La mañana del 6 octubre de 1934 el President de la Generalitat, Lluís Companys, levantó en armas a Cataluña contra la propia II República en lo que se presentó como acto de autogobierno y de protesta ante la entrada de ministros derechistas en Madrid. Pero realmente fue un golpe institucional, ilegal y militarizado que estableció toques de queda y organizó milicias armadas. La intentona duró apenas horas y concluyó con el arresto del mismo Companys. En ese episodio, las sentencias de entonces fueron duras: la justicia republicana lo acusó de rebelión, condenándolo a treinta años de reclusión. El propio Manuel Azaña condenó la insubordinación de Companys, señalando que su “deber moral y legal” era mantener la lealtad al gobierno central.
Ese acto se recuerde apenas hoy por quienes añoran aquella República como una anécdota. Pero lo cierto es que Companys desatendió las leyes democráticas de 1934 y puso en peligro la estabilidad del régimen republicano. Y no fue un arrebato de un joven idealista: Companys llevaba años en política y conocía perfectamente de las consecuencias de un levantamiento. Juzgado y encarcelado, solo permaneció en prisión hasta 1936, siendo amnistiado tras la victoria del Frente Popular. Muchos actualmente, sin embargo, callan este pasado porque no encaja con la imagen del mártir inocente.
Companys volvió a presidir la Generalitat catalana durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, cuando Cataluña quedó casi en su totalidad bajo control republicano, viviéndose en la retaguardia un caos salvaje. Durante aquellos años proliferaron las llamadas “checas” – prisiones clandestinas manejadas por militantes anarquistas, comunistas y otros grupos afines a la Generalitat – donde cientos de personas fueron torturadas y ejecutadas sin proceso alguno, como han revelado documentos y testimonios posteriores. Así, bajo el gobierno de Companys, se suministraron armas a patrullas callejeras que ajusticiaban sospechosos de simpatizar con el bando franquista o simplemente de oponerse a la revolución: obreros, funcionarios, e incluso republicanos moderados considerados desleales. Con total impunidad.
Más trágica fue la persecución anticlerical, con más de 2.400 religiosos asesinados en Cataluña en esos años. Aunque Companys no mandara personalmente cada pelotón ni ordenara cada incendio de edificio religioso, sabemos que como máxima autoridad en Cataluña jamás movió un dedo por evitarlos. Muy al contrario, trató a anarquistas y comunistas como aliados incondicionales, dándoles alas para reprimir sin límite y sin control alguno de las fuerzas de seguridad oficiales.
El caos de la contienda lo aprovechó Companys también para sus propios fines políticos: en plena contienda civil llegó a plantear una tregua sólo para Cataluña, dejando a la República fuera del pacto. El episodio a recordar es el intento de Companys de entablar negociaciones con el bando franquista, en junio de 1938 a través de Josep Mª Batista i Roca en Gran Bretaña para negociar ese armisticio particular, lo que demuestra lo “incondicional” de su posición en el bando republicano frente al sublevado. Negrín y el propio Azaña se sintieron traicionados: “(la Generalitat de Companys) ha vivido en franca rebelión e insubordinación, aprovechándose del levantamiento de julio y la confusión posterior” (Azaña); “no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino” (Negrín).
Con la llegada de la democracia, sin embargo, todo se reinterpretó y se olvidaron estos pasajes de la historia y actividad política de Lluís Companys para enarbolar la bandera del mártir catalán. A partir de los años 80 del siglo pasado, ayuntamientos y Generalitat dedicaron monumentos, calles, edificios, y hasta un estadio olímpico, a su nombre. El mensaje oficial aceptó así una visión parcial, sesgada e interesada de un político que nunca fue ejemplar, sino todo un compendio de, al menos, luces y sombras.
Es comprensible que Cataluña quiera defender su identidad mediante símbolos fuertes, pero el culto a Companys raya en la complacencia histórica. Su imagen pública es hoy intocable e irrefutable como si se tratara de un dogma de fe. Se obvia así un tiempo de represión que se dirigió fundamentalmente contra civiles en la retaguardia que podrían llegar a más de 25.000, incluso entre ellos miles de víctimas del propio bando leal a la República. Su fusilamiento por el franquismo, sin embargo, ha hecho de él un símbolo indiscutible que convierte en tabú cualquier referencia a sus responsabilidades.
Que el castillo de Montjuic sea hoy, por haber sido fusilado allí Companys en 1940, lugar de memoria de quien permitió, cuando no ordenó directamente, la muerte en el mismo espacio y también a tiros de miles de sus conciudadanos, es todo un símbolo no de memoria, sino de confusión histórica, porque su sangre allí se mezcló con la de quienes antes fueron sus víctimas, directas o indirectas. Y por ello deberíamos tener claro que ensalzar a un personaje como Lluís Companys sin respeto a la historia, a toda la historia, no sirve realmente para contrarrestar a los fanáticos de la derecha. Es olvidar a las víctimas de la izquierda que también lo fueron de Companys durante su gobierno. La verdadera lealtad histórica implica contar todos los hechos, y no solo los más convenientes a un relato interesado por su sesgo.
La verdad es conocer. Y conocer es saberlo todo: lo bueno y lo malo. Y cuando la memoria depende de la verdad, hay que conocerla por completo para saber qué queremos y debemos recordar.
