El pacto, articulado mediante seis enmiendas transaccionales, permitirá que la proposición de ley —presentada por Junts hace más de un año y congelada en la Comisión de Justicia— llegue finalmente al primer pleno parlamentario de febrero de 2026, con visos de aprobación amplia.
Un objetivo: atajar los hurtos reiterados y las estafas leves
La reforma propone modificar la tipificación actual de la reincidencia para que los delitos leves repetidos, como los hurtos de pequeño valor —entre ellos el robo de teléfonos móviles— puedan castigarse con penas de entre 1 y 3 años de prisión.
Hasta ahora, la multirreincidencia solo se aplicaba cuando la suma de los objetos sustraídos superaba los 400 euros o cuando los delitos presentaban cierta gravedad.
El nuevo texto elimina ese umbral económico y desplaza el foco hacia la reiteración delictiva, dando respuesta a una preocupación creciente entre los consistorios y la ciudadanía, especialmente en Cataluña, donde tanto Mossos como alcaldes han reclamado reformas.
Además, el acuerdo incorpora cambios en las estafas leves repetidas, así como en algunos delitos relacionados con el tráfico de drogas a pequeña escala, como el conocido “petaqueo”.
Una geometría variable que sorprende al Congreso
El pacto entre PP, PSOE y Junts llega en un momento de alta tensión política y rompe temporalmente las dinámicas de bloques. Para el Gobierno, supone recuperar un espacio de diálogo con Junts después de meses de enfrentamiento. Para el PP, es la oportunidad de impulsar una agenda de seguridad ciudadana que considera prioritaria. Y para Junts, el acuerdo certifica que el Ejecutivo está dispuesto a atender una de sus exigencias más reiteradas.
Al pacto podrían sumarse otras formaciones como PNV o Vox, que ya han mostrado sintonía con el endurecimiento penal, lo que anticipa una aprobación holgada.
Las críticas, sin embargo, no han tardado. EH Bildu y Podemos rechazan lo que consideran un “endurecimiento punitivo sin diagnóstico social”, mientras algunas organizaciones especializadas advierten que elevar las penas no resolverá por sí solo los problemas estructurales que hay detrás de la delincuencia reiterada.
Impacto directo: qué cambiará para el ciudadano
De aprobarse definitivamente, la reforma supondrá que los hurtos leves cometidos de manera repetida podrán derivar en ingreso en prisión, algo excepcional en la legislación actual. El umbral de 400 euros dejará de ser referencia para establecer reincidencia. Los robos de móviles y objetos de uso cotidiano, aunque de bajo valor, podrán castigarse con mayor severidad si hay antecedentes. Se amplía la capacidad de los jueces para valorar la peligrosidad o habitualidad del infractor.
El impacto será visible en ciudades donde la multirreincidencia se ha convertido en un debate permanente, como Barcelona, donde el 2024 y 2025 dejaron cifras especialmente significativas de hurtos repetidos.
Un acuerdo que contenta a todos y espabila a los demás
Más allá de su contenido penal, el pacto tiene un claro efecto político: abre una ventana de cooperación inesperada entre tres partidos enfrentados en casi todo lo demás. A dos meses del pleno decisivo, el Congreso se prepara para un debate de fondo: hasta qué punto el endurecimiento de penas es la respuesta adecuada para afrontar un problema que mezcla factores policiales, judiciales, sociales y económicos.
La reforma, aunque avalada por una mayoría amplia, volverá a situar el foco sobre la seguridad ciudadana, uno de los temas que más preocupan a la población y que, de nuevo, reconfigura alianzas en la política española.
Con esta iniciativa, Junts obliga a PSOE a desencallar una iniciativa que tenía aparcada, con el propósito de seguir manteniendo su frágil alianza semi rota, mientras se adelanta a una de las peticiones estrella de Aliança Catalana de Silvia Orriols. El PP, entre tanto, demuestra a Junts que es capaz de moverse en ese terreno fangoso a la vez que avisa a Vox que para avanzar hay que pactar. Y, el PSOE de Sánchez, en el fondo contenta a sus alcaldes socialistas de las grandes capitales como Barcelona y a los postconvergentes de Junts mientras pone una pieza más encima del tablero de la propaganda preelectoral.
