La tormenta perfecta

El escándalo alcanzó una notable repercusión nacional e internacional, ya que hasta entonces ningún expresidente de la democracia española había sido mencionado en una resolución judicial de esta naturaleza. Además, el lunes 25 se difundió ampliamente la información sobre las joyas halladas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero. Diversos medios plantearon interrogantes sobre la procedencia de dichos bienes y publicaron estimaciones según las cuales su valor podría ascender a varios millones de euros. El hallazgo generó un intenso debate público y dio lugar a numerosos memes y vídeos que relacionaban dichas joyas con el expresidente.

La aparición de una cantidad significativa de joyas en la caja fuerte de la oficina del expresidente generó interrogantes sobre la naturaleza y procedencia de estos bienes. Será la Justicia quien determine su titularidad, origen y cualquier otra circunstancia relevante para la investigación. Mientras tanto, el hallazgo ha alimentado un amplio debate público, al contrastar con la conocida afirmación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de que “los socialistas necesitan poco, pero dan mucho”.

Cuando aún no se había disipado el impacto causado por estas informaciones, el miércoles 27, mientras los diputados se encontraban reunidos en el Congreso y el presidente del Gobierno realizaba una visita oficial al Papa en Roma, diversos medios de comunicación difundieron la noticia de que el juez Santiago Pedraz había dictado un auto judicial ordenando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a la sede del PSOE, situada en la calle Ferraz. El objetivo era recabar documentación interna (relativa a reuniones, pagos, campañas y comunicaciones), así como dispositivos y archivos electrónicos, en el marco del denominado “caso Leire”.

Según el magistrado, existían indicios de una presunta estructura organizada, dirigida por Santos Cerdán, Leire Díez y otras personas investigadas. La posible financiación de dicha estructura con fondos vinculados al PSOE forma parte de las cuestiones objeto de investigación. De acuerdo con la tesis recogida en el auto, esta organización habría tratado de obstaculizar o influir en investigaciones judiciales y policiales que afectaban al entorno del Gobierno y a miembros del partido. Entre las actuaciones investigadas figuran la obtención de información reservada, el descrédito de investigadores, la influencia sobre testigos y la presión sobre procedimientos judiciales, incluyendo presuntos ofrecimientos económicos a testigos, campañas de desprestigio contra la UCO y pagos canalizados a través de sociedades interpuestas.

La resolución judicial también ordenó actuaciones en otros lugares considerados de interés para la investigación, entre ellos la Dirección General de la Guardia Civil, para la obtención de información y documentación; el domicilio de Santos Cerdán; el domicilio del empresario Javier Pérez Dolset; y la vivienda y el despacho de Gaspar Zarrías. Los hechos investigados podrían estar relacionados, entre otros, con presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que, según el auto, el denominado “punto de inflexión” en la constitución y coordinación de este grupo se produjo el 26 de abril de 2024, durante los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno tras la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, el 24 de abril de 2024, y después de dirigir una carta a la ciudadanía anunciando dicho periodo de reflexión. Según la hipótesis recogida en el auto, el objetivo habría sido neutralizar o desacreditar informaciones y procedimientos que afectaban a la esposa del presidente, a su hermano David Sánchez y a otros miembros de su entorno político y gubernamental.

Según la documentación incorporada a la causa, algunas de las personas investigadas ya habrían desarrollado actuaciones con anterioridad a la reunión considerada como “punto de inflexión”, manteniendo contactos, realizando gestiones y recopilando información. De acuerdo con la hipótesis investigada, la finalidad de estas actuaciones habría sido desacreditar a quienes dirigían o participaban en procedimientos que afectaban al entorno político objeto de investigación, entre ellos miembros de la Policía Judicial, como el teniente coronel Antonio Balas, así como jueces como la magistrada Beatriz Biedma, el juez Juan Carlos Peinado y fiscales como Alejandro Luzón.

Asimismo, conviene señalar que en el auto el presidente del Gobierno no figura como investigado ni imputado. No obstante, la resolución recoge diversos mensajes, conversaciones y anotaciones atribuidos a personas investigadas en los que aparecen referencias a “el Presidente”, “el jefe” o “el One”. La existencia de estas menciones, por sí sola, no permite concluir que el presidente conociera o participara en la presunta trama investigada. Será el resultado de las diligencias y de la investigación judicial el que permita esclarecer el alcance y significado de dichas referencias, así como las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

Tras las diligencias acordadas por el juez Santiago Pedraz, la causa entra ahora en una fase de investigación especialmente intensa. Entre las actuaciones que previsiblemente se desarrollarán figuran el análisis del material intervenido, la elaboración de nuevos informes por parte de la UCO, la toma de declaración a investigados y testigos, la práctica de diligencias de rastreo económico y, en su caso, comisiones rogatorias, así como la posible incorporación de nuevos investigados, Concluida esta fase, el juez deberá decidir si procede el archivo de las actuaciones o la apertura de juicio oral. Dada la complejidad de la investigación, el procedimiento podría prolongarse entre dos y cinco años, o incluso más, antes de alcanzar una resolución definitiva.

Por otro lado, como consecuencia de los presuntos casos de corrupción que han salido a la luz en las últimas semanas, han surgido diferentes posiciones dentro y fuera del ámbito político. Algunas figuras del propio PSOE, como Emiliano García-Page o Felipe González, han reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas, mientras que otros dirigentes han cerrado filas en torno al Gobierno, sosteniendo que muchas de las informaciones publicadas carecen de fundamento o responden a campañas de desinformación.

De igual modo, diversos sectores de la oposición han planteado la posibilidad de una moción de censura impulsada por el Partido Popular con el apoyo de otras formaciones parlamentarias. Entretanto, el presidente del Gobierno mantiene su intención de agotar la legislatura y ha defendido su decisión afirmando que “no puedo convocar elecciones por interés partidista, sino por el interés general de los ciudadanos y las ciudadanas”. Asimismo, ha reiterado su voluntad de continuar al frente del Ejecutivo para desarrollar su proyecto político durante los próximos años.

Por otra parte, ante la sucesión de presuntos casos de corrupción que han marcado la actualidad en las últimas semanas y meses, algunos jueces, entre ellos Jesús Villegas, han reabierto el debate sobre la denominada “Ley Bolaños”. En términos generales, esta reforma pretende trasladar la dirección de las investigaciones penales de los jueces instructores al Ministerio Fiscal.

La controversia radica en que los jueces forman parte del Poder Judicial y gozan de una independencia constitucional reforzada, mientras que la Fiscalía, aunque legalmente es un órgano autónomo, se organiza de forma jerárquica y su máximo responsable es propuesto por el Gobierno. En este debate suele recordarse una declaración del presidente del Gobierno en la que afirmó: “¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está”.

Los críticos consideran que este modelo podría generar dudas sobre la independencia de las investigaciones en asuntos políticamente sensibles y citan como ejemplo diversas polémicas relacionadas con la Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellas las surgidas durante el mandato del exfiscal Álvaro García Ortiz y las recientes decisiones adoptadas por la fiscal general Teresa Peramato en materia de nombramientos. De acuerdo con la demanda presentada por la Asociación de Fiscales (AF) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, determinados nombramientos habrían respondido a criterios de confianza o afinidad ideológica por encima de los principios de mérito, antigüedad y capacidad profesional.

Según esta asociación, situaciones como estas podrían debilitar las garantías que deben regir el ejercicio del poder público y afectar a la percepción de independencia y credibilidad de la Fiscalía.

Por el contrario, los defensores de la reforma sostienen que el modelo de fiscal investigador funciona con normalidad en numerosos países europeos y que la independencia de las investigaciones puede preservarse mediante adecuados mecanismos de control judicial. Frente a esta posición, el juez Jesús Villegas ha advertido públicamente de que una reforma de esta naturaleza podría entrañar riesgos para el Estado de Derecho si no va acompañada de garantías sólidas que aseguren la plena independencia de la Fiscalía frente a cualquier influencia política. En definitiva, el debate se centra en determinar qué modelo ofrece mayores garantías de imparcialidad, independencia institucional y control efectivo de las investigaciones penales.

Por último, merece destacarse la labor de jueces, fiscales, miembros de la Policía Judicial y profesionales de la prensa libre e independiente que, desde sus respectivos ámbitos, contribuyen a la defensa de la libertad, la transparencia y el Estado de Derecho en España.

A su vez, conviene recordar la reflexión de los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su obra Cómo mueren las democracias (2018), donde sostienen que las democracias modernas rara vez desaparecen mediante golpes militares; con mayor frecuencia se erosionan de forma gradual desde el interior de las propias instituciones por dirigentes que han accedido al poder por medios democráticos.

Y para evaluar el estado de la calidad democrática de un país, quizá baste con plantearse algunas preguntas fundamentales: ¿Existe una independencia efectiva de jueces y fiscales? ¿Se respetan los controles y contrapesos institucionales? ¿Se utilizan organismos del Estado con fines partidistas? ¿Se desacredita o presiona a quienes investigan asuntos políticamente sensibles? ¿Existe un grado de polarización que transforma al adversario político en un enemigo? Las respuestas a estas cuestiones pueden ofrecer una valiosa perspectiva sobre la fortaleza o el deterioro de una democracia.

En conclusión, más allá de las posiciones políticas y de las interpretaciones que puedan hacerse de los hechos, corresponde a los jueces y tribunales esclarecer la verdad y depurar, en su caso, las responsabilidades que procedan. La fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de escándalos, sino por la capacidad de sus instituciones para investigarlos con independencia, transparencia y pleno respeto al Estado de Derecho.