"Queda mucho partido por jugar" según SCC tras el dictamen del abogado general del TJUE
Una vez conocido el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, en relación con el encaje jurídico de la ley de amnistía en el Derecho comunitario, el presidente de Societat Civil Catalana, Álex Ramos, ha expresado su “total confianza” en la justicia europea, a la espera de que el tribunal emita su sentencia, probablemente a inicios de 2026.
“Queda mucho partido por jugar”, ha subrayado Ramos: “Haremos todo lo que esté en nuestras manos para mantener viva ante el Tribunal de Cuentas la causa contable por malversación contra los dirigentes separatistas por uso de dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017”.
Tal como ha recordado el presidente de SCC, “frente al criterio de la Fiscalía, que defendió el cierre del procedimiento contable una vez aprobada la ley de amnistía, SCC pidió al Tribunal de Cuentas que elevara una cuestión prejudicial al TJUE para conocer si la norma entra en colisión con el Derecho comunitario y ahora estamos a la espera de una sentencia”.
Una lectura atenta del dictamen del abogado general pone de manifiesto, señala Álex Ramos, que “el procedimiento previsto por la ley de amnistía para su aplicación vulnera la Tutela Judicial Efectiva (el derecho a un juicio justo) que afectaría a la esencia del Estado de Derecho”.
En consecuencia, si el TJUE refrenda el dictamen del abogado general, el caso debería volver al Tribunal de Cuentas.
En este sentido, Societat Civil Catalana considera oportuno destacar las siguientes consideraciones del abogado general del TJUE sobre los aspectos de la ley que conculcan el derecho comunitario:
1. La ley de amnistía-LOA obliga al Tribunal de Cuentas a tomar una decisión en un plazo máximo de dos meses. El abogado general entiende que esta decisión no es válida conforme al Derecho de la UE porque impide investigar con normalidad si hubo afectación de fondos de la Unión Europea. Podemos estar, en consecuencia, ante una próxima investigación tendente a verificar si hubo fondos europeos implicados.
2. La ley pretende que se levanten las medidas cautelares y se absuelva a los implicados antes de que el TJUE responda. El abogado general dictamina que tal medida conculca también el derecho de la UE, de forma que el Tribunal de Cuentas puede mantener las medidas cautelares mientras esté pendiente de resolver la cuestión prejudicial.
3. La ley de amnistía intenta limitar quién puede intervenir en el procedimiento y ha dejado fuera a quien ejerce una acción pública, como es el caso de SCC. El abogado general del TJUE considera que tal disposición va contra el derecho comunitario ya que sólo permitía intervenir a la parte perjudicada -la Generalitat de Cataluña-, pero ésta no se ha pronunciado dado que es parte interesada en amnistiar a los denunciados. SCC espera, por tanto, poder intervenir en el procedimiento.