Imputado el regidor socialista Martí Pujadas por el polémico taller de “cócteles molotov” en Granollers
La polémica de la Festa Major de Granollers de 2024 ha dado un salto judicial. El Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad ha imputado al regidor del PSC y tercer teniente de alcalde, Martí Pujadas, por su presunta implicación en un controvertido taller infantil en el que se simulaba la fabricación y lanzamiento de cócteles molotov contra un muñeco vestido de policía, obligado tras la reapertura del caso ordenada por la Audiencia de Barcelona.
De actividad festiva a causa judicial
El taller, enmarcado bajo el título “técnicas aplicadas a la guerrilla urbana”, formaba parte del programa oficial de las fiestas y estaba organizado por la colla dels Blaus. En él participaron también menores, que lanzaban objetos simulando artefactos incendiarios contra la figura policial, lo que desató una fuerte controversia social y política desde el primer momento.
Lo que inicialmente fue defendido por los organizadores como una actividad “lúdica” acabó siendo denunciado por sindicatos policiales y asociaciones, que vieron en el acto una banalización de la violencia contra los cuerpos de seguridad.
La justicia reabre el caso
Aunque la causa había sido archivada en un primer momento, la Audiencia de Barcelona ordenó su reapertura al considerar que existían indicios suficientes de delito y que el acto no podía ampararse ni en la sátira ni en el contexto festivo.
La Fiscalía apunta a posibles delitos de injurias a los cuerpos policiales y provocación de desórdenes públicos, agravados por el hecho de que la actividad se realizara con menores y con el aval —directo o indirecto— de una institución pública.
Responsabilidades políticas bajo la lupa
Junto al regidor socialista Martí Pujadas, también han sido citados como investigados varios responsables de la organización del taller, en concreto el presidente, el tesorero y un vocal de la colla dels Blaus. Todos deberán declarar ante el juez el próximo 5 de Mayo en la Audiencia Provincial, un proceso que puede tener consecuencias tanto judiciales como políticas.
El caso pone en cuestión los mecanismos de control de las actividades financiadas o autorizadas por los ayuntamientos, especialmente cuando afectan a menores y abordan contenidos sensibles.
Vox solicita la dimisión de Pujadas
Cristina Tarrés, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Granollers, ha manifestado que «la imputación de Pujadas es la consecuencia lógica de una gestión que permitió el adoctrinamiento de menores en el odio hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». La portavoz ha señalado que «es inadmisible que quien autorizó un taller de instrucción en guerrilla urbana siga ocupando un sillón en el consistorio, ahora al frente de la cartera de Hacienda». Según Tarrés, «el hecho de que Pujadas fuera el responsable de Cultura en el momento de los hechos le sitúa como el máximo responsable administrativo de autorizar una actividad que la justicia ahora califica de presunto delito, por lo que su continuidad en el gobierno municipal es insostenible».
Un debate que trasciende lo judicial
Más allá del recorrido legal, el episodio reabre un debate incómodo: los límites entre la sátira, la pedagogía y la banalización de la violencia. En un contexto social ya tensionado, el hecho de que este tipo de actividades se desarrollen bajo el paraguas institucional añade un componente político que difícilmente se diluirá.
Granollers, que vivió el episodio como una anécdota festiva convertida en escándalo, se enfrenta ahora a su capítulo más serio: el judicial. Y, probablemente, también al más incómodo.