En teoría, el moderador es una presencia casi invisible. En el Congreso, en el Parlament o en un ayuntamiento de provincia, su función es idéntica en esencia: garantizar que la palabra circule sin convertirse en arma descontrolada. Es una tarea que exige precisión de relojero. Aplicar normas sin parecer rígido, imponer orden sin protagonismo, ser neutral sin parecer distante. Aquí hay que ser o al menos parecer extremadamente “pulcro”: autoridad sin autoritarismo, discreción sin debilidad. Un equilibrio que, cuando se logra, pasa desapercibido. Y cuando no, lo ocupa todo.
La práctica, sin embargo, dibuja un paisaje más áspero. En el Parlament de Catalunya, la presidencia – hoy encarnada en Josep Rull- ha sido en múltiples ocasiones objeto de controversia, atrapada en un terreno político donde cada decisión se interpreta como un gesto cargado de intención. En el Congreso, la figura del moderador —hoy encarnada en Francina Armengol— tampoco escapa a esa tensión: cuestionada por unos, defendida por otros, pero rara vez invisible.
Y en los plenos municipales, lejos del foco mediático pero no de la intensidad, el patrón se repite con una fidelidad casi irónica. Alcaldes que deben moderar debates locales —a menudo más personales, más directos— acaban convertidos en parte del conflicto que deberían ordenar.
Es un fenómeno curioso: cuanto más necesaria es la neutralidad, más difícil parece sostenerla. Y así, el moderador deja de ser árbitro para convertirse en sospechoso habitual.
Pero hay un matiz aún más delicado —y más corrosivo—: la percepción, cada vez más extendida, de que no todos son medidos con la misma vara. Que la moderación no es uniforme, sino inclinada. Como una balanza antigua cuyo fiel se desplaza apenas unos milímetros —lo justo para no parecer escandaloso, pero suficiente para alterar el resultado—, el moderador puede caer en la tentación, o en la sospecha, de favorecer a los propios y endurecer el trato hacia quienes no se alinean.
Las interrupciones se toleran en unos, se sancionan en otros. Los excesos se interpretan como vehemencia o como falta de respeto, según quién los cometa. Y así, lo que debería ser un criterio se convierte en un clima. Resulta paradójico y es especialmente punzante que la figura encargada de garantizar la igualdad en el uso de la palabra termina, a ojos de muchos, administrando diferencias. Y todavía hay algo aún más inquietante que el conflicto en sí: su forma. Porque lo que ocurre en estas instituciones no se queda en ellas. Se filtra.
Cuando el moderador no logra —o no parece querer— contener el desorden con la misma medida para todos, el debate degenera en interrupciones, gestos airados, palabras lanzadas más que pronunciadas. El Parlament, el Congreso o el pleno del Ayuntamiento empiezan a parecerse, por momentos, a ese espacio donde importa más imponerse que entender. Y aquí aparece una imagen incómoda pero precisa: distintas escalas, mismo eco. Desde la gran política estatal hasta la discusión sobre un presupuesto municipal, el tono se uniformiza en su versión más bronca. Qué ironía!... instituciones diseñadas para ordenar la convivencia acaban reflejando su versión más desordenada.
Si quien modera no logra —o no demuestra— una equidad clara, el mensaje implícito es aún más dañino: no solo que las normas son flexibles, sino que dependen de quién las invoca. Que no hay reglas comunes, sino interpretaciones interesadas.
Da igual si se trata de un gran debate nacional o de una discusión local sobre urbanismo. La escena se repite: voces que se pisan, argumentos que se diluyen, y una sensación persistente de arbitrariedad. La neutralidad es percibida como ficción.
Quizá el mayor problema del buen moderador sea que su éxito no se ve. No genera titulares, no provoca aplausos, no se viraliza. Es, en cierto modo, una figura condenada a la ingratitud. Pero también es imprescindible. Porque sin esa presencia firme, discreta y —sobre todo— equitativa, la política corre el riesgo de deslizarse hacia algo más primario: el ruido, la sospecha, la desconfianza.
Da igual si ocurre en el Parlament, en el Congreso o en el salón de plenos de un pequeño municipio: la degradación sigue el mismo patrón, como una grieta que se repite en distintos muros. Y quizá ahí resida la clave de todo: no en exigir perfección, sino en recordar que sin alguien que sostenga la palabra para todos por igual, lo que queda no es debate. Es simplemente poder sin forma. Y ruido sin sentido.
