Juicios de vergüenza: cuando la política española ya no disimula el olor a podrido

Los juicios de la vergüenza

España asiste esta semana a dos juicios que, más que casos aislados, son el retrato descarnado de un sistema que hace tiempo dejó de funcionar como debería. Kitchen y el caso Koldo no son solo procedimientos judiciales: son la confirmación de que la política ha cruzado demasiadas líneas… y lo ha hecho con una normalidad inquietante.

Hay semanas que marcan una época. Esta es una de ellas. No por lo que se decide, sino por lo que se evidencia. Por un lado, el caso Kitchen, esa cloaca institucional que apunta directamente al corazón del Estado: la utilización del Ministerio del Interior para espiar, manipular y proteger intereses políticos. No hablamos de errores. No hablamos de excesos puntuales. Hablamos de la sospecha —cada vez más sólida— de que desde el poder se utilizaron recursos públicos para adulterar la realidad y blindar a los propios.

Por otro, el caso de las mascarillas, con el primer gran juicio al llamado “clan Koldo” y la sombra de José Luis Ábalos planeando sobre todo el entramado. Aquí el nivel de indignidad alcanza cotas difíciles de digerir: la sospecha de que, en plena pandemia, mientras miles de españoles morían, algunos encontraron la manera de hacer negocio. De enriquecerse. De convertir el dolor colectivo en una oportunidad privada.

Y lo peor no es solo lo que se investiga. Lo insoportable es la sensación de que nada de esto sorprende ya a nadie.

La normalización de lo intolerable

Ese es el verdadero problema. No es solo la corrupción. Es su banalización. Que un gobierno pueda estar bajo sospecha de utilizar el aparato del Estado para tapar escándalos. Que otro —o el mismo, en otra etapa cambiando las siglas— pueda ver cómo personas de su entorno convierten una tragedia sanitaria en un negocio.

Y que todo ello se reciba con resignación, con hastío, con ese “otro más” que se ha instalado en la sociedad. Eso es lo verdaderamente grave. Porque cuando la corrupción deja de indignar, el sistema ha dejado de funcionar.

Una clase política desconectada… y blindada

El ciudadano medio no entiende —ni acepta— que quienes toman decisiones que afectan a millones de personas no tengan responsabilidades reales cuando fallan. O peor aún, cuando presuntamente delinquen.

No hay dimisiones ejemplares. No hay consecuencias políticas inmediatas. No hay sensación de limpieza. Lo que hay es ruido, estrategia, relato. Y una constante: todos se señalan, pero ninguno asume.

El resultado es devastador: una clase política percibida como una élite que juega con reglas propias, ajena a las consecuencias que sufriría cualquier ciudadano en su lugar.

El asco como síntoma

Sí, asco. Esa es la palabra. No indignación. No enfado. Asco. Porque lo que generan estos casos no es solo rabia, es repulsión. La sensación de estar ante algo que no debería existir en una democracia madura. La percepción de que el sistema está degradado hasta el punto de que lo excepcional se ha convertido en rutina.

Y ese sentimiento no distingue siglas. Da igual si es el PP con Kitchen o el PSOE con el caso Koldo. Da igual quién estaba antes o quién está ahora. El diagnóstico es el mismo: el problema no es puntual, es estructural.

¿Y ahora qué?

Esa es la pregunta incómoda. Porque el riesgo ya no es solo la corrupción. El verdadero riesgo es la desafección total. La ruptura definitiva entre ciudadanos y política. La idea de que nada merece la pena porque nada cambia y que esto solo lo soluciona una “revolución total”. Cuando un país llega ahí, entra en una zona peligrosa. Porque el vacío siempre se llena. Y no siempre de la mejor manera.

Estos juicios no son solo procesos judiciales. Son un espejo. Y lo que reflejan no gusta. Un país cansado. Una sociedad que ya no cree. Y una clase política que, en demasiadas ocasiones, parece más preocupada por sobrevivir que por servir. España no necesita más discursos.
Necesita una limpieza profunda. Porque si no llega desde dentro… acabará llegando desde fuera. Y entonces ya será tarde.