Si se comparan estos resultados con las anteriores elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, se aprecia un debilitamiento progresivo del PSOE en buena parte del territorio nacional: en Extremadura perdió 10 escaños, en Aragón 5, en Castilla y León recuperó 2 y en Andalucía perdió otros 2. Por su parte, el PP obtuvo resultados más estables: ganó 1 escaño en Extremadura, perdió 2 en Aragón, ganó 2 en Castilla y León y perdió 5 en Andalucía.
En conjunto, estas cuatro convocatorias autonómicas reflejan un debilitamiento territorial del PSOE y una consolidación del PP como principal fuerza política en buena parte de la España interior y del sur peninsular. A ello se suma que el Gobierno no ha logrado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023, encuentra grandes dificultades para sacar adelante leyes por falta de apoyos parlamentarios, recurre con frecuencia a la aprobación de medidas mediante decretos y mantiene su intención de agotar la legislatura hasta 2027.
En ese contexto político, el martes 19 se publicó en distintos medios de comunicación el auto judicial (resumen del sumario) del juez José Luis Calama, en el que se implicaba presuntamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y otras personas investigadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, al considerar el magistrado que ya existirían indicios suficientes para judicializar públicamente la causa y continuar la instrucción relacionada con el rescate de Plus Ultra.
La noticia provocó una gran conmoción social tanto a nivel nacional como internacional, reflejada en los distintos medios de comunicación y en amplios sectores de la población. En España, una parte importante de la ciudadanía se muestra ya profundamente cansada de los continuos presuntos casos de corrupción que afectan a personas del entorno del Gobierno, miembros del Ejecutivo y dirigentes del Partido Socialista.
Aunque desde hace tiempo circulaban informaciones sobre las relaciones de Zapatero en Venezuela como intermediario entre el régimen chavista y la oposición, sus contactos con China o actividades empresariales vinculadas a su entorno, el contenido del auto judicial ha elevado considerablemente la alarma política y mediática.
Mientras algunos sectores de la izquierda política denuncian un posible caso de lawfare o persecución judicial contra dirigentes políticos, algunos miembros de su partido y otros prefieren mantener una postura de cautela y esperar a la declaración prevista para el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional, hasta que los indicios recogidos en el sumario puedan ser confirmados o descartados durante la instrucción judicial.
La presunta implicación de Zapatero en el caso Plus Ultra no surge de manera repentina, sino que la investigación llevaba años desarrollándose bajo secreto. Desde el rescate de 53 millones por parte del Gobierno (entre marzo y abril de 2021). En los últimos meses coincidieron varios elementos clave: la llegada de nuevas pruebas internacionales desde Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Suiza y Venezuela; informes de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción; registros policiales; y el levantamiento parcial del secreto de sumario acordado por el juez José Luis Calama.
El primer efecto político y judicial de este auto ha sido la querella presentada por el partido Iustitia Europa ante el Tribunal Supremo contra los 23 miembros del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de Plus Ultra en marzo de 2021, al considerar que la operación pudo constituir presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias. La acción judicial se apoya parcialmente en los indicios recogidos en el auto del juez Calama, que investiga una posible red de intermediación política y económica relacionada con la concesión de los 53 millones de euros a la aerolínea. Según la querella, Plus Ultra supuestamente no cumplía los requisitos exigidos para acceder al fondo público de rescate, mientras que el Gobierno sostiene que la operación fue completamente legal, contó con informes técnicos favorables y superó todos los controles administrativos y judiciales correspondientes.
Tras conocerse la noticia, también se han vuelto a revisar distintos episodios de la trayectoria política del expresidente José Luis Rodriguéz Zapatero, recordado internacionalmente como el principal impulsor de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, presentada ante la ONU en 2004 junto con Turquía. Asimismo, han reaparecido críticas formuladas durante años por dirigentes como Cayetana Álvarez de Toledo, relacionadas con la negociación con ETA, el impulso del Estatuto de Cataluña de 2006, la Ley de Memoria Histórica, la gestión de la crisis económica de 2008, su papel como mediador en Venezuela y su participación en el Grupo de Puebla y otros foros internacionales.
Después de abandonar la presidencia del Gobierno, Zapatero (2004-2011) habría ampliado su actividad internacional como mediador, asesor o intermediario en entornos relacionados con China y Venezuela, además de participar en las negociaciones con Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez posteriormente a las elecciones generales de julio de 2023 y los acuerdos alcanzados con JxCat. Varios medios de comunicación y parte de las líneas de investigación del caso Plus Ultra también lo vinculan presuntamente con entornos relacionados con negocios de petróleo, oro, divisas y estructuras financieras internacionales en países de Hispanoamérica alineados con gobiernos de izquierda, así como con redes de influencia próximas a China, Dubái o incluso Rusia, aunque muchas de estas conexiones continúan formando parte de hipótesis de investigación e informaciones no acreditadas judicialmente de forma definitiva.
El estallido de esta causa judicial supone un importante impacto político y reputacional para el PSOE y para el Gobierno español, al afectar a una de las figuras históricas más relevantes del socialismo contemporáneo y reabrir el debate sobre el uso de fondos públicos, las relaciones con Venezuela y la actuación del Consejo de Ministros durante la pandemia. Aunque la causa sigue en fase de instrucción y rige plenamente la presunción de inocencia, el principal efecto inmediato para el PSOE es, por el momento, un notable desgaste de imagen pública y credibilidad política.
En este escenario, nos podemos plantear algunas preguntas:
Según el Real decreto 405/1992 reconoce a los expresidentes determinados derechos como una dotación económica temporal, oficina, personal de apoyo, vehículo oficial, seguridad y determinados medios institucionales. Una parte de la ciudadanía se cuestiona si los expresidentes deben seguir recibiendo todos esos privilegios cuando se dedican simultáneamente a actividades comerciales privadas, consultorías o redes internacionales que les aportan beneficios económicos o influencia política, especialmente cuando estas terminan vinculadas a investigaciones judiciales o a entornos empresariales y geopolíticos sensibles.
¿Cómo limitar la acumulación de poder, influencia y relaciones económicas alrededor de dirigentes políticos de alto nivel incluso después de abandonar sus cargos institucionales? Entre las posibles medidas se plantean: establecer límites e incompatibilidades para expresidentes y exministros tras abandonar el cargo; obligación de declarar actividades privadas, consultorías, fundaciones y relaciones empresariales internacionales; control más estricto de lobbies e intermediarios políticos; auditorías externas sobre financiación y contratos; supervisión parlamentaria real sobre rescates públicos y grandes operaciones económicas; transparencia sobre reuniones, viajes y mediaciones internacionales; y órganos internos independientes de cumplimiento ético dentro de los partidos.
Asimismo, se propone reforzar la independencia judicial, los mecanismos anticorrupción, la protección de denunciantes y los controles sobre puertas giratorias entre política y grandes intereses económicos.
¿Qué se debe hacer en casos de corrupción o financiación irregular? Lo habitual es investigar judicialmente, condenar a responsables concretos, imponer multas, exigir devolución de dinero o depurar responsabilidades políticas. La ilegalización de partidos suele reservarse para casos de apoyo o vinculación con terrorismo, violencia o ataques sistemáticos al sistema democrático.
¿Qué otros ejemplos similares han existido en Europa? En Francia suelen citarse los casos de Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac y François Fillon, y en Italia el de Silvio Berlusconi. El presunto caso de Zapatero tendría además una dimensión internacional que abarcaría Hispanoamérica, Europa, Asia y Oriente Medio.
¿Qué medidas se adoptan en otros países europeos frente a presuntos casos de corrupción similares? Generalmente se controlan mediante una combinación de jueces de instrucción independientes, fiscalías anticorrupción, tribunales especiales, agencias financieras, control parlamentario, prensa de investigación y organismos de transparencia.
Además, muchos países europeos imponen registros obligatorios de lobbies, declaraciones patrimoniales, límites a las puertas giratorias, auditorías externas, controles bancarios contra el blanqueo y supervisión de relaciones con gobiernos extranjeros.
En el caso español, el debate actual gira precisamente sobre si esos mecanismos son suficientes o deberían endurecerse más respecto a expresidentes, redes internacionales, fundaciones, mediaciones privadas y posibles conflictos entre influencia política y negocios internacionales.
Por último, se debate si el presidente del Gobierno se someterá a una cuestión de confianza, aunque todo apunta a que no lo hará, ya que posiblemente no podría garantizarse el respaldo de socios parlamentarios como Coalición Canaria o JxCat, formación que desde hace tiempo sostiene que la legislatura se encuentra agotada y que deberían convocarse elecciones anticipadas. Por su parte, la oposición, encabezada por el Partido Popular, también estudia la posibilidad de presentar una moción de censura. De momento podría contar con el apoyo de Vox y quizá con el de JxCat, aunque este último previsiblemente exigiría contraprestaciones políticas a cambio de su respaldo.
Mientras tanto, los partidos políticos comienzan a posicionarse de cara a las elecciones de 2027. Según diversas informaciones publicadas en diarios digitales, algunos dirigentes del PSOE y de Podemos estarían impulsando un debate creciente sobre Monarquía o República mediante declaraciones e intervenciones públicas, con la intención de orientar la campaña hacia un escenario de carácter plebiscitario. Algunos sectores especulan incluso con la posibilidad de promover en el futuro un referéndum sobre la forma del Estado. No obstante, un cambio del actual modelo de monarquía parlamentaria a una república requeriría una reforma agravada contemplada en el artículo 168 de la Constitución Española y el respaldo de dos tercios del Congreso y del Senado, es decir, 234 diputados, además de nuevas elecciones generales y un referéndum nacional. Por el momento no existe ninguna propuesta oficial del Gobierno para iniciar ese procedimiento.
En ese contexto, la Universidad de Murcia realizó en el otoño de 2025 un estudio parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia, en el que se llevaron a cabo alrededor de 5.000 encuestas en siete monarquías parlamentarias europeas para medir el grado de satisfacción ciudadana con estas instituciones. Según los resultados difundidos, el respaldo a la monarquía se situaba aproximadamente entre el 58-60 % en Bélgica, el 80 % en Dinamarca, el 58-65 % en Reino Unido, el 68 % en Suecia, el 64 % en Noruega y el 55-60 % en Países Bajos. En el caso de España, el estudio señalaba que un 51,5 % de los encuestados preferiría una república frente al 48,5 % favorable a mantener la monarquía parlamentaria.
Dentro de este contexto político y social, diversos colectivos de la sociedad civil han comenzado a movilizarse. El pasado sábado 23 se celebró en Madrid una marcha a la que acudieron miles de personas para expresar su preocupación por la situación política actual y reclamar un cambio de Gobierno. Algunos colectivos consideran necesario mantener nuevas movilizaciones y aumentar la presión social en los próximos meses.
