La manifestación central, convocada por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se celebró en Málaga bajo un lema amplio: “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. Un lema que, más que fijar un eje, lo expande. Y en esa expansión cabe todo: reivindicación laboral, agenda social y posicionamiento político. No es casual que, junto a la pancarta oficial, convivieran consignas como “No a la guerra” o “No al fascismo”. El resultado no es una suma, sino una dispersión.
El contraste con la realidad laboral es difícil de ignorar. España sumó 231.500 parados en un trimestre y destruyó 170.300 empleos netos, el peor arranque de año desde 2013. Con una tasa de paro por encima del 10,8% y una incorporación juvenil cada vez más débil, cabría esperar un 1 de mayo centrado, casi de forma obsesiva, en el empleo. Pero no fue así.
Y aquí aparece una segunda capa del problema: la escenografía. La imagen de Yolanda Díaz y María Jesús Montero encabezando la manifestación introduce una contradicción de fondo. No se trata de cuestionar su presencia, sino su significado. Y ese significado se amplifica por el contexto: la movilización se celebró en Málaga, en plena antesala electoral en Andalucía, con la participación de la ministra y de quien hoy es candidata a la Junta.
En ese marco, la escenografía deja de ser neutral. Se convierte, de facto, en un gesto de apoyo —tácito y también explícito— a un espacio político concreto. Y ahí se abre otra grieta: cuando los sindicatos aparecen alineados con una parte, dejan inevitablemente de representar al conjunto.
Porque cuando el contrapoder —los sindicatos— marcha junto al poder político al que debería interpelar, la lógica reivindicativa se desdibuja. La protesta pierde filo. Deja de ser presión para convertirse en escenificación. Cuando el contrapoder camina junto al poder, la reivindicación corre el riesgo de convertirse en ceremonia.
Esa pérdida de tensión no es solo simbólica. Tiene raíces estructurales. El papel actual de los sindicatos no se entiende sin abordar el elefante en la habitación: su modelo de financiación. Cuando más del 60% de los ingresos de CCOO y UGT procede de subvenciones públicas y de la gestión de formación bonificada, la autonomía se resiente.
No es una cuestión de intenciones, sino de incentivos. Si la estabilidad de la organización depende en gran medida del BOE, la confrontación sostenida con el Gobierno —sea del signo que sea— se vuelve más difícil. Y en ese contexto, el desplazamiento del discurso hacia terrenos más políticos o simbólicos no es una anomalía, sino una deriva coherente con ese modelo.
A partir de ahí, el círculo se completa. Los trabajadores más expuestos a la precariedad —jóvenes, temporales, empleados de pequeñas empresas— no se sienten representados y permanecen al margen de la afiliación. Esa falta de base refuerza la dependencia de recursos públicos, que a su vez limita la capacidad de recuperar un perfil más combativo y centrado en lo laboral.
El resultado es una desconexión creciente entre la representación sindical y la realidad del mercado de trabajo. Mientras los problemas evolucionan —baja productividad, costes de contratación, desajuste formativo—, las respuestas siguen ancladas en esquemas conocidos, eficaces en el plano político, pero menos en el económico.
Y en ese vacío, otros actores ganan protagonismo. En los momentos críticos, las negociaciones clave se producen directamente entre Gobierno y patronal, con unos sindicatos que han ido perdiendo centralidad no tanto por exclusión como por desgaste.
