¿Cuándo dejaron de pensar en nosotros?
Hubo un tiempo en el que la política era entendida como una vocación de servicio. Con mayor o menor acierto, quienes alcanzaban las más altas responsabilidades públicas sabían que administraban algo que no les pertenecía: el dinero de todos y la confianza de millones de ciudadanos. Hoy, sin embargo, muchos españoles tienen la sensación de que esa idea se ha ido perdiendo por el camino.
La pregunta es inevitable: ¿cuándo dejaron de pensar en nosotros para empezar a pensar únicamente en ellos mismos?
Las últimas décadas han sido un incesante goteo de escándalos. No importa el color político. Gobiernos nacionales, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas o ministerios han visto desfilar por los juzgados a dirigentes de prácticamente todos los partidos. Algunos han sido condenados; otros están siendo investigados o deberán responder ante la Justicia. Pero, al margen del desenlace judicial de cada caso, la sensación que queda en la calle es demoledora: el poder parece haber dejado de ser una responsabilidad para convertirse, demasiadas veces, en una oportunidad.
Y ése es el auténtico drama.
Porque el mayor daño de la corrupción no son únicamente los millones de euros malgastados. Es la desconfianza que siembra entre los ciudadanos. Cada nuevo escándalo hace que miles de personas vuelvan a preguntarse si quienes llegan a los puestos de mayor responsabilidad lo hacen para mejorar la vida de los españoles o para mejorar la suya propia. Cuando esa sospecha deja de ser una excepción y se convierte en una percepción generalizada, la democracia empieza a resentirse.
No puede ser una casualidad que tantos casos se hayan repetido durante tantos años. Cuando el problema se cronifica deja de ser exclusivamente individual para convertirse en estructural. Quizá haya llegado el momento de preguntarse si nuestro modelo político favorece demasiado el control de los partidos sobre las instituciones, si existen controles realmente eficaces sobre el gasto público, si los organismos fiscalizadores cuentan con independencia suficiente o si las responsabilidades políticas llegan siempre demasiado tarde.
Mientras tanto, los ciudadanos contemplan con resignación cómo se suceden los nombres propios y las siglas, pero no cambian las prácticas. Cambian los gobiernos, cambian los discursos y cambian las promesas de regeneración, pero los titulares terminan pareciéndose demasiado.
España no necesita políticos perfectos. Necesita políticos honestos. Personas que recuerden que ocupar un cargo público no es un privilegio, sino una obligación con quienes les han confiado su voto y sus impuestos.
Porque una democracia no muere el día en que aparece un corrupto. Empieza a debilitarse cuando los ciudadanos dejan de sorprenderse porque aparezca otro más. Y ésa, probablemente, sea la enfermedad más peligrosa que amenaza hoy a nuestra vida pública.