Un tren no debería descarrilar
Un tren es hoy, por un lado, el resultado de dos siglos de desarrollo de la ingeniería a partir de la física. Por otro lado, un servicio público que se nos ofrece a los ciudadanos para trasladarnos. Lo primero debería ser garantía de que tal ingenio no puede fallar si se respetan escrupulosamente las leyes universales que rigen la materia, la energía, el espacio y el tiempo y las diferentes maneras de interaccionar todo ello. Lo segundo debería constituir la certeza de que, si ese tren depende de una autoridad administrativa, no debería tener otro resultado que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Un tren, por tanto, nunca debería poder descarrilar.
El accidente ferroviario de Adamuz no es una fatalidad, un capricho del destino o la imprevisible voluntad de un dios voluble. No es nada de eso sino un error de alguien que no ha hecho su trabajo o que no lo ha hecho correctamente. Porque un tren debe estar diseñado, desde la infraestructura por la que circula -las vías- hasta la propia maquinaria, vagones y resto de material rodante, precisamente para mantenerse sobre los raíles en todo momento, de manera constante y estable. No debe descarrilar porque ese hecho es contrario a su finalidad. Parece sencillo de entender.
Pero no es solo una cuestión de ese diseño, sino también, y principalmente, de los controles y revisiones de carácter periódico y permanente a que el medio de transporte está legalmente sometido, estándares de seguridad establecidos por expertos en un ámbito internacional, porque están basados en el análisis y en las conclusiones obtenidas de la experiencia sin que quepa ponerle fronteras políticas.
Y cuando un hecho físico contrastado y asegurado, como es la posibilidad de mover en el espacio a personas y cosas de este modo, en un tren sobre unas vías, se convierte en una prestación que hemos considerado que es necesario poner a disposición de todos, porque nos iguala, promueve nuestro mayor desarrollo como sociedad y también mejora nuestra calidad de vida, lo hacemos con la exigencia que determina la ley de que ello no nos suponga un riesgo, y de que si tal existe, se evite adoptando las medidas necesarias.
El fracaso de todo lo anterior, con el resultado de cuarenta y cinco personas fallecidas por el descarrilamiento de un tren y el inmediato posterior choque con el mismo de otro convoy que circulaba por una vía paralela en sentido contrario, tendrá seguramente una causa física fácilmente explicable, que a todas luces se desvelará a partir de las huellas, indicios y circunstancias puestos de manifiesto. De hecho, ya en un momento inicial apunta todo, al parecer, a un defecto en la continuidad y estabilidad de uno de los raíles de la vía por la que circulaba el primero de los trenes en descarrilar, circunstancia que originó la fatal consecuencia de hechos posteriores.
Lo que en ningún caso tendrá es una explicación que podamos, ni debamos, aceptar desde la perspectiva del servicio público que es el ferrocarril, porque tal accidente se debe a que quien debía cumplir con su trabajo no lo ha hecho. O no lo ha hecho, al menos, correctamente. Porque un tren no debe descarrilar si las cosas se hacen bien.
Por ello, es absolutamente incomprensible que hasta el momento ningún responsable del servicio público ferroviario en España haya dimitido cuando se cumple más de una semana desde el accidente, cuando ya tenemos datos, parece que más que evidentes, de lo que ha pasado y cuando, en cualquier caso, existe constancia de que había denuncias y advertencias a las que nadie hizo un mínimo caso por atender desde las instancias en las que, justamente, se trabaja por comprobar y eliminar los riesgos.
Las culpas de otro tipo, de existir, las determinarán los tribunales cuando y como proceda, pero el hecho objetivo e incontestable de que haya cuarenta y cinco víctimas mortales y más de un centenar de heridos en unas circunstancias que nunca debieron darse es responsabilidad ya plenamente asumible, por incumplida, por quien tiene en la Administración la obligación de vigilar y mantener la integridad y la seguridad del sistema ferroviario, simplemente porque esa seguridad no ha existido si no se ha prestado un servicio público de manera eficaz y sin riesgo de generar daños irreparables.
La dimisión, palabra poco dada a utilizarse en nuestro ámbito político y administrativo, debiera ser la primera decisión ante todos de quien desde cualquier departamento tiene que afrontar que algo que era su función no se ha cumplido como tenía que ser. Debería serlo por respeto a las víctimas y por dignidad: se dimite y se dan explicaciones del porqué no se han alcanzado los resultados esperados. Y es obvio que el descarrilamiento de un tren y su consecuencia de cuarenta y cinco fallecidos no es compatible con lo que entendemos por “resultado esperado” de un servicio público.
Un tren no debería descarrilar. Pero ningún responsable del órgano de quien depende que eso sea así debería permanecer un minuto más en un puesto para el que se ha demostrado incapaz. Ni siquiera el duelo por las víctimas debería hacernos asumir otra cosa, y precisamente por ellas habría que exigir que alguien hubiera ya dejado su cargo por lo que ha pasado.