¿Quién se acuerda del Plan Contra la Corrupción de Sánchez?
Pedro Sánchez anunció el pasado 9 de julio, hace poco menos de seis meses, su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Lo hizo desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados justamente en una sesión extraordinaria del Pleno para debatir sobre eso: sobre corrupción. Y en estos seis meses desde entonces han pasado muchas cosas y hemos tenido más y más noticias sobre los escándalos que ya conocíamos y sobre otros que se han terminado desvelando. Pero nada de lo que conocemos es, curiosamente, fruto de ese plan contra la corrupción.
El plan de Sánchez apareció como el bálsamo que iba a terminar con el goteo de noticias sobre posibles comisiones ilegales (las célebres “mordidas”) en el ámbito de la contratación pública. Pero no solo por eso, ya que desde junio se conocía la aprobación del informe del GRECO (Grupos de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, que dejaba a España en bastante mal lugar por incumplir de manera constante sus recomendaciones en cuanto a transparencia y lucha contra la corrupción. Un informe de seguimiento del GRECO que el Gobierno publicó en agosto, solo tras anunciar un mes antes ese Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
Un plan, por tanto, obligado por las circunstancias y consecuencia de la reprimenda a España desde el GRECO, que concluía que España “no ha implementado satisfactoriamente o tratado de forma satisfactoria ninguna de las diecinueve recomendaciones”. Y es que había dieciséis que se habían adoptado solo parcialmente y tres que no se han aplicado en absoluto.
Pese a todo, el plan de Sánchez llegó con cinco líneas claras: prevención, denuncia, corrección, restitución y concienciación. Y a partir de esas líneas, quince medidas concretas que pueden ustedes localizar en la web de Moncloa. Y no sería de extrañar que en breve nos pretendan vender la moto de que todos los escándalos que han visto la luz en estos últimos meses, y hasta los anteriores incluso, se conocen gracias al esfuerzo de Pedro Sánchez en su cruzada contra la corrupción. Sánchez, sí, ese presidente del Gobierno que habrá compartido varias veces en estas dos últimas semanas escenario y tribuna en actos electorales con el candidato socialista a presidir Extremadura procesado por, precisamente, haber enchufado con cargo y sueldo al mismísimo hermano de Sánchez. Parece, por tanto, un chiste malo pretender que quien fomenta ese plan contra la corrupción se crea realmente lo que propone sobre el papel si cuando ha tenido que acudir a dar cobertura a su candidato en unas elecciones autonómicas lo ha hecho más como cómplice que como compañero ideológico.
De hecho, en el plan pergeñado desde Moncloa se establecía como medida “más eficaz” de las propuestas, según se calificó desde Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, la creación y puesta en marcha de una Agencia Independiente de Integridad Pública como “órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción”. Una institución de la que no hemos vuelto a saber, ni de la que se tiene noticia de su implementación desde el Gobierno de España en todo este tiempo desde su anuncio.
¿Qué ha pasado entonces con esta función que se encomendaría a la futura agencia de “iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave (contratación pública, lobbies, conflictos de interés, rendición de cuentas) y articular mecanismos de protección para informantes de corrupción”, según consta en el plan? Pues absolutamente nada: la agencia como está prevista no existe, ni parece que vaya a existir en breve. La función de prevención, por tanto, es hoy una mera entelequia y un brindis al sol desde la perspectiva del Gobierno, algo que parece más que lógico si repasamos los últimos escándalos detectados en cuestiones tales como el rescate de la línea aérea Plus Ultra: difícil imaginar a un político comprometido con la prevención del fraude cuando el más reciente conocido parte, cuando menos y al parecer, del despacho de al lado.
Pero si hay una medida que resulta digna de ser mencionada del plan anunciado por Moncloa en julio, que se refiere a que se realicen “estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, a cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)”, de los que en este 2025 solo consta un estudio sobre calidad de la democracia española de abril de 2025, anterior por tanto al anuncio del plan, además de otras referencias indirectas en los barómetros mensuales que el CIS publica mensualmente. Ningún trabajo, por tanto, decididamente dirigido en seis meses a pulsar la opinión pública de la ciudadanía sobre la situación concreta actual, sobre los casos que llenan a diario titulares y artículos de prensa. Ningún interés, realmente, por investigar y ofrecer una imagen sobre lo que los españoles pensamos de la corrupción generalizada que venimos observando. Algo que podíamos perfectamente esperar de un CIS que sigue dando al PSOE como el partido preferido en sus encuestas electorales, lo que resultaría totalmente incompatible, por incoherente, con una generalizada opinión de que en el Gobierno actual hay corruptos.
El único plan posible, por tanto, contra la odiosa corrupción política, seguirá siendo el de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en el cumplimiento de sus funciones. Sin alharacas ni gestos. Y sin olvidar el trabajo encomiable de periodistas de verdad: los que sacan a la luz esa podredumbre que, pese a tanto plan, aparece siempre. Antes o después.