Palafrugell deja de exigir el catalán a los socorristas por falta de candidatos
La decisión de un municipio de la provincia de la Costa Brava de Girona, en concreto Palafrugell, de eliminar —o al menos flexibilizar— el requisito de acreditar conocimiento de catalán para ejercer determinados puestos públicos no debería leerse como una enmienda a la política lingüística, sino como una enmienda a la realidad.
Durante años, el dominio del catalán ha sido una condición lógica y defendible en la administración pública catalana: garantiza derechos lingüísticos, protege un patrimonio cultural y ordena la convivencia en una comunidad bilingüe. Sobre el papel, el modelo es coherente. El problema aparece cuando la teoría choca con una evidencia mucho menos sofisticada: no hay suficientes profesionales.
La cuestión, entonces, deja de ser lingüística y pasa a ser funcional. ¿Qué debe prevalecer: la garantía formal de un requisito o la prestación efectiva de un servicio? Dicho de otro modo: ¿es preferible un sistema impecable en sus normas, pero incapaz de cubrir necesidades básicas, o uno que, aun imperfecto, responde a ellas?
El caso de Palafrugell, municipio eminentemente turístico que multiplica por mucho su población estival respecto a sus habitantes, apunta con claridad hacia la segunda opción. No se trata de una renuncia ideológica, sino de una adaptación pragmática. En ámbitos especialmente sensibles —sanidad, atención social, servicios esenciales— la ausencia de personal no es un inconveniente menor: es un fallo estructural que impacta directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Si no, pregúntenles a los usuarios de la Sanidad de Baleares que vieron como la escasez de médicos no hace mucho les dejaba sin poder cubrir servicios por culpa de unas capacitaciones en lengua catalana absurdas para tratar enfermos. De hecho, en la misma Catalunya -como hoy en Palafrugell- han ocurrido casos semejantes con jardineros, basureros o chóferes de entidades oficiales. Las diversas administraciones han tenido que recular y aceptar a trabajadores que no dominan la lengua catalana, sea por falta de candidatos o por sentencias de los tribunales de justicia.
Conviene, sin embargo, no simplificar el debate. La lengua no es un mero accesorio administrativo. En Cataluña, es también un elemento de cohesión y de identidad, y su uso en la administración pública responde a una voluntad política ampliamente consolidada. Relajar requisitos puede interpretarse, para algunos sectores, como un retroceso o una señal de debilidad, aunque no lo sea.
Pero también cabe otra lectura: la de un sistema que demuestra capacidad de ajuste. Porque proteger una lengua no debería implicar, en ningún caso, comprometer el acceso a servicios básicos. Y porque exigir condiciones imposibles en contextos de escasez no refuerza la norma, sino que la vacía de sentido. Sin olvidarnos que cualquiera de las administraciones catalanas tiene por obligación dar servicio a sus ciudadanos y no ponerles trabas o dejarles sin servicios -o socorristas- sepan o no catalán en el momento de salvar vidas humanas.
La clave estará en el equilibrio. Flexibilizar no debería equivaler a abandonar. La incorporación de profesionales sin dominio inicial del catalán puede —y quizá debe— ir acompañada de mecanismos de formación progresiva. No como barrera de entrada, sino como objetivo razonable a medio plazo. De ese modo, se preserva el servicio sin renunciar al modelo lingüístico.
En ocasiones, gobernar consiste precisamente en eso: en decidir qué principios se mantienen intactos y cuáles requieren ser traducidos —aunque sea provisionalmente— al lenguaje de lo posible.