La reciente decisión del Parlament de Catalunya de iniciar el trámite de una nueva ley del taxi reabre de nuevo el debate sobre necesidad, oportunidad y procedencia de regular el transporte de personas. Y lo hace ya desde la postura de guerra abierta a las VTC de los proponentes del texto (PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP), que pretenden reducir ese tipo de licencias a la mínima expresión hasta, simplemente, su desaparición, algo que resulta muy discutible desde los principios de competencia y libertad de establecimiento que rigen en Europa.
El taxi es un sector intensamente regulado desde principios del siglo pasado, cuando se implantó a nivel de municipios un sistema de licencias limitadas, con tarifas preestablecidas, y con unas condiciones estrictas de prestación del servicio. Se pretendía con ello garantizar el transporte de personas considerándolo un servicio público, es decir, de prestación por la Administración, pero a través de concesionarios, es decir, particulares titulares de una autorización para la prestación de dicho servicio de titularidad pública.
El motivo era evidente y hasta lógico: el usuario no podía realmente comparar precio y calidad en el momento de contratar el transporte entre los diferentes operadores que le ofertaban sus servicios. Y, por otra parte, la falta de regulación generaba acumulación excesiva de oferta en determinados lugares y escasez en otros, con problemas de colapsos, falta de profesionalidad, tarifas abusivas, trayectos innecesariamente largos… Se trataba, básicamente, de corregir los fallos de mercado de un sector de actividad con demasiado riesgo de constituir una competencia imperfecta.
Sin embargo, actualmente, esos fallos son fácilmente salvables a golpe de teclado en nuestros dispositivos móviles, desde los que podemos acceder a la información de todos los operadores disponibles en nuestra zona mediante la geolocalización: conociendo detalles como la identidad del conductor, sus referencias por parte de otros clientes, el estado del vehículo o la propia calidad que el servicio concreto nos ofrece.
Y la pregunta es, por tanto, por qué no aprovechar las ventajas de esa digitalización en el transporte de personas para mejorar el servicio que se presta a los usuarios y, sobre todo, en base a su libre decisión de contratarlo.
Parece obvio que el problema principal es el de la transitoriedad del modelo tradicional de exclusividad del taxi a un modelo de transporte plenamente liberalizado. Pero en ese proceso no podemos ir dando pasos atrás volviendo a una situación de limitación de derechos en materia de movilidad, que es lo que supone volver a apostar por un modelo que, realmente, se corrompe desde el momento en que el titular de la licencia de taxi, obtenida en un mercado tan regulado y limitado como el de la concesión administrativa, puede venderla libremente a otro empresario, que es lo que son realmente los taxistas, al mejor precio posible y sin limitación alguna. Eso sí: para poder seguir operando bajo la protección de barreras regulatorias de un sector ahora convertido en “de interés público” para mantener la limitación de entrada de nuevos competidores.
La práctica regulatoria en España ha sido siempre proteccionista de un sector como el del taxi que ha perdido con la digitalización toda razón de mantener esa defensa desde lo público. Por ello lo relevante desde un punto de vista jurídico es identificar la compatibilidad de un nuevo marco legal como el que de nuevo se propone en Cataluña con el Derecho de la Unión Europea y los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios que se garantizan, dado que las restricciones de los mismos deben ser eso, limitaciones, y nunca discriminaciones. Mucho menos, contrarias al interés general. Y no parece que la seguridad, la ordenación del tráfico o la protección del consumidor estén detrás de los intentos de mantener los viejos privilegios del sector del taxi.
En los últimos años, tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han examinado las regulaciones nacionales que restringen la actividad de las VTC. En el caso de España, y más concretamente en Cataluña, se reprochó ya por el propio Tribunal en 2023 la norma que limitaba el número de licencias de VTC en función del número de taxis, aduciendo que la viabilidad económica del taxi no puede justificar por sí sola una restricción de acceso al mercado para otros operadores.
El Derecho europeo, por tanto, es claro en este sentido y las instituciones ya se han pronunciado. Y parece más que obvio que el nuevo proyecto normativo del Parlament de Catalunya volverá a incidir en la misma inobservancia de principios plenamente consolidados en nuestro marco jurídico.
Pero incluso desde una perspectiva social y económica más amplia que la jurídica, aunque estrechamente vinculada a ella de manera evidente, la cuestión es si esa protección del taxi se justifica en términos de interés general o si, por el contrario, constituye una forma de preservar artificialmente un modelo de negocio de unos pocos frente a la competencia que se abre paso con la herramienta tecnológica.
Porque al fin y al cabo las barreras se están realmente poniendo a los ciudadanos, a los usuarios del transporte en un modelo que ofrece menos innovación y mayores precios relativos si no se da una competencia real. Nadie propone por ello que el taxi desaparezca, pero sí su adaptación a una nueva sociedad, nuevas necesidades de movilidad y nuevas herramientas en el mercado. Lo que no procede es que sea la sociedad la que deba adaptarse a un diseño del transporte público anclado en el pasado que no admite modos complementarios de operar en él.
La regulación, por ello, pasa por garantizar estándares mínimos de seguridad, atención al consumidor y calidad del servicio, además de una fiscalidad transparente y homologada, pero evitando siempre medidas proteccionistas propias y hasta necesarias en otros momentos que hoy se han superado sobradamente. La competencia debe garantizarse y defenderse. Y en su caso corregirse, pero nunca restringirse.
Cataluña vuelve a abrir el debate. Pero todo indica que no lo hace para avanzar, sino precisamente para retroceder en este tema concreto, en el que no deberíamos estar por proteger el pasado, sino en generar un marco regulatorio que permita a los distintos operadores competir en igualdad de condiciones en beneficio de los ciudadanos: porque somos nosotros, al fin y al cabo, quienes deberíamos poder elegir libremente quién queremos que nos lleve un lugar a otro. Para eso pagamos.
