Ceuta: el espejo roto de un Gobierno sin respuesta

Si existe un episodio capaz de desnudar la forma de gobernar de Pedro Sánchez y de su Gobierno, ese es la crisis migratoria de Ceuta. Después de dieciocho días de una situación que desborda a la ciudad, seguimos esperando una respuesta eficaz del Ejecutivo. Y, a estas alturas, la pregunta ya no es cuánto tardará en reaccionar, sino cuánto tiempo más está dispuesto el presidente a dejar pasar antes de asumir plenamente su responsabilidad.

Porque lo que estamos viendo no parece un simple problema de gestión. Es algo más profundo: una forma de afrontar las crisis basada en esperar, minimizar, buscar explicaciones y, cuando es posible, trasladar la responsabilidad a otros. Y, en este caso, la responsabilidad empieza, inevitablemente, por Pedro Sánchez.

A su alrededor se ha instalado una dinámica preocupante. Su particular «Loro Parque» gubernamental parece funcionar con una disciplina casi perfecta: ministros y cargos que repiten el mensaje oficial, defienden el relato establecido y rara vez se apartan de las directrices marcadas desde la Moncloa. Podríamos llamarlos «correveidiles» o, si se prefiere la ironía, «IBM»: individuos bajo mando.

El problema no es la disciplina de partido, perfectamente legítima. El problema aparece cuando esa disciplina sustituye al criterio propio y cuando las siglas PSOE y la fidelidad al líder terminan pesando más que el interés nacional y colectivo.

Un Gobierno necesita ministros con criterio, no simples transmisores de consignas. Personas capaces de decirle al presidente que una estrategia no funciona, que una decisión es equivocada o que una situación exige actuar de otra manera. Cuando nadie dentro del Ejecutivo parece dispuesto a hacerlo, la disciplina deja de ser una virtud y empieza a convertirse en subordinación.

Ceuta ofrece un ejemplo especialmente evidente. Mientras la presión migratoria desborda los recursos disponibles, el Gobierno sigue apelando a la colaboración de un «socio fiable», Marruecos, mientras evita afrontar con claridad la dimensión política del problema. Y cuando una ministra como Mónica García define la situación como un «sobreesfuerzo», en lugar de reconocer la gravedad de la presión migratoria, cabe preguntarse si también se pretende controlar las palabras para no tener que afrontar la realidad.

La gestión de los recursos tampoco ayuda. Las 1.500 carpas anunciadas por la ministra Saiz, cuya llegada se demora cuando la emergencia lleva ya dieciocho días, son mucho más que un problema logístico. Son el reflejo de una Administración que reacciona tarde ante una situación que exige rapidez, coordinación y capacidad de anticipación. Cuando el problema avanza más deprisa que la respuesta del Estado, algo falla. Y cuando la respuesta no llega, aparece el recurso habitual: buscar a quién responsabilizar. En este caso, al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, al que se reprocha una supuesta falta de medidas cuando muchas de las herramientas necesarias para afrontar una crisis de esta naturaleza dependen precisamente del Estado.

Se pretende que una administración local resuelva con competencias y recursos limitados un problema que, por su dimensión, afecta directamente a la política nacional, a la seguridad fronteriza y a las relaciones internacionales. Es difícil no ver en ello una forma de pasar la pelota: si el Gobierno no puede resolver el problema, al menos puede intentar que parezca que la responsabilidad es de otro.

Pero quizá la cuestión más demoledora no esté únicamente en lo que ocurre en Ceuta, sino en lo que ocurre dentro del propio Gobierno. El problema no es solo que el Ejecutivo no actúe. Es que parece haber construido un sistema político en el que nadie quiere ser quien diga que no se está actuando. Y quien se atreve a hacerlo, quien osa cuestionar al líder o apartarse del discurso oficial, sabe que puede enfrentarse a un expediente disciplinario y, en última instancia, a la expulsión del partido. Cuando discrepar puede tener un precio político tan elevado, la obediencia deja de ser una elección y empieza a parecer una obligación.

Pero un ministro no debería estar para decir lo que el presidente quiere escuchar. Debería estar para decirle, cuando sea necesario, aquello que necesita escuchar. Y un diputado no debería tener que elegir entre su conciencia y la disciplina de unas siglas.

Mientras tanto, en Ceuta se viven las consecuencias reales de esa falta de respuesta. Allí no hay argumentarios, eufemismos ni estrategias de comunicación. Hay una ciudad que soporta la presión, unos servicios públicos que necesitan recursos y una frontera que requiere decisiones.

Ceuta se ha convertido así en el espejo de una determinada forma de gobernar: cuando el problema es incómodo, se retrasa la respuesta; cuando la realidad contradice el relato, se cambia el lenguaje; y cuando la responsabilidad resulta demasiado pesada, se busca a quién trasladársela. El problema, por tanto, no es únicamente la inacción. Es que parece haberse creado un sistema en el que resulta más peligroso discrepar que equivocarse.

Y aquí conviene detenerse. Porque una democracia necesita gobiernos capaces de equivocarse, rectificar y asumir responsabilidades. Pero necesita también dirigentes capaces de ejercer su propio criterio y poner el interés general por encima de las siglas y de la conveniencia del líder.

Cuando un partido consigue que sus representantes teman más las consecuencias de discrepar que las de permanecer callados ante una mala decisión, la disciplina política empieza a convertirse en otra cosa. Y esa otra cosa debería preocuparnos a todos, independientemente de nuestras siglas.

Ceuta no necesita más discursos ni más excusas. Necesita un Gobierno que gobierne, ministros que decidan y responsables políticos capaces de asumir las consecuencias de sus decisiones. Porque, al final, la cuestión no es solo quién gobierna. La verdadera cuestión es quién «gobierna» sin gobernar: quién ocupa el poder, administra el relato y reparte responsabilidades, pero deja que los problemas se acumulen mientras espera que otro termine resolviéndolos.

Y entonces volvemos a la pregunta que quizá más debería preocuparnos: ¿quién se atreve a decirle al que gobierna que, en realidad, no está gobernando?