Marcos de Quinto ha afirmado recientemente que de la misma manera que en una comunidad de vecinos puede negarse el derecho al voto a quien no esté al corriente de pago de sus cuotas de comunidad, “tampoco tendrían que tener voto quienes coyunturalmente estén recibiendo un subsidio por desempleo o una renta mínima vital, al estar mantenidos por el resto de contribuyentes. Con ello se combatiría el clientelismo y la demagogia”.
Más allá de que la comparación con una comunidad de propietarios falla en lo esencial, por tratarse esta de una relación jurídica privada y patrimonial perfectamente determinada, así como está prevista la excepción que se alega por la propia ley, el Estado no es una comunidad de propietarios, como el estatuto propio de la ciudadanía no es una cuenta corriente, ya que los impuestos se pagan en base a la capacidad económica y con ellos se financian prestaciones que reciben quienes así lo determina la ley por reunir determinadas condiciones. Y ambas cosas forman parte del funcionamiento ordinario de un Estado social y democrático de Derecho en el que hay un principio informador fundamental: la solidaridad. Desconocer esa premisa es convertir interesadamente la ciudadanía en una especie de contrato mercantil: tanto pagas, tantos derechos tienes.
"Era una forma mediante la cual las élites determinaban quién estaba suficientemente capacitado para participar en las decisiones colectivas"
No ha sido la primera, ni será la última opinión, que de un tiempo a esta parte se venga a reclamar la vuelta a lo que conocemos como “sufragio censitario”, sistema vigente de manera generalizada durante buena parte del siglo XIX, y hasta en el XX en algunos lugares, por el que el derecho de voto se condicionaba precisamente por la renta, la propiedad o la capacidad económica, así como por el sexo y la formación académica. No era una anomalía: era una forma mediante la cual las élites determinaban quién estaba suficientemente capacitado para participar en las decisiones colectivas. Cierto es que algunos liberales de la época defendieron ese modelo, y sería históricamente incorrecto negar que haya habido una tradición liberal censitaria. Pero precisamente la evolución del liberalismo político consistió también en desprenderse progresivamente de esa concepción patrimonial y económica, e igualmente patriarcal, de la ciudadanía.
El verdadero liberalismo, hoy y desde hace ya mucho tiempo, reivindica justamente la desvinculación del concepto “liberal” del de “contribuyente”, “propietario” o “persona económicamente autosuficiente”, porque el liberalismo parte de algo mucho más esencial: la autonomía de la persona frente al poder, la igualdad ante la ley, la libertad individual y la limitación de los poderes públicos. Y si hay un poder del que un liberal debería desconfiar especialmente es precisamente el de decidir quién merece participar en la elección de quienes gobiernan a todos los demás.
¿Debe perder el derecho al voto quien cobra el ingreso mínimo vital o un subsidio de desempleo? ¿Quién recibe, por ejemplo, una beca pública? ¿Y quién disfruta de una pensión no contributiva o quién ha sido beneficiario de una subvención por desarrollar privadamente actividades de interés general? ¿Qué hacemos entonces al respecto con el funcionario cuyo salario paga el Estado? ¿Y con quién ha utilizado durante años la sanidad pública, las carreteras públicas o el sistema educativo público y, por tanto, ha recibido más servicios públicos de los impuestos que personalmente haya podido pagar? Porque la propuesta que se ha planteado es que todos estos ciudadanos de pleno derecho dejen de serlo ante la sospecha de clientelismo desde una perspectiva que viene a definir como “mantenido” a todo aquel que reciba una prestación pública.
"¿Qué será lo siguiente: reclamar la privación del derecho de voto a quienes tengan una discapacidad?
Una sociedad liberal no puede medir la dignidad política de las personas mediante un balance contable entre lo que aportan y lo que reciben. La capacidad económica no puede matizar al alza o a la baja la condición de ciudadano de nadie. Porque si consideramos la cuestión desde esa posición, deberemos reconocer que nuestro sistema no obedece a lo esencial: garantizar límites al poder, exigir la responsabilidad presupuestaria, defender la seguridad jurídica y afirmar una adecuada defensa de la propiedad, principios a los que se debe todo liberal, pero sin que ello exija ni permita que la desigualdad económica se combata creando una desigualdad política, ya que repugna a cualquier pensamiento verdaderamente liberal intentar solucionar la desigualdad social estableciendo ciudadanos de primera y de segunda. Si queremos combatir el clientelismo, combatamos el clientelismo. Si queremos reducir el gasto público ineficiente, reduzcámoslo. Si queremos impedir que los gobiernos compren apoyos electorales mediante políticas arbitrarias, establezcamos mejores instituciones, controles, transparencia y responsabilidad fiscal. Pero no privemos de derechos políticos a quienes reciben legítimamente una prestación establecida por las leyes que todos hemos aprobado.
¿Qué será, si no, lo siguiente: reclamar la privación del derecho de voto a quienes tengan una discapacidad, cuando ese derecho precisamente se garantizó mediante ley orgánica en 2018? O más allá ¿a quienes sufran una enfermedad?
"La ciudadanía política entiende que la democracia liberal no consiste en seleccionar a quienes consideramos suficientemente capaces para votar, sino en reconocer la dignidad política de todos los ciudadanos"
La evolución del concepto de ciudadanía ha sido precisamente el contrario al que algunos ahora vienen a defender: hemos ampliado la ciudadanía política porque hemos entendido que la democracia liberal no consiste en seleccionar a quienes consideramos suficientemente capaces para votar, sino en reconocer la dignidad política de todos los ciudadanos. Porque el voto no es una recompensa, o siquiera una contraprestación, por haber pagado impuestos. No es una acción de una sociedad mercantil. No es una cuota que se adquiere con renta. Es, en todo caso, la expresión política de la ciudadanía de la que disfrutamos.
Y por eso un liberal puede discrepar profundamente de las políticas que votan los demás, como puede considerar equivocadas las prestaciones públicas, excesivo el gasto, o injusta una determinada política fiscal. Y puede defender firmemente que el Estado gaste menos, o que gaste mejor, y que las personas dependan menos de él. Pero no puede concluir que, por pensar que otros votan mal, esos otros deberían dejar de tener derecho a votar. Porque entonces habríamos dejado de defender la libertad frente al poder para defender el poder de unos ciudadanos sobre otros. Y esto, he de recordarle a quien fuera mi compañero, sería otra cosa. Algo muy diferente y opuesto a lo que significa ser liberal.
