi carrera política he sido consistente en la idea de que, bajo la Constitución de EE. UU., solo hay un Comandante en Jefe y ese es el presidente. Siempre he rechazado la idea de que la Constitución permita al Congreso sustituir el juicio del presidente como Comandante en Jefe en materia de empleo de la fuerza militar.
Le dije al entonces presidente Obama que sus acciones en Siria estaban dentro de su autoridad como Comandante en Jefe y que no necesitaba autorización del Congreso.
Declarar la guerra es competencia exclusiva del Congreso y se ha hecho en cinco guerras en nuestra historia. Eso no significa que un presidente solo pueda usar la fuerza militar con aprobación del Congreso. Ha habido más de 130 acciones militares emprendidas por un presidente sin autorización del Congreso. Ninguna ha sido detenida por la Corte Suprema de EE. UU.
La War Powers Act de 1973 es manifiestamente inconstitucional y debe ceder ante los poderes delegados por la propia Constitución, que designa al presidente como el único Comandante en Jefe de nuestras fuerzas armadas bajo el Artículo II. Uno de los principios fundamentales de la jurisprudencia estadounidense es que la Constitución reina suprema en materia de derecho.
El presidente Trump tiene razón al estar molesto con los republicanos que votaron con los demócratas para limitar su capacidad de cambiar Venezuela para mejor y hacer el mundo más seguro.
Si un miembro del Congreso discrepa de la decisión del Comandante en Jefe de usar la fuerza militar, entonces tiene derecho a cortar la financiación de esas operaciones porque el Congreso tiene el poder de la bolsa bajo la Constitución de EE. UU., o puede impulsar acciones de “impeachment” si considera que es ilícito.
Un miembro del Congreso no tiene derecho a reemplazar su juicio por el del presidente, que es el Comandante en Jefe. La nación no puede funcionar con 535 comandantes en jefe. [U]
Notas y referencias
[A] Reuters, “US Senate advances measure curbing Trump's Venezuela war powers”, 8 January 2026 (moción de descarga 52-47, cinco republicanos a favor, debate y votación final prevista para la semana siguiente).
[B] Post del presidente Donald J. Trump en Truth Social citado por Reuters en su cobertura de la votación del 8 January 2026; ver también la captura reproducida en la Figura 1.
[C] Descripción legislativa: S.J.Res. 98 (resolución de poderes de guerra relativa a Venezuela) citada en la cobertura de Reuters del 8 January 2026.
[D] Reuters, contexto y reacciones: debate sobre si la operación fue “aplicación de la ley” o “guerra”, y advertencias sobre escalada y ‘endless wars’, 8 January 2026.
[E] Library of Congress, Constitution Annotated: U.S. Constitution, Article I (incl. Section 8) y Article II (incl. Section 2).
[F] GovInfo, “WAR POWERS RESOLUTION [Public Law 93–148]” (texto consolidado).
[G] Congressional Research Service, R42699, “The War Powers Resolution: Concepts and Practice” (Congress.gov PDF; versiones 2018–2019).
[H] ¿Axios, “Is the U.S. at war with Venezuela? Here's why …”, 5 January 2026 (Rubio: “not a war… at war against drug trafficking organizations”).
[I] FactCheck.org, “Exploring the legality questions about Venezuela military strike”, January 2026 (Rubio: operación “no invasión”, “no operación prolongada”; no requería aprobación previa).
[J] Joint Chiefs of Staff, “Operation Urgent Fury: The planning and execution of joint operations in Grenada” (monografía histórica, PDF).
[K] CQ Almanac (1983) y/o Congress.gov, Public Law 98-119 (1983): autorización para la Multinational Force in Lebanon (18 meses).
[L] Justia, Campbell v. Clinton, 203 F.3d 19 (D.C. Cir. 2000) (impugnación congresual por Kosovo/WPR; desestimación).
[M] Congress.gov / GovInfo, Public Law 107-40 (AUMF 2001).
[N] Congress.gov / GovInfo, Public Law 107-243 (AUMF Iraq 2002).
[O] U.S. Department of Justice, Office of Legal Counsel, “Authority to Use Military Force in Libya”, 1 April 2011 (opinión OLC).
[P] U.S. Department of State, “Report to Congress on the Legal and Policy Frameworks Guiding the United States’ Use of Military Force and Related National Security Operations” (PDF).
[Q] GovInfo, “Letter to Congressional Leaders on United States military action in Syria”, 8 April 2017 (Administración Trump).
[R] U.S. Senate, “Vetoes by President Donald J. Trump”: S.J.Res. 68 (Iran War Powers Resolution), veto 6 May 2020; Senado sostuvo el veto 7 May 2020 (49-44).
[S] The White House (archivado), “Presidential Veto Message to the Senate for S.J. Res. 68”, 6 May 2020 (argumento de Artículo II).
[T] The Washington Post, “Trump suffers day of significant Republican defections on House and Senate votes”, 8 January 2026 (contexto de desmarques republicanos).
[U] Senator Lindsey Graham (South Carolina), “Graham Statement on Venezuela War Powers Resolution Vote”, 8 January 2026 (declaración oficial del senador).
[W] Axios, “Senate fails to override Trump's veto of Iran war powers resolution”, 7 May 2020 (resultado 49-44).
[X] Efecto práctico del veto en materia de WPR: sin supermayoría, la resolución queda sin consecuencias operativas inmediatas; ver registros oficiales [R] y mensaje de veto [S].