No se trata solo de una cifra aislada. Desde 2018, distintos informes contabilizan más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones, muchas de ellas silenciosas: actualizaciones catastrales, no deflactación del IRPF o incrementos indirectos que apenas ocupan titulares pero sí vacían bolsillos. El resultado es claro: el esfuerzo fiscal crece, pero la percepción de retorno se debilita.
La clave no está solo en cuánto se paga, sino en para qué. Sobre el papel, los impuestos sostienen servicios públicos, cohesionan el país y protegen a los más vulnerables. Pero ese relato se resquebraja cuando la actualidad política se ve atravesada por escándalos, sospechas y comportamientos que erosionan la credibilidad de quienes gestionan ese dinero.
“La corrupción no puede parecer normal”, afirmó José Luis Ábalos. La frase es incontestable. Pero el problema no es la frase, sino la distancia entre lo que se dice y lo que se percibe. Porque lo que ve el ciudadano es una sucesión de episodios que apuntan siempre en la misma dirección: opacidad, redes de favores y una utilización de lo público que levanta serias dudas. Puestos en empresas públicas que no se cubren pero se presupuestan, estructuras sobredimensionadas, cargos que responden más a afinidades que a necesidades reales. Todo ello sostenido con dinero de todos, mientras las responsabilidades políticas siguen sin asumirse.
En ese contexto, la subida de impuestos adquiere otro significado. Ya no se percibe como una contribución al bien común, sino como una obligación sin retorno claro. El problema no es solo pagar más; es la sospecha de que una parte de ese dinero se pierde por el camino o se utiliza de forma indebida. Y esa sospecha, cuando se instala, es devastadora.
“Cada subida de impuestos exige ejemplaridad; cada caso de corrupción la destruye.”
Mientras tanto, el patrón se repite: estalla el escándalo, se niega, se minimiza y, finalmente, se espera. Se espera a que pase. Y casi siempre pasa. Sin dimisiones, sin asunción de responsabilidades, sin una rendición de cuentas que esté a la altura de lo ocurrido.
Ese circuito de impunidad tiene un efecto directo sobre la percepción de los impuestos. Cada nuevo caso no solo erosiona la confianza política; erosiona también la legitimidad del esfuerzo fiscal. Porque cuando quien administra no responde, quien paga empieza a cuestionar no solo la gestión, sino la propia obligación.
Así, la corrupción deja de ser un problema aislado para convertirse en un factor estructural que contamina la relación entre el ciudadano y el Estado. Ya no se trata únicamente de cuánto se paga, sino de si merece la pena seguir confiando en cómo se gestiona ese dinero.
Ese es el verdadero problema: la normalización. No de la corrupción en sí, sino de sus consecuencias —o más bien, de su ausencia—. Cuando no pasa nada, todo empieza a parecer aceptable. Y cuando todo parece aceptable, el sistema deja de funcionar como debería. Porque los impuestos no son solo una obligación fiscal; son un acto de confianza. Y la confianza, una vez rota, no se recupera con discursos ni con más presión fiscal.
Si el ciudadano percibe que paga más mientras otros no responden por sus actos, el daño no es solo económico. Es democrático.
Y en ese punto, la pregunta deja de ser incómoda para convertirse en inevitable: ¿cuánto más se puede exigir a quien cada vez cree menos en cómo se gestiona lo que paga?
