La Cataluya Lliure NUNCA aceptaría la Ordinalidad

Cuando alguien inventó en Mesopotamia esto de pagar impuestos de una manera mínimamente regulada, hace la friolera de poco menos de cinco mil años, fue con la idea de que quienes poseían tierras, ganado o se dedicaban al comercio hicieran aportaciones para que quien ostentaba el gobierno de la comunidad les defendiera con soldados y murallas y construyera infraestructuras para doblegar en lo posible la naturaleza. Para eso y para financiar el propio poder y a quien lo ostentaba, obviamente. La desigualdad, en esos momentos, aunque así ha sido hasta prácticamente la Ilustración, en el siglo XVIII, era un hecho natural, producto de una voluntad divina, y para resolverla ya estaba la caridad que todas las religiones han promovido de alguna manera. Así, prácticamente durante veintitrés centurias.

Con la aparición de una concepción política de la desigualdad, propia de finales del siglo XVIII, y, con ella, del fundamento intelectual de la redistribución de la riqueza a través de los impuestos, el Estado empieza a asumir una función social de protección de los menos favorecidos, recaudando de quienes gozan de patrimonio y rentas. Y de ahí a la consolidación del Estado del bienestar desde las democracias liberales del XIX con herramientas -enunciados como principios- como la solidaridad o la progresividad, que se convierten más recientemente en norma legal, y hasta de rango constitucional en muchos casos.

La ordinalidad como nuevo principio que, sorprendentemente, en España asume como adecuado un Gobierno que se tiene por socialdemócrata, lo que se explica solo por la presión de mantenerse en el poder con el puñado de votos nacionalistas de Junts y de ERC, viene a romper, por tanto, con la evolución de un modelo tributario de mucho más recorrido en el tiempo del que podamos imaginar. Y sobre todo quiebra la perspectiva social de que es deseable promover y trabajar por la igualdad de todos a través del mecanismo de que quien tiene paga y quien más tiene paga más.

Pero el debate sobre las bondades de la ordinalidad se acaba cuando se pone encima de la mesa una verdad incontestable: los impuestos los pagan los ciudadanos: las personas físicas y las jurídicas, no los territorios. Porque Cataluña no paga impuestos como sujeto pasivo, como no lo hace Madrid, Murcia, Andalucía, o ninguna otra comunidad autónoma o ente territorial de otra clasificación. Esa es la gran mentira de quienes defienden la ordinalidad fiscal: que Cataluña, en nuestro caso y nuestro tiempo, pague y aporte. Eso es rotundamente falso, por la sencilla razón de que no existe un sujeto tributario llamado Cataluña.

Decir que una determinada comunidad autónoma paga o aporta tanto no es una realidad jurídica, con lo que, en esencia, no es siquiera una realidad en los términos en que hablamos. Que los ingresos por recaudación de impuestos se imputen a territorios donde los ciudadanos viven o trabajan es un simple mecanismo contable, un instrumento estadístico. Pero es tan válido clasificar la recaudación de ese modo, por comunidades autónomas, como dividiendo el territorio español con dos líneas que se cruzan en forma de aspa.

Por ello, las célebres “balanzas fiscales” entre Estado central y comunidades son básicamente una mera ficción que, desde el eterno debate político territorial en España, hemos convertido en auténtico dogma ontológico, cuando no pasa de pura estadística. Y la estadística es el resultado de cómo se ordenen los datos, no lo olvidemos: no son los datos mismos.

Asumir un principio de ordinalidad nos lleva a un absurdo: que quien más tiene, más reciba. Pero entonces, preguntémonos: y si alguien ya tiene, y tiene suficiente, cuando hablamos de recursos propios, ¿para qué habría de financiar servicios que se va a prestar a sí mismo? O peor aún, cuando se dice que la aplicación de ese principio tendrá instrumentos correctores: si necesita ser corregido ¿dónde reside su virtud o bondad?

Y es que esa es la gran paradoja de quienes defienden esta ordinalidad para Cataluña respecto al resto de España: ¿aplicaría Cataluña, a su vez, internamente ese principio? Barcelona y su área metropolitana suponen hoy poco más del 40% de la población catalana, pero en carga fiscal, en recaudación, el mismo territorio supondría, según estimaciones, casi el 55% de toda Cataluña. Y esa realidad es de tener en cuenta a la hora de hablar de ordinalidad desde la perspectiva soñada del nacionalismo: la soberanía y la independencia de España E incluso la primera en su versión fiscal si no se llega a la segunda, que es el plan B del nacionalismo tras el fracaso del procés: ¿quién recibirá más, en base a lo que más aporta, de aplicarse el mismo principio de ordinalidad fiscal dentro de las fronteras catalanas? Fácil: Barcelona, y más concretamente su área metropolitana. Y la justificación es sencilla si se piensa que la reivindicación actual desde Cataluña del principio de ordinalidad está basada en una aportación desde este territorio de casi el 20% de toda la recaudación fiscal en España, cuando la población catalana supone el 17% de la española. En resumen, y para entendernos: si se justifica una diferencia de tres puntos en la variable población/recaudación fiscal, ¿qué impide ser más reivindicativo aún dentro de Cataluña si la diferencia es de nada menos que de quince puntos?

Lo más curioso es que no hemos oído hablar de esto a Junts o a ERC, que aglutinan su voto, fundamentalmente, entre los catalanes que menos aportan desde el punto de vista territorial y en virtud de ese principio implementado en la Cataluña que aquellos sueñan: libre, al menos fiscalmente.

La gran mentira, una vez más, es la manipulación torticera del nacionalismo de criterios técnicos que, solo cuando interesa, se aplican como norma exigible. Una mentira que el Gobierno de España actual acepta por motivos totalmente espurios. Una mentira que un President de la Generalitat como Salvador Illa, cuando Cataluña amanezca un día fiscalmente independiente, dirá que vale para España, pero jamás para Cataluña.