El Cuarto Cinturón que Cataluña sigue esperando
La situación en la AP-7 no ha mejorado desde que escribimos estas líneas hace más de un año. Ha empeorado. El incremento de tráfico provocado por la eliminación de los peajes sigue generando retenciones de varios kilómetros a diario, especialmente en los accesos a Barcelona y en las grandes intersecciones del área metropolitana.
El transporte de mercancías —columna vertebral de la economía catalana— continúa pagando el precio de una congestión que ningún político ha tenido la voluntad ni la capacidad de resolver. El Cuarto Cinturón, la B-40, sigue siendo una infraestructura a medio hacer, un proyecto que lleva proyectándose desde los años sesenta del siglo pasado y que, a este paso, bien podría no completarse en lo que queda de siglo XXI.
Los datos son elocuentes por sí solos. El tramo de la B-40 que ya está en servicio registra casi 40.000 vehículos diarios, una cifra que demuestra sin ambigüedad que la demanda existe, que la infraestructura funciona cuando existe, y que su ausencia es una sangría constante para la movilidad y la economía de las comarcas del Vallès y el Baix Llobregat. La conexión entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, inaugurada en marzo de 2024, ha absorbido una parte considerable del tráfico que antes circulaba por la A-2 y las carreteras provinciales, pero la ausencia de un enlace directo en su extremo sur continúa generando cuellos de botella y elevados índices de siniestralidad. El Ministerio de Transportes ha presupuestado 32,6 millones de euros para cerrar esa brecha entre Abrera y Esparreguera, con una previsión de finalización para el otoño de 2026. Bien. Pero es un parche. Solo un parche.
Porque el grueso del problema sigue intacto. El tramo entre Terrassa y Sabadell —la llamada Ronda Nord, apenas diez kilómetros— apenas acaba de ver aprobado su trazado definitivo en septiembre de 2025, con inicio de obras previsto para 2028, si todo va bien, que en Cataluña nunca va bien en estas materias. El tramo entre Sabadell y Granollers, los 27,5 kilómetros que completarían realmente el cinturón orbital de Barcelona, tiene el estudio de impacto ambiental caducado. Caducado. Una infraestructura proyectada para servir a más de tres millones de habitantes y el estudio medioambiental está caducado. Esto, en cualquier país con una mínima cultura de gestión pública, sería un escándalo de primera magnitud.
La finalización del Cuarto Cinturón no es una capricho urbanístico ni un lujo prescindible: es una necesidad estructural. Permitiría redistribuir el flujo de tráfico de manera racional, descongestionando la AP-7 y la A-2, reduciendo tiempos de desplazamiento, recortando emisiones contaminantes y abaratando los costes operativos del transporte. Conectaría de forma eficiente las comarcas del Vallès y el Baix Llobregat con el resto del área metropolitana, impulsando un desarrollo económico más equilibrado y fortaleciendo tanto las zonas industriales como las residenciales. No es una inversión en infraestructura solamente: es una apuesta por la competitividad de Cataluña, por su normalización como región europea moderna.
Los movimientos ecologistas y algunas asociaciones agrarias seguirán oponiéndose. Es su derecho y su rutina. Pero como demuestran el C-25, el Eje Transversal que une Cervera con Girona, o el Túnel de Bracons entre Vic y Olot, estas obras pueden ejecutarse con rigor ambiental y respeto al paisaje. El argumento ecologista, legítimo en su origen, no puede convertirse en un veto permanente al desarrollo de infraestructuras que millones de ciudadanos necesitan para trabajar, para moverse, para vivir.
Y aquí llegamos al nudo del problema. Porque el obstáculo principal ya no es el ecologismo ni la complejidad técnica ni siquiera la oposición de los agricultores. El obstáculo principal se llama Salvador Illa, y se sienta en el Palau de la Generalitat con una legitimidad democrática que, a estas alturas, exige una rendición de cuentas sin contemplaciones.
El president Illa lleva en el cargo desde agosto de 2024. No presentó presupuesto propio para 2024, argumentando que era demasiado pronto. No pudo presentarlo para 2025, que ya fue más difícil de justificar. Y, el mismo el 18 de marzo de 2026, su Govern retiró el proyecto de presupuestos para 2026 ante la falta de acuerdo con ERC, que presentó una enmienda a la totalidad. Cataluña sigue gobernándose con las cuentas prorrogadas de 2023. Un gobierno que no tiene presupuesto propio después de casi dos años en el poder no es un gobierno que gobierna: es un gobierno que malvive, que gestiona la inercia burocrática mientras las infraestructuras se pudren en papel.
Salvador Illa se llena la boca de promesas sobre la B-40. Ha reconocido públicamente la necesidad de completar el Cuarto Cinturón hasta Granollers. Su secretario de Infraestructuras visita centros de conservación de carreteras y habla con alcaldes. La B-40 aparece en los titulares del Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya 2025-2050, ese documento de largo plazo que sirve para aplazar sine die las decisiones urgentes. Pero sin presupuesto, las promesas son papel mojado. Sin presupuesto, las reuniones son teatro. Sin presupuesto, Cataluña sangra en sus carreteras mientras el president se dedica a sobrevivir políticamente a base de cesiones a unos socios que boicotean sistemáticamente cualquier proyecto de modernización.
ERC lleva años bloqueando la B-40 con argumentos medioambientales que no sostiene con el mismo celo cuando se trata de otras prioridades. El PSC, que antes de gobernar tenía la B-40 como condición innegociable para los presupuestos de Aragonès, ahora que gobierna no encuentra forma de imponerla. La paradoja sería cómica si no fuera a costa de los ciudadanos del Vallès, de los transportistas del Baix Llobregat, de cada conductor que pierde horas al volante en una AP-7 colapsada mientras sus representantes políticos negocian su supervivencia parlamentaria.
Como demostraron los trágicos sucesos de Valencia hace más de un año, un territorio que pone su futuro en manos de políticos en lugar de expertos y planificadores técnicos se condena a pagar las consecuencias con vidas y con prosperidad. Cataluña tiene la capacidad técnica, la demografía, la economía y la necesidad objetiva de completar el Cuarto Cinturón. Lo que le falta es un gobierno con la autoridad, la voluntad y los recursos presupuestarios para hacerlo. Lo que tiene, en cambio, es un president que promete y no ejecuta, que prorrogó presupuestos ajenos y no pudo aprobar los propios, que habla de infraestructuras para el futuro mientras el presente se embotella en sus carreteras.
El pueblo catalán no merece esto. Merece un Govern que gobierne.