En España tenemos la costumbre de convertirnos en auténticos expertos en todo aquello que, de repente, nos pone delante la posibilidad de opinar. Y por eso no ha sido raro que, de pronto, las tertulias en todos los medios de comunicación, las columnas de opinión y los perfiles más variopintos en las redes sociales, se hayan llenado de opinadores sobre el proceso penal, los indicios y las pruebas, la interpretación de las declaraciones testificales o hasta la relevancia del secreto profesional periodístico. Opinadores capacitados fundamentalmente por la posición ideológica de quien habla o escribe. En menor medida por haberse formado debidamente en una rama del Derecho tan específica como la que trata de los delitos y las penas.
Miren: no sé lo que sentenciará el Tribunal Supremo. En el fondo tampoco me vuelve loco el resultado de lo visto y oído. No creo, personalmente y por lo que he seguido la noticia, que haya una prueba directa absoluta sobre la culpabilidad de García Ortiz, aunque sí creo que hay suficientes indicios más que razonables como para condenarlo si se estima por el tribunal, sin el menor resquicio de duda y a partir de los mismos, que fue él quien filtró una información que no podía ser filtrada. No me corresponde tomar esa decisión, obviamente, pero como tampoco le compete al Presidente del Gobierno asegurar la inocencia de su Fiscal General ni a la mayoría de los españoles, a través de ninguna encuesta como las que algún diario ha publicado, condenarlo.
Y es que el verdadero problema de todo este lío del juicio a la Fiscalía General del Estado es que lamentablemente se ha conseguido que no sea a un señor llamado Ávaro García Ortiz a quien se juzga, sino a toda la institución que él representa y encarna, porque así lo han pretendido desde el propio acusado y su defensa hasta el Gobierno, e incluso quienes han mantenido las acusaciones particulares. Porque al final ese ha sido el objetivo de todos los participantes: defenestrar a un fiscal al que Sánchez identificó como su dependiente o ensalzar a un fiscal que ha venido a desmontar los inventos del jefe de prensa de Isabel Díaz Ayuso. Y es que ese es el gran daño causado por la política a una institución que en esencia debe estar totalmente desideologizada y ser ajena a cualquier posición partidista: darle un sesgo partidista. No en vano dice la ley que regula el estatuto del Ministerio Fiscal que su función es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, velando por la independencia de los Tribunales y procurando ante estos la satisfacción del interés social. Como ven, difícil si no imposible tarea en este caso…
El promover la acción de la justicia es un compromiso que ya sabemos que no se va a cumplir desde la perspectiva de quien pierda el envite, porque la primera crítica que escucharemos por parte de quien no vea reflejada en la sentencia del Tribunal Supremo la absolución o la condena que persigue será la de que es una resolución injusta. No tengan duda de que ahí estará el primer reproche. Otra cosa es que el concepto de lo justo sea el mismo para todos y en todos los casos.
Como, desde luego, nadie se ha preocupado en este proceso, ni en su fase final de juicio ni en las previas, de los derechos de los ciudadanos, que es el bien a proteger. Porque lo único cierto es que alguien, y no sé si habrá sido Álvaro García Ortiz, directa o indirectamente, ha hecho algo que no podemos negar ni olvidar que ha pasado: la información sobre las negociaciones de un ciudadano con la Fiscalía ha sido divulgada y hecha pública cuando es confidencial y secreta. Y nada que ver con referirnos a un señor que tiene una relación con un cargo político como es la Presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que ese derecho le asiste exactamente como a usted o a mí. Y, sin embargo, lo único que está claro en todo este asunto es que lo que el abogado de alguien hablaba con un fiscal lo hemos sabido todos cuando nunca debió ser así. Y lo peor: eso nos puede pasar a cualquiera.
Por tanto, se han vulnerado derechos muy importantes, y aunque la sentencia absuelva a García Ortiz, lo que es evidente es que desde su entorno institucional se filtró una información confidencial, algo totalmente irregular hasta el punto de constituir un delito, más allá de que a través de este juicio se vaya a saber, y a declarar, si el acusado es el responsable o no.
Pero escuchar a miembros de la misma institución, a dos fiscales como la Fiscal Superior de Madrid Almudena Lastra y a la Fiscal Jefe Provincial de Madrid Pilar Rodríguez mantener como testigos, esto es, bajo juramento, versiones diametralmente contradictorias sobre las conversaciones mantenidas entre ellas, como igualmente sucedió entre el testimonio de Lastra y la declaración de García Ortiz sobre sus conversaciones telefónicas, ha sido un más que lamentable espectáculo. Y lo es porque para alguien como un servidor, profesional del Derecho que por mi trabajo he de sentarme de vez en cuando frente o junto a un miembro de la Fiscalía, contemplar cómo alguno de esos fiscales, si no los tres, miente abiertamente ante un tribunal es deplorable. Sobre todo, porque quien haya mentido lo ha hecho conscientemente. Y eso es casi irreparable.
Se enjuicia a un señor vestido con toga con puñetas de encaje, pero sea cual sea el resultado, todos hemos sido ya de alguna manera condenados a perder muchos de nuestros derechos en un sistema manoseado por quienes deberían estar defendiéndolo y protegiéndolo: para defender y proteger a los ciudadanos.
