Cataluña no puede permitirse un Seprona en mínimos
Hay silencios administrativos que pesan más que cualquier titular. En Cataluña, uno de esos silencios es el que rodea al Seprona, la unidad de la Guardia Civil encargada de proteger nuestro patrimonio natural. Un servicio que, durante décadas, ha sido sinónimo de profesionalidad, presencia territorial y defensa del interés general. Hoy, sin embargo, trabaja con menos de la mitad de su plantilla.
La cifra es tan simple como preocupante: 45 agentes operativos y 48 plazas vacantes. Municipios enteros —Puigcerdà, Ponts, La Pobla de Segur, Falset— han visto desaparecer a los únicos funcionarios del Estado especializados en delitos ambientales. Y cuando el Estado se retira, el territorio lo nota.
No hablamos solo de árboles, ríos o fauna. Hablamos de seguridad nacional. De incendios investigados a tiempo, de vertidos que no se ocultan, de mafias ambientales que no campan a sus anchas. El Seprona es la garantía de que la ley se cumple también donde no hay cámaras ni titulares.
Por eso inquieta tanto la estrategia del Ministerio del Interior desde 2024: no convocar vacantes, reducir presencia y transferir competencias a Mossos y Agentes Rurales, pese a que estos últimos no son policía judicial y no pueden investigar delitos. Las asociaciones profesionales lo han llevado a los tribunales porque, más allá del debate político, hay un hecho jurídico incontestable: las competencias ambientales son compartidas entre Generalitat y Estado. Y eso solo puede cambiarse con una ley orgánica, no con acuerdos administrativos.
La situación del Seprona se suma a decisiones como la supresión del GEAS en la Costa Brava, una unidad que durante 30 años ha salvado vidas en una de las zonas con más actividad subacuática de España. Once agentes reubicados y un vacío operativo que nadie ha explicado.
La idea es sencilla: Cataluña necesita más Estado, no menos. Necesita recuperar todas las plazas del Seprona, restablecer unidades especializadas y garantizar que la seguridad ambiental no se convierte en un terreno de juego político.
Porque proteger la naturaleza es proteger a las personas. Y cuando el Estado se ausenta, la inseguridad siempre ocupa su lugar.