Faltaba un detalle quizá menor, como el de la polémica por las altas temperaturas estivales y la falta de climatización en las aulas y las salidas de tono de PP y Vox en la Asamblea de Madrid, pero ha sido quizá la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la comunidad educativa ante algo más que la simple dejadez: el desprecio por las condiciones en las que se educa. O lo que es lo mismo, la constatación de que se ha llegado a un punto de muy difícil relación de las expectativas del sector con la realidad de las limitaciones presupuestarias y la rigidez burocrática e institucional. Un punto en el que el calor y el aparente pitorreo de los políticos desde sus despachos y plenos con aire acondicionado sienta pero que muy mal.
"Gobiernos autonómicos de distinto signo ideológico enfrentan el mismo problema en un contexto de protestas muy similar"
En los últimos cursos, el malestar del profesorado ha emergido con fuerza por varias razones simultáneas: por un lado, por la sensación generalizada de pérdida de poder adquisitivo tras años duros de inflación; por otro lado, por las condiciones laborales que no han mejorado al ritmo esperado en un servicio público esencial debido a las ratios elevadas, el exceso de burocracia, la alta temporalidad y la falta de recursos de apoyo. A todo eso ha de sumarse un elemento menos visible, pero no por ello menos relevante: el evidente aumento de la complejidad de las aulas, con más diversidad de necesidades educativas y sociales que exigen mayor acompañamiento individualizado al alumno e, incluso, al profesor.
Pero la falta de financiación adecuada de este servicio universal no puede tenerse como el único problema. Tampoco la voluntad política, o el carecer de la misma, de determinados Gobiernos dependiendo de su color político. Es más, quizá lo más llamativo del panorama hoy es que gobiernos autonómicos de distinto signo ideológico enfrentan el mismo problema en un contexto de protestas muy similar.
Si actualmente los conflictos más patentes se dan en Comunidad Valenciana y en Cataluña, cuyas competencias autonómicas, casi absolutas, en materia de educación se gestionan desde el PP en el primer caso y desde el PSC en el segundo, puede concluirse de manera obvia que la educación pública española opera dentro de un marco de problemas y conflictos estructurales común ajeno al color de la administración competente, y que se materializa en una financiación extremadamente condicionada, una normativa estatal compartida pero ineficaz, unos sistemas de función pública rígidos, totalmente burocratizados, y un margen de maniobra presupuestaria muy limitado por múltiples prioridades sociales que así se entienden en detrimento de la educación.
La prueba de ello es el reciente anuncio del profesorado en la Comunidad de Madrid, donde igualmente con un Gobierno del PP, y frente al mismo, el profesorado ya anuncia movilizaciones y paros a la vuelta del verano. Es más: en Madrid se avecina, en principio, una protesta que saltará al ámbito de las universidades, más allá de la educación obligatoria y bachillerato, que comparten con esos niveles problemas similares de infrafinanciación y estructuras obsoletas, con el añadido de ser el problema que Ministerio y Consejería se tiran mutuamente como arma arrojadiza, sin visos de esfuerzo alguno por dar soluciones.
"Contratar profesorado, reducir ratios o reformar estructuras se muestran como obras titánicas que requieren años, y no los meses que dura un curso escolar"
Así las cosas, el incremento en inversión educativa no siempre se ha traducido en mejoras proporcionales y reales, dado que una parte significativa de esos recursos adicionales se ha dirigido a financiar el modelo existente (salarios, sustituciones, costes de suministros energéticos en centros o actualización de precios en contrataciones). Además, otra parte se pierde en los laberintos insondables de procesos administrativos o en programas educativos que, aunque anunciados como de gran utilidad y necesarios, no han transformado visiblemente la realidad en los centros y las aulas.
Incluso habiendo voluntad política por parte de los gobiernos autonómicos, su capacidad de ejecutar las reformas previstas se ha demostrado desesperadamente lenta cuando no inexistente, porque contratar profesorado, reducir ratios o reformar estructuras se muestran como obras titánicas que requieren años, y no los meses que dura un curso escolar.
"Las reformas necesarias del modelo educativo no pueden por ello basarse en no hacer nada ni, desde luego, en atacar por acción o por omisión a la escuela pública"
El resultado es de este modo un escenario en el que cada año se anuncian y comprometen mayores inversiones, pero con una percepción de mejora limitada e insuficiente, con el consiguiente efecto frustrante tanto en la sociedad en general como en el sector educativo en particular. Y de ahí al conflicto laboral solo hay un paso, el que ya se ha dado en la Comunidad Valenciana y Cataluña, y el que se ve próximo en otras comunidades autónomas, como Madrid, en el horizonte del curso 2026/2027.
Las reformas necesarias del modelo educativo no pueden por ello basarse en no hacer nada ni, desde luego, en atacar por acción o por omisión a la escuela pública, sino en ser realista ante el problema reconociendo la educación como un bien público esencial, cuyo mantenimiento depende tanto de la financiación como de la calidad y la eficacia en su gestión.
"No se trata solo de apoyar a los docentes en el conflicto actual, sino de permitir y fomentar su participación real y efectiva en la implementación de soluciones "
En primer lugar, es absolutamente necesario e ineludible avanzar hacia un pacto a nivel estatal sobre financiación educativa que la garantice de manera estable, continuada y plurianual, con la perspectiva temporal suficiente, reduciendo así la incertidumbre presupuestaria interanual e incluso entre legislaturas, máxime en situaciones incomprensibles como la actual de ausencia de presupuestos generales, tanto estatales como en algunas comunidades autónomas. Porque ha de reconocerse que la educación es una inversión a medio y largo plazo que necesita tiempo para producir efectos. Y sin continuidad financiera cualquier mejora se diluye y prácticamente desaparece.
En segundo lugar, resulta imprescindible trabajar en la mejora de la eficiencia del sistema de recursos humanos en el sector, agilizando y asegurando la estabilización del profesorado interino, flexibilizando la cobertura de sustituciones en caso de bajas y vinculando inventivos económicos a la permanencia de los docentes en centros con mayores dificultades. Porque cuidar al profesor con una gestión justa y adecuada es la mejor inversión para garantizar la calidad en la prestación de su labor formativa.
En tercer lugar, es perentorio reducir la burocracia administrativa que los profesores deben asumir actualmente de manera acumulada, mediante una digitalización que permita la liberación de tiempo docente real. Porque la innovación no puede ser ajena a las aulas o limitarse a solo sustituir cuadernos y pizarras por pantallas.
Y en cuarto lugar, los centros educativos deben poder avanzar decididamente hacia una mayor autonomía en su gestión y funcionamiento al tiempo que se debe reforzar rigurosamente su evaluación mediante criterios objetivos. Porque sin evaluación real, la autonomía puede generar desigualdad, pero sin autonomía, la simple evaluación produce rigidez. Y por ello ese equilibrio es clave, y debe manifestarse en mecanismos de rendición de cuentas como los que exigiríamos en cualquier otro servicio público, midiendo no solo el gasto, sino el impacto real en aprendizaje, equidad y bienestar del alumnado.
El objetivo es, precisamente, reducir la brecha entre el modelo educativo excelente al que aspiramos y la realidad de unos compromisos que no alcanzan los objetivos planteados desde hace décadas. Y por eso no se trata solo de apoyar a los docentes en el conflicto actual, sino de permitir y fomentar su participación real y efectiva en la implementación de soluciones que no supongan, como siempre, la confirmación de que el próximo curso seguirá todo igual. De mal. A todos los niveles y en todas las comunidades autónomas.
