Cuando el silencio deja de ser un derecho y empieza a ser un privilegio
Hay derechos que nacieron con una intención noble y terminaron convertidos en un refugio para quienes menos lo merecen. El derecho a no declarar en un juicio es uno de ellos. Sobre el papel suena impecable: proteger a cualquier persona de ser obligada a incriminarse. En la práctica, sin embargo, se ha transformado en un escudo perfecto para que el delincuente profesional, el corrupto de despacho o el agresor más despiadado se esconda detrás del silencio mientras la sociedad observa impotente.
Porque seamos sinceros: ¿qué siente un ciudadano honrado cuando ve a alguien acusado de robar dinero público —dinero que sale de sus impuestos— acogerse a ese “derecho” como si fuera un premio? ¿Qué sienten los padres de una víctima de agresión sexual cuando el acusado decide callar, mirar al suelo y esperar a que su abogado haga el trabajo sucio? ¿Qué justicia es esa que permite que el verdugo se proteja mientras la víctima tiene que revivir su dolor una y otra vez?
Nos han repetido que este derecho es una garantía democrática. Y lo es. Pero también es cierto que se ha convertido en un privilegio que, en demasiados casos, solo beneficia a quien ha hecho del delito su forma de vida. El ciudadano honrado no necesita callar. El que actúa de buena fe no teme explicar lo que ha pasado. El silencio, en cambio, se ha vuelto una herramienta estratégica para quienes saben que hablar solo puede empeorar su situación.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿deberíamos revisar este derecho constitucional? No para eliminarlo, sino para adaptarlo a una realidad donde la picaresca jurídica ha superado con creces la intención original del legislador. No podemos seguir aceptando que el sistema proteja más al acusado que a la víctima. No podemos seguir normalizando que el silencio sea una ventaja procesal mientras la sociedad entera soporta las consecuencias.
Pero claro, esta reflexión, dicha por un ciudadano cualquiera, parece casi una utopía. Porque quienes deberían impulsar este debate —los que legislan, los que gobiernan, los que llevan décadas moviéndose entre despachos y favores— son precisamente los primeros interesados en que nada cambie. ¿Cómo van a cuestionar un privilegio que, llegado el día, podría protegerlos a ellos mismos?
La ciudadanía tiene que despertar. No para pedir venganza, sino para exigir coherencia. Para reclamar un sistema que no trate al delincuente como un sujeto vulnerable y al ciudadano honrado como un espectador resignado. La justicia no puede seguir siendo un escenario donde el silencio pesa más que la verdad.
Si queremos un país donde la ley sea realmente igual para todos, tendremos que empezar por desmontar los privilegios disfrazados de derechos. Y este, el derecho a no declarar, es uno de los más urgentes de revisar.