No es cuestión de más diputados si no de Más Democracia
Hace apenas unas horas que el líder del Partido Popular ha lanzado una propuesta para reformar el sistema electoral con el fin de conceder un plus de diputados al partido más votado. Como toda propuesta de organización política, la última del PP merece ser escuchada, por supuesto, así como debatida. Pero cualquier postura al respecto debe partir de un hecho objetivo irrefutable: lo que se pone en entredicho con esta iniciativa es la igualdad del voto. Y ello no es sino un nuevo sacrificio del principio del constitucionalismo democrático, que hunde sus orígenes en el liberalismo, de “un ciudadano, un voto”. Facilitar así la gobernabilidad es un remedio que resulta peor que la enfermedad.
Es fácil, a primera vista, compartir la supuesta bondad de una solución solo parcial y errónea como la que ha planteado Núñez Feijóo, dado que parece sencillo así evitar el problema de que la estabilidad política dependa de partidos minoritarios o nacionalistas.
Pero desde una concepción democrática liberal no se trata de que gobierne siempre quien obtiene más votos, sino quien sea capaz de aunar más representatividad en torno a un proyecto. Premiar artificial, y ficticiamente, al partido que, sin obtener una mayoría absoluta tiene así la posibilidad de alcanzarla, supone defraudar a los muchos ciudadanos a los que se les muestra así que su voto vale menos que el de quien apoyó al ganador.
Aunque la gobernabilidad se constituya hoy en un verdadero anhelo y hasta un bien público, la igualdad política en derechos también lo es, de manera indiscutible. Y el conflicto entre ambos bienes no puede pasar por sacrificar el segundo para facilitar el primero, que debe estar plenamente legitimado por aquel. En este caso, es obvio que la respuesta debería ser negativa a ese cambio de cromos.
Por otra parte, la propuesta parte de una premisa discutible, como que el problema sean exclusivamente los partidos minoritarios, en el caso de España, los nacionalistas. Ello no tiene por qué ser necesariamente así si la sociedad es capaz de confiar parte de sus votos en un partido bisagra de ámbito estatal y que pueda situarse en el espacio entre la derecha y la izquierda tradicionales.
Porque el problema radica, o debería radicar, para lo que sí es necesaria una reforma en profundidad del modelo electoral español, en la aritmética parlamentaria y no en la identidad territorial de quienes ostentan esos escaños decisivos en la conformación de mayorías. Y es que ahí está, y ha estado siempre, el verdadero cambio de sistema que España necesita de una vez por todas: más democracia y más igualdad en el voto de los ciudadanos, sin vinculaciones a los territorios donde ejerzan su derecho de sufragio. La solución, por ello, no puede pasar por distorsionar aún más la igualdad entre los españoles para corregir las distorsiones ya existentes por razón de los territorios.
Resulta por ello sorprendente que una fuerza política como el PP, que ha denunciado más de una vez la alteración de las reglas del juego democrático, proponga precisamente una reforma que altera el principio más elemental de la representación democrática. Es incluso irritante cuando de esas circunstancias se han servido anteriormente los populares siempre que así les ha convenido, pactando sin reparo con nacionalistas vascos y catalanes esa gobernabilidad que ahora pretenden arrancar de las garras de quienes antes se la brindaron.
Las reglas electorales no deberían modificarse para favorecer a quien previsiblemente vaya a ganar las próximas elecciones, sino para fortalecer la legitimidad del sistema a largo plazo, algo que ahora parecen olvidar en Génova, desde donde no dudarán en atacar esta misma propuesta cuando dejen de ser favoritos en las encuestas.
Cualquier reforma del sistema electoral español, por tanto, debe pasar por mejorar la calidad democrática del modelo, lo que supone defender y garantizar una mayor igualdad en el voto de todos los electores. Lo que no es de recibo es aumentar la desigualdad entre la ciudadanía reduciendo aún más el derecho de unos frente a otros cuando ese problema ya existe.
Y es que, si permitimos que el Estado module artificiosamente el valor y la representatividad del voto de sus ciudadanos, realmente no estamos corrigiendo un problema de gobernabilidad, sino corrigiendo la voluntad misma de los electores llamados a expresarla libre, individualmente y en condiciones de igualdad. Y aquí cabe cuestionarse entonces qué clase de democracia ejercemos si la libertad no viene acompañada de verdadera igualdad.
Las mayorías, deberíamos asumirlo, no son en sí el objetivo, sino el medio para convivir en democracia. Y su legitimidad reside, precisamente, en que el valor de nuestro voto no dependa de cuestiones como nuestro código postal, como tampoco de nuestra capacidad económica, nuestro nivel de estudios o nuestro género. Algo sobre lo que ya se peleó, y mucho, hace décadas: por la igualdad en el voto. No retrocedamos ahora en esto con propuestas demagógicas coyunturales que, justamente, cuestionan y atacan principios democráticos que deberían tenerse por plenamente consolidados.