Cataluña sí, España no
La política española ha alcanzado un punto de cinismo difícil de disimular: Cataluña ya tiene presupuestos… pero España no. Unos presupuestos, estos últimos, que ni se esperan en trámite siquiera de propuesta o proyecto porque Pedro Sánchez decidió hace tiempo que gobernar sin presupuestos generales era perfectamente aceptable salvo cuando el territorio afectado es Cataluña, como nos ha demostrado Salvador Illa, President de la Generalitat y único socialista relevante de los que quedan.
Durante meses, desde La Moncloa se insistió en que la prórroga presupuestaria era poco menos que una herramienta ordinaria de gestión. María Jesús Montero primero y Carlos Cuerpo luego repitieron que no había dramatismo alguno en prolongar las cuentas existentes. Sánchez, por su parte, llegó a presentar la ausencia de nuevos presupuestos como una contingencia política perfectamente asumible. España podía seguir funcionando así, se decía. No había urgencia.
Curiosamente, sin embargo, esa resignación institucional desaparece cuando el problema afecta al PSC de Salvador Illa, porque en Cataluña sí que ha habido que negociar y dotar con un presupuesto de estabilidad parlamentaria al Govern catalán: se deduce que lo que en Cataluña es necesario para los catalanes no lo parece tanto en España para los españoles, según la perspectiva socialista.
Pero lo más significativo es que el supuesto gran acuerdo en Cataluña presentado hace unos días no responde a un cambio sustancial del proyecto presupuestario que conocimos a principio de año. Illa ha terminado presentando y pactando, esencialmente, las mismas cuentas autonómicas que retiró en marzo por falta de apoyos. No hay una transformación económica profunda ni un nuevo modelo político detrás del pacto. Lo que sí hay es un incremento del precio pagado al nacionalismo. Más cesiones, más singularidad y más ventajas específicas para asegurar una investidura y una legislatura a la catalana.
La pregunta inevitable es por qué aquello que hace unos meses era políticamente imposible ahora resulta perfectamente asumible. La respuesta probablemente esté lejos de Cataluña y mucho más cerca de Andalucía. Antes del 17M y la cita autonómica andaluza, era un riesgo inasumible para la candidata María Jesús Montero, que venía de dejar la cartera de Hacienda. Era indefendible para el PSOE y su cabeza de lista en los comicios andaluces explicar determinadas concesiones territoriales y financieras a ERC, una vez más, al tiempo que se pretendía defender una política mínimamente coherente en el sur peninsular. Hoy, una vez despejado ese horizonte electoral, el margen para satisfacer las exigencias nacionalistas parece mucho más amplio. Mas aun cuando Montero va a ser irrelevante para los intereses de Andalucía.
También cae definitivamente otra ficción política que siempre nos han contado: la supuesta autonomía entre PSC y PSOE. Durante años se intentó vender la idea de que el socialismo catalán mantenía una personalidad propia, diferenciada y con capacidad de decisión independiente respecto a Ferraz. Pero la realidad vuelve a imponerse: Illa ha asumido el papel que le corresponde dentro de la arquitectura de poder de Sánchez, que no es otro que el de sostener el único pilar territorial realmente útil para la supervivencia política del presidente español. Un privilegio, pero también una pistola cargada.
Y es que conviene subrayar lo de “único” pilar, ya que tampoco es precisamente motivo de celebración para el propio socialismo español depender estructuralmente del independentismo catalán para prácticamente cualquier decisión relevante del Estado cuando, para millones de ciudadanos del resto de España —quienes sostienen fiscalmente el sistema—, vuelve a producirse la misma sensación de agravio. Cataluña influye directamente sobre la política presupuestaria, económica y territorial de todos los españoles, pero el resto de españoles no puede opinar ni decidir sobre la llamada “financiación singular” catalana.
Ese es el verdadero núcleo del problema, que no estamos ante una negociación técnica sobre recursos, sino ante una alteración política del principio de solidaridad entre territorios. La idea de que una comunidad autónoma pueda blindar un sistema financiero privilegiado, reduciendo su aportación efectiva a la caja común mientras mantiene intacta su capacidad de influencia política, no solo resulta profundamente injusta, sino que plantea serias dudas constitucionales.
Y por si fuera poco, quizá el síntoma más grotesco del momento político actual sean determinados gestos que nos hacen plantearnos si todo esto no es ya una gran burla. Que Gabriel Rufián pueda permitirse el ofrecerse como líder de una hipotética izquierda española “a la izquierda del PSOE” sin renunciar a ERC y sin que nadie parezca percibir la contradicción monumental que encierra la propuesta es un chiste que roza lo obsceno. Y si no lo vemos, quizá es que nos merezcamos que nos sigan dando cera como si no hubiera un mañana.
Más que una paradoja, todo lo relatado parece una caricatura. Y la tragedia es que el Gobierno hace ya tiempo que decidió serlo sin reparo alguno. Ni vergüenza.