El TSJC reabre la batalla política por el catalán en la escuela
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ordenar la ejecución provisional de la sentencia que anuló parcialmente el decreto lingüístico de la Generalitat ha vuelto a situar la lengua en el centro de la batalla política catalana. El auto afecta a la norma aprobada en 2024 por el Govern de Pere Aragonès para blindar el catalán como lengua vehicular en la escuela pública y supone, de hecho, un nuevo revés judicial para el modelo impulsado por la Administración catalana.
El tribunal reclama que se ejecute provisionalmente el fallo dictado en septiembre de 2025, que ya declaró la nulidad total o parcial de varios artículos del decreto. Entre ellos figuran los preceptos que situaban al catalán como única lengua vehicular, que estructuraban los proyectos lingüísticos de centro sobre ese principio y que lo convertían en idioma habitual en la relación con las familias y en la coordinación entre la actividad docente y administrativa. La resolución judicial parte de un recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB).
La reacción del Govern de la Generalitat, presidido por Salvador Illa (PSC), fue inmediata. El president quiso subrayar “el compromiso con la defensa no solo de la lengua, por supuesto, sino también con el modelo de la escuela catalana”, en un intento de transmitir continuidad política pese al nuevo golpe judicial. En la misma línea, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, rechazó la “intromisión judicial” en un sistema pedagógico que definió como un modelo de “éxito” y aseguró que el Ejecutivo catalán utilizará “todos los recursos para su defensa política y jurídica”.
También el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, salió en defensa del sistema vigente. Según la información publicada, Vila afirmó que el Govern está comprometido con el actual modelo lingüístico educativo y que “trabajará para defenderlo”, mientras los servicios jurídicos de la Generalitat estudian la respuesta a la resolución del TSJC. Desde el Departament d’Educació, además, se trasladó la idea de que el auto no altera la actividad ordinaria de los centros.
En la oposición independentista, Junts per Catalunya elevó de inmediato el tono político. La presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Parlament, Mònica Sales, anunció la petición de comparecencia de Salvador Illa, de Albert Dalmau y de Francesc Xavier Vila para que expliquen qué piensa hacer el Govern ante la orden judicial. Sales denunció que Cataluña está sufriendo “una cruzada contra la lengua por todas las vías posibles, internas y externas”, situando el fallo del TSJC en un marco de confrontación más amplio entre las instituciones catalanas y el poder judicial.
También Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclamó una respuesta más firme. Su portavoz y vicesecretario de Comunicación, Isaac Albert, pidió “valentía” al Govern para garantizar el catalán como lengua vehicular y lamentó que, a su juicio, entidades sin solvencia técnica estén condicionando un debate que considera estrictamente pedagógico. ERC, por tanto, se alineó con la defensa cerrada del modelo de inmersión, aunque marcando distancias con la prudencia institucional exhibida por el Ejecutivo de Illa.
En la izquierda no independentista, Catalunya en Comú también reclamó explorar vías para frenar los efectos de la resolución. La coordinadora de los Comuns, Candela López, pidió al Govern “estudiar y analizar” todas las opciones para evitar que la sentencia llegue a hacerse efectiva. Su posición, aunque menos enfática que la de Junts o ERC, se sitúa igualmente en defensa del modelo actual.
En el bloque contrario, el Partido Popular de Cataluña celebró el pronunciamiento judicial. El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, reclamó ejecutar la sentencia y acusó a la Generalitat de haber intentado “burlar” anteriores resoluciones mediante cambios normativos. “De lo que se trata es de cumplir las sentencias, no de legislar para ver cómo podemos burlar aquella sentencia”, afirmó, fijando así la posición del PP como la de apoyo explícito al criterio del TSJC.
Más allá de las reacciones partidistas, el nuevo auto llega en un momento políticamente delicado para el Govern de Salvador Illa. El debate lingüístico vuelve a emerger en plena tensión con parte del colectivo docente y en un contexto en el que la defensa del catalán sigue siendo una cuestión de alta sensibilidad social y electoral en Cataluña. Según recuerda la información, un 76% de los catalanes se muestra de acuerdo con el modelo de inmersión lingüística, lo que explica también la cautela del Ejecutivo socialista ante cualquier alteración sustancial del sistema.
El fondo de la decisión judicial es claro: el TSJC cuestiona que el decreto de 2024 pueda presentar al catalán como eje exclusivo del funcionamiento escolar. El efecto político también lo es: la lengua vuelve a dividir a los partidos entre quienes interpretan el fallo como una amenaza a la escuela catalana y quienes lo ven como una corrección necesaria frente a un modelo que consideran desequilibrado. La batalla jurídica sigue abierta, pero la batalla política ya ha empezado de nuevo.