Pagar impuestos sin presupuestos
Nuestra Constitución establece en su art. 134 que el Gobierno debe presentar anualmente un proyecto de presupuestos. Y la letra de la norma constitucional es clara sin dejar lugar a dudas: se trata de un mandato, no de una mera recomendación. Y es que sin presupuestos la acción del Gobierno es totalmente opaca y difícilmente evaluable al no dar respuesta a lo que es la esencia de un presupuesto por su propia definición: la expresión en cifras de lo que pretende hacerse a lo largo de un año. Es decir, qué se prioriza, qué se aplaza pero, sobre todo y también, quién paga y quién recibe esos fondos que, fundamentalmente, tienen su origen en los impuestos que todos pagamos.
La existencia de un presupuesto, por tanto, es para una Administración Pública, el primer ejercicio de transparencia democrática, porque nos dice de antemano lo que el Gobierno quiere hacer con el dinero que aportamos. Pero también, en el momento de su liquidación, nos dice cómo se han gastado efectivamente esos recursos y en qué grado se ha respetado la previsión inicial. O hasta dónde se ha desviado la ejecución de ese presupuesto de lo que en origen fue su propósito. Se trata por tanto de un instrumento de fiscalización y control de todo Gobierno en su actuación.
Al menos así era la cosa en una democracia que podíamos considerar “madura”, a partir del pacto social entre ciudadanos y Estado por el que contribuimos al sostenimiento de los servicios públicos con nuestros impuestos, precisamente entregándolos a aquellos que se han comprometido a poner en marcha y mantener determinadas políticas públicas por las que, justamente, la ciudadanía los ha puesto en el poder.
Por ello resulta evidente que romper con la obligación que impone el mandato constitucional de presentar un proyecto de presupuestos a las Cortes por el Gobierno rompe en su base ese pacto entre gobernantes y gobernados. Porque el recurso a la prórroga presupuestaria no debiera tenerse sino como una consecuencia derivada de una anomalía (la no aprobación de un presupuesto por una mayoría opositora superior a la que sostiene al Gobierno), pero lo que no puede ser nunca la prórroga de las cuentas un año tras otro es la norma y herramienta misma para erosionar la transparencia democrática y el control parlamentario de quien gobierna.
“Convertir la prórroga automática de los presupuestos en una solución nos hace preguntarnos por el motivo de pagar impuestos: ¿para qué los pagamos si no existe un debate público sobre su montante y destino?”
Convertir, como ha hecho el Gobierno de Sánchez, la prórroga automática de los presupuestos, un mecanismo excepcional y coyuntural para evitar un vacío financiero, en una solución ordinaria y estructural nos hace preguntarnos por el motivo de pagar impuestos: ¿para qué los pagamos si no existe un debate público sobre su montante y destino? Porque la prórroga por sistema mantiene contextos sociales inexistentes ya para y sobre los que se diseñaron gastos e ingresos, ignorando los cambios económicos, sociales o incluso geopolíticos. Supone, realmente, gobernar mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que ya no existe.
Pero el problema, en este momento, supera la simple ineficiencia para convertirse en una cuestión de auténtico déficit de legitimidad democrática del Gobierno que sigue gobernando no ya con unas cifras desactualizadas, sino incluso, en este momento, con unos presupuestos que aprobaron unas Cortes de un mandato legislativo anterior. Es decir: ni siquiera los actuales diputados y senadores españoles son los que aprobaron el presupuesto hoy vigente por su prórroga, el de 2023, aprobado en diciembre de 2022, dado que la composición de Congreso y Senado cambió con las elecciones generales de julio de 2023. Para que nos entendamos: las actuales cuentas públicas en España datan de otra legislatura anterior y diferente a la actual, por lo que nuestros actuales representantes electos en las urnas siquiera han podido pronunciarse sobre las mismas durante tres años: 2024, 2025 y 2026. No parece muy democrático ¿verdad?
"La solución debería pasar por articular consecuencias de legitimación democrática más que de gestión política y económica a la falta de presupuestos"
Si hoy el arco parlamentario es más plural y diverso, ¿no parece lógico que precisamente por eso mismo pueda, y deba, el mismo pronunciarse sobre los presupuestos, sobre lo que nos van a cobrar como ciudadanos y sobre lo que se va a pagar con esa recaudación?
La solución debería pasar por articular consecuencias de legitimación democrática más que de gestión política y económica a la falta de presupuestos. Y ello porque en un sistema parlamentario como el nuestro la no aprobación de los presupuestos debería tener consecuencias políticas inmediatas. La derrota del Gobierno en un debate y votación en materia presupuestaria es claramente una pérdida de confianza de la mayoría representativa del voto ciudadano, y ello debe tener una consecuencia clara: elecciones o la dimisión del Gobierno.
No es, por tanto, una locura descabellada plantear una reforma constitucional que vincule la inexistencia de un presupuesto, por su falta de presentación o por su rechazo, a una cuestión de confianza que se articule automáticamente por imperativo constitucional. No lo es, desde luego, cuando observamos el caso de nuestro ámbito local en España, donde existe la posibilidad, que no obligación, es cierto, de vincular la aprobación del presupuesto municipal a la superación de una cuestión de confianza, lo que obliga, y no solo al Gobierno local, a retratarse públicamente con una propuesta ante la que deben pronunciarse quienes constituyen una posible mayoría alternativa a quien gobierna.
Esa reforma tendría, además, un fundamento democrático claro: devolver a los ciudadanos la voz y la capacidad de decidir ante un posible bloqueo institucional como el que supone, de hecho, un presupuesto prorrogado sobre el que un Gobierno, y esta es otra cuestión, no debería tener tanto poder de modificación sin pasar por el filtro del control parlamentario. Que se supone, oiga, que para algo votamos a quienes nos representan, bien gobernando bien ejerciendo oposición.
“No es una locura descabellada plantear una reforma constitucional que vincule la inexistencia de un presupuesto a una cuestión de confianza que se articule automáticamente por imperativo constitucional”
La prórroga presupuestaria recuperaría así su naturaleza de consecuencia transitoria, y no de causa fundamental, siéndolo de supuestos estrictamente tasados como, por ejemplo, el que el Gobierno haya presentado un proyecto que, tras su debate y votación, no haya obtenido la aprobación parlamentaria. Se garantizaría así al menos la existencia de un debate público sobre las prioridades que plantea el Gobierno y la prórroga dejaría de ser escapatoria fácil en un proceso democrático deficiente.
Si perdemos la perspectiva sobre la naturaleza del pacto social y político entre gobernantes y ciudadanos, que se revalida año tras año justamente con el debate y aprobación de los presupuestos, permitimos de alguna manera que nuestra democracia pierda calidad, lo que repercute de inmediato en una menor transparencia de la acción política, una reducción de la posibilidad de control del poder y, sobre, todo, en un aumento de la desconfianza y la lejanía de todos hacia quienes nos gobiernan.
Y no es que no podamos avanzar en democracia sin cuentas públicas, sino que ello nos hace retroceder a pasos agigantados si dejamos que el poder campe a sus anchas sin ser fiscalizado. Algo que sucede, simple y llanamente, cuando pagamos impuestos sin saber para qué se utiliza lo recaudado.