Ha salido a la luz un vídeo de las elecciones internas del PSOE de Madrid de 2016 para la Secretaría General, en el que se observa la introducción de una urna adicional con posterioridad al inicio del proceso. Aquel episodio terminó con la destitución del entonces secretario general del partido, hoy presidente del Gobierno.
También han circulado vídeos recientes relacionados con el juicio del llamado “caso mascarillas”, celebrado durante el mes de abril en el Tribunal Supremo y próximo a su finalización. Entre lo más relevante destacan las declaraciones del coronel Balas y agentes de la UCO, quienes apuntaron a la existencia de una organización criminal en la que determinadas figuras políticas habrían tenido un papel clave. Señalaron que, sin su intervención, muchas operaciones no habrían sido posibles y que la trama tenía capacidad para influir en distintas administraciones públicas. A ello se suman las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, considerado por los investigadores como el nexo corruptor de la red, quien describió un sistema de comisiones, pagos y favores a cambio de contratos públicos. Estos testimonios se presentan como ejemplos de lo que no debería ser ni hacer un partido político ni sus representantes.
Ante estos hechos, una parte importante de la población muestra indignación y percibe que la situación en España empeora: aumento del paro, incremento de la pobreza infantil (28,4%) y mayor inseguridad y delincuencia. Se consolida la sensación de que salir a la calle puede suponer un riesgo.
La percepción general es la de un país cada vez más desordenado, donde el desgobierno gana terreno y se cuestionan la separación de poderes y la independencia judicial. Los acontecimientos recientes ayudan a comprender este contexto: un Gobierno que no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años, que recurre de forma habitual al decreto ley y que encuentra dificultades para sacar adelante iniciativas en el Congreso, incluso con el apoyo de sus aliados. Ejemplo de ello son el decreto de prórroga de alquileres y la propuesta de blindar el aborto en la Constitución Española (art. 43 CE). El primero no salió adelante y el segundo no cuenta con los votos necesarios. De hecho, desde JxCat se ha instado recientemente a convocar elecciones, mientras que el PNV también ha expresado dudas sobre la continuidad del Ejecutivo.
Vivimos momentos delicados en los que se percibe un progresivo control de las instituciones, que afecta a organismos como el CIS, Correos, Indra, RTVE, Telefónica, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. A ello se suma la sensación de falta de respeto hacia el poder judicial, considerado por algunos como la última barrera de contención, pese a que también se señala la existencia de jueces ideologizados.
Como ejemplo, se menciona al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus críticas al juez Peinado tras actuaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Asimismo, distintas asociaciones judiciales han mostrado su preocupación por la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, orientada a reorganizar la Justicia para hacerla más eficiente mediante la sustitución de los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, junto con medidas de digitalización y optimización de recursos humanos. Sin embargo, denuncian que se han suprimido estructuras anteriores sin completar la transición, lo que está generando desorganización y demuestra que, pese a buscar rapidez y ahorro, su implantación está resultando problemática.
Otro aspecto relevante es el nombramiento de diversos cargos afines y la destitución, por parte de la fiscal general Teresa Peramato Martín, de la fiscal Almudena Lastra, quien había declarado en contra del exfiscal general Álvaro García Ortiz en el marco de acusaciones por revelación de secretos vinculadas a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se denuncia que estos movimientos responden a afinidades y no a criterios de mérito y capacidad. Paralelamente, la situación del exfiscal García Ortiz se encuentra en una fase inicial de tramitación: la solicitud de indulto ha iniciado su recorrido en el Ministerio de Justicia, mientras que el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional se halla en una etapa temprana de admisión y análisis, sin que exista aún resolución en ninguno de los dos procedimientos.
También se critica que no se respetan plenamente las leyes, que se impulsa el uso de las lenguas cooficiales (catalán, gallego y vasco) en detrimento de la lengua común, el español, y que se producen actos considerados ofensivos hacia los símbolos nacionales. Mientras que en Cataluña y el País Vasco este contexto puede entenderse en función de su realidad política, en Galicia, donde gobierna el Partido Popular, este escenario resulta más difícil de comprender y genera mayor desconcierto.
En paralelo, los partidos políticos se encuentran en campaña electoral en Andalucía, con las elecciones previstas para el 17 de mayo, mientras continúan medidas como la regularización de inmigrantes en situación irregular y la concesión de nacionalidad a descendientes de exiliados por el franquismo en virtud de la Ley de Memoria Democrática. Algunos interpretan estas actuaciones como una estrategia para influir en el censo electoral y prolongar la permanencia en el poder, en línea con declaraciones sobre la intención de gobernar ocho años más.
Ante esta situación, se plantea un posible cambio en el modelo territorial, con la eventual celebración de referéndums en Cataluña y el País Vasco, lo que podría derivar en un sistema federal o confederal, o en una España de carácter plurinacional.
Habría que añadir también el deterioro de las relaciones con países como Estados Unidos e Israel, junto con un mayor acercamiento a potencias no democráticas como China y sus aliados, lo que podría acarrear consecuencias negativas en los ámbitos político, económico, tecnológico y de seguridad.
A la vista de lo anterior, se sostiene que aún quedan jueces y fiscales imparciales, así como empresarios, autónomos y periodistas que continúan denunciando la corrupción, independientemente del gobierno de turno.
Ante estos casos de corrupción, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha recordado al Gobierno la necesidad de aplicar las medidas anticorrupción anunciadas tras el estallido del caso que afectó a José Luis Ábalos y su entorno. Entre estas medidas destacan el refuerzo de los controles en la contratación pública, una mayor transparencia y trazabilidad en las adjudicaciones, la revisión de los mecanismos de prevención de conflictos de interés, el impulso de normas de buen gobierno y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses y de los órganos de control.
Llegados a este punto, surgen varias preguntas clave que interpelan directamente a la sociedad:
¿Qué nos queda realmente a los ciudadanos?
A los ciudadanos les corresponde utilizar los mecanismos propios de un Estado de Derecho: participar en los procesos electorales, exigir responsabilidades a través del voto, reclamar transparencia a las instituciones y a los medios de comunicación, acudir a la vía judicial cuando proceda y ejercer presión cívica mediante asociaciones y la sociedad civil. No se trata de permanecer pasivos, sino de emplear activamente las herramientas democráticas para fiscalizar el poder. En este sentido, una forma de participación activa es la marcha multitudinaria convocada por la Sociedad Civil Española, que agrupa a más de un centenar de asociaciones, el próximo 23 de mayo en Madrid, de 10:30 a 12:30, con inicio en la Plaza de Colón y final en el Arco de la Moncloa.
¿Qué hacen otros países de Europa para controlar la corrupción?
Muchos países europeos cuentan con organismos independientes y especializados, como agencias anticorrupción, tribunales de cuentas sólidos y fiscalías con un alto grado de autonomía, que refuerzan el control institucional. A ello se suman normas estrictas de transparencia en la contratación pública, la obligación de declarar patrimonio e intereses por parte de los cargos públicos y la protección efectiva de los denunciantes. Este sistema se completa con auditorías continuas y un amplio acceso ciudadano a la información.
En la práctica, estas medidas se reflejan en modelos consolidados: Dinamarca y Finlandia destacan por sus elevados niveles de transparencia y una arraigada cultura de integridad pública; Suecia combina un amplio acceso a la información con controles rigurosos sobre los responsables públicos; Francia cuenta con una agencia anticorrupción específica que previene y supervisa irregularidades; Italia ha reforzado su autoridad nacional para vigilar la contratación pública; y Alemania aplica sistemas exigentes de auditoría, control parlamentario y cumplimiento normativo. En conjunto, estos países basan su eficacia en la combinación de transparencia, independencia institucional, controles efectivos y una sólida cultura de rendición de cuentas.
¿Qué se puede hacer para lograr un gobierno transparente?
Resulta esencial reforzar la independencia de las instituciones de control, garantizar procesos de selección basados en mérito y capacidad, digitalizar y hacer accesible la contratación pública, establecer límites claros a los conflictos de interés, proteger a quienes denuncian irregularidades y asegurar una rendición de cuentas efectiva. A ello se suma la necesidad de una justicia ágil e independiente y de una cultura política basada en la responsabilidad.
En definitiva, los hechos expuestos reflejan un momento de profunda desconfianza institucional, en el que se cuestionan la gestión pública, la independencia de los poderes del Estado y la transparencia en la toma de decisiones. La respuesta dependerá, en última instancia, de la capacidad de la sociedad para exigir responsabilidad, fortalecer los mecanismos de control y garantizar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.
