Entre ellos, se conmemoró el 47.º aniversario de la Constitución Española, aprobada en 1978. Los actos institucionales centraron su atención en la vigencia del texto constitucional y en su papel como fundamento de la convivencia democrática. Sin embargo, en la mayoría de las crónicas y discursos no se hizo una referencia explícita al papel desempeñado por el rey emérito Juan Carlos I durante la Transición, particularmente su apoyo al proceso de reforma política, la sanción de la Constitución y su actuación en momentos determinantes para la consolidación del sistema democrático. La omisión resulta significativa en un contexto en el que vuelve a debatirse la arquitectura institucional del Estado.
En paralelo, inmersos en pleno ciclo electoral y ante la próxima celebración de las elecciones autonómicas en Castilla y León el 15 de marzo, se multiplican las encuestas. En ellas se apunta a una caída del PSOE, al mantenimiento del PP y al auge de Vox, como ya ocurrió en Extremadura y Aragón, y como algunos analistas consideran que podría repetirse en las próximas elecciones andaluzas. Este escenario electoral introduce un elemento adicional de tensión en el debate sobre el futuro modelo territorial.
Proyectando esos resultados hacia unas previsibles elecciones generales en 2027, y ante una posible disminución de apoyos, el Gobierno del PSOE estaría, según determinadas interpretaciones, favoreciendo la proyección nacional de Gabriel Rufián, representante de ERC, con el objetivo de articular un espacio que aglutine a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. En este contexto, el diputado independentista ofreció la pasada semana una conferencia en Madrid a la que asistieron varios dirigentes de la izquierda.
Su planteamiento consistiría en presentar una lista única de izquierda por provincia (aquella que pudiera obtener mayor representación) para evitar la dispersión del voto. Según el periodista Antonio Naranjo, el objetivo sería configurar un nuevo Frente Popular que agrupara a los partidos situados a la izquierda del PSOE. En ese marco, se ha apelado al temor ante un eventual gobierno del PP y Vox, advirtiendo que “vendrían ilegalizaciones, encarcelamientos y un sufrimiento social terrible”, lo que refleja el grado de polarización del discurso político actual.
De consolidarse esa alianza, el horizonte político apuntaría hacia la autodeterminación y la construcción de una república confederal de carácter plurinacional. Ione Belarra ha defendido “un proyecto confederal que construya una república plurinacional”, mientras que el PSOE reconoce el “carácter plurinacional” en su ponencia política y propone una reforma constitucional en clave federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. En contraste, PP y Vox rechazan cualquier redefinición del modelo territorial que implique considerar a España como una nación de naciones, defendiendo la unidad del Estado en los términos establecidos por la Constitución.
“En tiempos de polarización, la verdadera fortaleza democrática reside en la capacidad de preservar el equilibrio institucional que garantiza la convivencia constitucional”.
En este contexto, la posibilidad de una reforma estructural del modelo territorial exigiría una mayoría cualificada de tres quintas partes del Congreso (210 diputados), lo que convierte el debate no solo en político, sino también en institucional. De ahí que el afán por ampliar bases electorales, mediante regularizaciones o nacionalizaciones, sea interpretado por algunos como parte de una estrategia de largo alcance vinculada al equilibrio parlamentario futuro.
Otro de los debates que evidencian esta tensión entre modelos de sociedad y concepción del espacio público fue la votación en el Congreso sobre la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público. La iniciativa fue rechazada por el bloque socialista, fuerzas de izquierda y partidos nacionalistas e independentistas, con 177 votos en contra frente a 170 a favor (PP, Vox y UPN).
Por su parte, Míriam Nogueras, de JxCat, se opuso a la propuesta de Vox y anunció la presentación de su propio proyecto, al considerar que respondía mejor a los valores de Cataluña y que podría situarse por encima de los estándares comunitarios. Según lo planteado, este proyecto podría debatirse y tramitarse en un plazo breve en el Congreso.
JxCat espera contar con el respaldo del PSOE y posiblemente tenga el apoyo de PP, Vox y UPN, en ese contexto, plantea como contraprestación la asunción de competencias estatales en materia de seguridad en puertos y aeropuertos, control de fronteras (incluida la ejecución de devoluciones) y emisión de documentos de identificación como el DNI, pasaporte y NIE.
El uso de las prendas islámicas (hiyab, chador, niqab y burka) ha generado un intenso debate político y jurídico. Para algunos partidos, su utilización se enmarca en la libertad religiosa (art. 16 CE), la libertad de expresión y la autonomía personal; para otros, el uso de velos integrales plantea conflictos con la seguridad, la identificación personal, la igualdad entre hombres y mujeres o la neutralidad del espacio público. Así, la discusión trasciende lo simbólico y se inserta en una reflexión más amplia sobre integración, valores constitucionales y cohesión social.
Asimismo, diversos expertos sostienen que el Corán no impone el uso del burka ni del niqab, sino que estas prendas responden a interpretaciones religiosas posteriores y a tradiciones culturales de determinadas regiones, como Afganistán, Arabia Saudí, Yemen, algunas zonas de Pakistán y áreas conservadoras del Golfo.
En esa misma línea, el secretario general de la Asociación Gremio de Imanes de España (AGIE), Abdelmalik Mohamed Amar, afirmó que “tanto el burka como el niqab nada tienen que ver con el islam y defender su uso produce perjuicio al islam y a los musulmanes”. Asimismo, se mostró favorable a la prohibición de estas prendas en el espacio público y añadió que “es de poca inteligencia asignar al islam un tipo de vestimenta que le es ajena”.
En el plano europeo, la prohibición del burka y el niqab ya se aplica en varios Estados miembros como Francia, Bélgica, Bulgaria, Austria, Dinamarca y Países Bajos, mientras que en otros la regulación es parcial. España, por el momento, no cuenta con una prohibición estatal.
Por último, los días 16 y 17 de febrero una delegación de eurodiputados del Parlamento Europeo visitó Madrid para evaluar la situación del Estado de derecho, la independencia judicial y diversos aspectos relacionados con la justicia y la legislación anticorrupción. La visita se enmarca en los mecanismos periódicos de supervisión que la Unión Europea aplica a todos los Estados miembros.
En el caso español, la atención europea ha estado vinculada al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a reformas legislativas que afectan al poder judicial y a debates en torno a la separación de poderes. Aunque no exista obligación formal de recibir a este tipo de delegaciones, la ausencia del presidente del Gobierno y de los ministros competentes puede interpretarse como un gesto de escasa cortesía institucional en un momento especialmente sensible para la percepción del equilibrio institucional.
En conclusión, más allá de la legítima confrontación política propia de toda democracia plural, el momento actual exige una reflexión serena sobre el modelo de Estado que se desea construir, la solidez de los contrapesos institucionales y el impacto de la polarización en la convivencia democrática. La fortaleza de un sistema democrático no se mide únicamente por la celebración de elecciones libres, sino por el respeto efectivo a la separación de poderes, la independencia judicial y la vigencia de normas no escritas que sustentan la lealtad institucional. Cuando los debates territoriales, identitarios y sociales se entrelazan con estrategias electorales, resulta aún más necesario reforzar la cultura democrática y el compromiso compartido con el Estado de derecho como patrimonio común.
