Si algo han puesto de manifiesto las dos últimas crisis por desastres naturales, la DANA de Valencia de octubre de 2024 y los incendios de este verano de 2025, es que tenemos un serio problema con la normativa legal para la gestión de estos acontecimientos. Y no es ya que no la haya o que no sea la adecuada cuando de regular medios y recursos se trate o de establecer los procedimientos a seguirse para la mayor y mejor protección de bienes y personas. La ley actualmente vigente tiene un inconveniente con el que nadie, seguramente, pensó en toparse cuando las circunstancias obligan a tomar decisiones: el no dejar clara y expresamente dicho quién ha de ponerse al frente de la toma de decisiones.
En España, la regulación de una situación de emergencia se regula en la vigente Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), que es su instrumento operativo, a nivel de toda España, teniendo todas las comunidades autónomas su propia norma autonómica y plan acorde a la misma para su territorio. En un Estado descentralizado como España, esto no debería ser un obstáculo, sino una ventaja para acercar más la actividad administrativa, en este caso la de respuesta a la emergencia, al territorio y, con ello, al ciudadano, precisamente para ser más eficaz desde la proximidad entre quién y dónde toma la decisión y el lugar en el que hay que resolver el problema.
Pero la cuestión es que todo indica que nuestra clase política, no desde luego los técnicos y expertos en materia de emergencias, sino quienes han de escucharlos y decidir, está muy lejos de estar preparada para ese modelo descentralizado de gestión. O lo que es lo mismo: no lo está para asumir la responsabilidad de, justamente, analizar los hechos y resolver cómo afrontarlos. La política se ha convertido en el arte de aparentar que se hace algo, aunque no se haga nada, y esquivar el bulto para que otros resuelvan la papeleta, porque sale más rentable ya señalar y criticar los fallos ajenos que incluso hacer valer los aciertos propios.
Por eso resulta desesperante en estos días, como ocurrió con la DANA de Valencia, ver y escuchar a los políticos, tanto a los que nos gobiernan desde La Moncloa o desde las comunidades afectadas como a los de la oposición en ambos casos atacarse con algo que al común de los ciudadanos nos importa un comino cuando nuestra preocupación es que nuestros montes se queman hoy, como cuando antes las aguas se llevaban todo por delante.
Es frustrante que el debate de nuestros representantes públicos sea si debemos entrar en nivel 3 de emergencia, el que oficialmente se denomina en el PLEGEM como “situación operativa 3”, que formalmente se corresponde con una “declaración de interés nacional” de la emergencia, de acuerdo con la ley 17/2015. Y lo es, y mucho, desde el momento en que la discusión es si esa decisión la tiene que tomar el Ministro del Interior a iniciativa propia o a petición de las comunidades autónomas afectadas o de los Delegados del Gobierno en las mismas. Y vaya por delante que todos entenderemos que ningún Delegado del Gobierno en una comunidad autónoma tome jamás la iniciativa de solicitar ese nivel 3 de emergencia si previamente no tiene el beneplácito superior, esto es, del Gobierno estatal, que no es otra cosa que del Ministro del Interior, quien ya tiene la prerrogativa de hacer tal declaración.
La pelea política, por tanto, es la de unos gestores de chichinabo, todos ellos, que andan a la greña porque el ministro alega que a él nadie le ha pedido el nivel 3 de emergencia desde las comunidades que arden, mientras que las comunidades que se queman se muerden la lengua para no solicitar la coordinación estatal de la gestión de la catástrofe y parecer así inoperantes e incapaces con los medios de que disponen, dado que incluso sin alcanzar ese nivel 3 disponen de medios estatales, como ocurre con la Unidad Militar de Emergencias (UME). Lo más curioso, en todo caso, son las piruetas argumentativas de unos presidentes autonómicos gallego, extremeña, castellano y leonés y andaluz, todos ellos del PP, para evitar pedir formalmente la declaración de nivel 3 de emergencia, o de interés nacional, a un Gobierno central del PSOE y Sumar que, con ello, tomaría así las riendas de la gestión, al mismo tiempo que el jefe de los populares, Feijoo, le reclama a Sánchez esa declaración que sus presidentes territoriales no piden y que el ministro no da si no se la reclaman expresamente.
La pretendida defensa de las competencias autonómicas en este caso, como sucedió con la DANA, casan mal con la comprensión del problema por el ciudadano cuando se tiene un muro de fuego a las puertas de tu casa o cuando ni siquiera se tiene casa porque se la ha llevado la riada. Y por eso la norma puede ser muy buena, el plan útil, los procedimientos eficaces y los medios y recursos los adecuados dentro de la disponibilidad existente que haya permitido un presupuesto. Lo que no es bueno, útil, eficaz ni adecuado es un político que se encastilla en un no pedir lo que precisa porque cree que queda en evidencia, tanto como quien lo hace en un soberbio no dar lo que otros necesitan si no se lo piden como se lo tienen que pedir.
Reducir y paliar los efectos de una DANA, o prevenir y extinguir incendios, como, en general, resolver cualquier entuerto que concurra, viene siendo ya casi tan urgente y necesario como evitar este tipo de políticos absurdos y nefastos, perjudiciales como el desastre mismo que deberían gestionar de manera coordinada y leal, con ellos mismos y con todos los ciudadanos.
