Opinión

Irán en el tablero global

La intervención militar llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní constituye un acontecimiento de alto impacto estratégico en Oriente Medio. Más allá de la dimensión táctica inmediata, el episodio introduce una alteración sustancial en la arquitectura de seguridad regional y puede acelerar una reconfiguración del equilibrio de poder en el Golfo Pérsico. No se trata únicamente de una escalada puntual, sino de la manifestación visible de una rivalidad estructural en torno a tres variables centrales: capacidad nuclear, proyección regional e influencia ideológica.

Irán en el Tablero
photo_camera Irán en el Tablero

Durante los últimos años, Estados Unidos promovió negociaciones destinadas a limitar el desarrollo nuclear iraní, argumentando que determinadas capacidades podrían alcanzar umbrales militares con implicaciones para la estabilidad global. Irán, por su parte, ha defendido de forma sostenida que su programa responde a fines civiles vinculados a la producción energética y al desarrollo tecnológico soberano. La ruptura del diálogo y el progresivo deterioro de la confianza mutua desembocaron en una fase de confrontación directa, en la que Washington y Tel Aviv justificaron su actuación como una medida preventiva frente a riesgos estratégicos crecientes.

Irán se configura constitucionalmente como una república islámica de carácter teocrático, con una población aproximada de 93 millones de habitantes. Entre el 90 % y el 95 % de su población pertenece al islam chií, mientras que entre el 5 % y el 10 % es suní. Esta composición no es únicamente religiosa, sino que constituye un elemento estructurante del sistema político, ya que la legitimación del poder estatal se articula en torno a una concepción doctrinal específica del liderazgo religioso. A nivel global, el chiismo representa entre el 10 % y el 15 % de la población musulmana mundial, estimada entre 200 y 300 millones de personas, con su principal concentración política en Irán e Irak, lo que otorga a ambos países un peso significativo dentro del eje chií regional.

La muerte del Líder Supremo Alí Jamenei activó el mecanismo constitucional de transición previsto en el sistema iraní. El liderazgo provisional asumido por un Consejo Interino introduce un factor de incertidumbre interna en un momento de elevada presión externa. En sistemas altamente centralizados, los periodos de sucesión tienden a generar reajustes internos entre élites políticas, religiosas y de seguridad, lo que puede influir en la orientación de la política exterior y en la gestión de la crisis.

En el plano internacional, las críticas hacia Irán se articulan en tres ámbitos principales.

En primer lugar, el programa nuclear, cuya posible dimensión militar es percibida por Estados Unidos e Israel como un factor de alteración del equilibrio estratégico regional, mientras Teherán insiste en su carácter civil y en su encuadre dentro de la soberanía tecnológica nacional.

En segundo lugar, su red de influencia indirecta en la región, construida a través de actores armados no estatales en Líbano (Hezbolá), Gaza (Hamás y Yihad Islámica Palestina), Irak (red de milicias chiíes con distintos grados de alineamiento con Teherán) y Yemen (Movimiento Hutí). Desde la perspectiva iraní, esta arquitectura responde a una doctrina de “profundidad estratégica” destinada a desplazar la confrontación fuera de su territorio y reforzar su capacidad de disuasión asimétrica; para sus adversarios, constituye un mecanismo de desestabilización regional.

En tercer lugar, la dimensión interna en materia de derechos humanos, diversos organismos internacionales han documentado en Irán restricciones a libertades civiles y la aplicación de la pena de muerte para determinados delitos previstos en su legislación islámica, incluidas disposiciones relativas a conducta sexual y orden público. Asimismo, se han señalado sanciones y medidas coercitivas contra mujeres por el incumplimiento de la obligación del uso del velo islámico (hiyab) en espacios públicos, supervisado por la denominada “policía de la moral”, cuestión que adquirió especial proyección internacional tras el caso de Mahsa Amini en 2022.

El gobierno iraní sostiene que estas normas se enmarcan en su orden constitucional, basado en la sharía, y que responden a la preservación del orden público y la seguridad nacional.

Para una parte significativa de la sociedad iraní, especialmente entre los sectores reformistas y de oposición, el eventual fin del régimen podría abrir la posibilidad de una ampliación de libertades civiles, la revisión de disposiciones consideradas discriminatorias y una mayor participación política de las mujeres. No obstante, el alcance efectivo de tales transformaciones dependería de la configuración institucional del eventual nuevo marco político y de su implementación práctica.

En el ámbito económico, Irán continúa sometido a sanciones internacionales que restringen su integración financiera y tecnológica y funcionan como instrumento de presión estratégica, aunque con efectos estructurales sobre su economía interna. A ello se suma la dimensión energética: el estrecho de Ormuz, por el que transita entre el 20 % y el 25 % del petróleo mundial y una parte significativa del gas natural licuado, constituye un punto crítico del sistema energético global. Una interrupción prolongada impactaría especialmente en Asia oriental (China, India, Japón y Corea del Sur) y tendría efectos indirectos en Europa y Estados Unidos a través de la volatilidad del mercado y el encarecimiento de los precios, además de perjudicar a exportadores como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Catar. La tensión en Ormuz no es solo económica, sino también un instrumento de negociación y presión estratégica.

A nivel internacional, se han registrado manifestaciones tanto a favor como en contra de la intervención militar contra Irán en diversas ciudades del mundo, entre ellas Madrid y Barcelona, Londres, Sídney, Ottawa, Zúrich, Berlín, París, Santiago de Chile, distintas localidades de Estados Unidos, etc., reflejando la polarización global en torno al conflicto.

En paralelo, el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei ha generado reacciones públicas divergentes: mientras algunos sectores lo han celebrado, otros han expresado preocupación por el riesgo de una mayor escalada regional.

En el supuesto de que los objetivos estratégicos de Estados Unidos e Israel se materialicen, algunos sectores de la oposición iraní en el exilio sostienen que podría abrirse una etapa de transición hacia un sistema democrático con mayores garantías de igualdad de género y libertades civiles.

Entre las figuras que han expresado públicamente esta posición se encuentran dirigentes opositores en el exterior y el príncipe Reza Pahlavi (1960), quien ha llamado a la movilización ciudadana con el objetivo de impulsar un cambio político. Desde una perspectiva regional, un eventual escenario de estabilidad en Irán podría influir en el equilibrio estratégico de Oriente Medio y contribuir indirectamente a procesos de reconstrucción en zonas afectadas por conflictos prolongados, como Gaza.

Las reacciones internacionales han puesto de manifiesto una falta de plena cohesión de los países europeos, esto dificulta articular una política exterior unificada en un contexto de alta volatilidad estratégica. El Reino Unido ha coordinado acciones defensivas y autorizado el uso de infraestructuras militares, aunque ha subrayado que no participa directamente en operaciones ofensivas. Alemania y Japón han expresado respaldo político, mientras que España ha adoptado una posición crítica.

A nivel global, las manifestaciones tanto a favor como en contra de la intervención evidencian una polarización creciente en torno al uso de la fuerza como instrumento de transformación política.

El escenario iraní ha sido interpretado por algunos sectores políticos como un posible precedente para otros regímenes de naturaleza autoritaria. En Venezuela, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses en enero de 2026, el país enfrenta una transición constitucional e institucional inexplorada. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue designada presidenta encargada para garantizar la continuidad del Estado según los mecanismos internos vigentes. La Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía para la convivencia democrática, aunque organizaciones de derechos humanos han señalado que la medida es incompleta y deja a numerosos presos políticos fuera de su alcance.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha anunciado su regreso al país en “pocas semanas” para impulsar lo que denomina una transición indetenible hacia la democracia y consolidar un acuerdo nacional entre diversos sectores, con el objetivo de organizar elecciones y fortalecer la unidad opositora.

La situación en Cuba se ha visto influida por la crisis hemisférica tras los cambios en Venezuela y tensiones con Estados Unidos. La isla enfrenta dificultades económicas persistentes que se traducen en crisis energéticas, apagones, escasez de bienes básicos y un clima social de incertidumbre, reflejando una situación de precariedad ampliamente documentada.

En España, la actual coyuntura internacional coincide con una intensa agenda política interna. La desclasificación de documentos relacionados con el 23-F, el debate sobre el blindaje constitucional del derecho al aborto y la coincidencia con el inicio de la campaña electoral en Castilla y León y con las negociaciones en curso entre el PP y Vox para la formación de gobiernos autonómicos en Aragón y Extremadura.

A esto hay que añadir que el pasado sábado por la noche, en la ceremonia de entrega de los Premios Goya (cine español) celebrada en Barcelona, a la que asistió el jefe del Ejecutivo español y, en referencia al ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes sobre Irán, declaró: “Llevamos décadas disfrutando de unos niveles de paz y de prosperidad que de repente están vulnerados (…) ¿Cómo es posible que se pueda intervenir bombardeando hospitales o colegios?”.

Entre los participantes también se escucharon declaraciones públicas a favor de la causa palestina, lo que puso de manifiesto distintos enfoques y grados de conocimiento sobre la situación que se estaba produciendo en Irán.

Sectores de la izquierda expresaron su rechazo a las acciones militares en Venezuela e Irán, argumentando que vulneraban los derechos humanos y el derecho internacional. En este contexto, y dentro del debate público generado en redes sociales, el usuario de X conocido como Magister Thor difundió una reflexión crítica sobre los límites del derecho internacional en procesos de cambio de régimen, afirmando: “De las dictaduras comunistas y de las teocracias no se sale con el derecho internacional. Es triste, pero es la cruda realidad. No hay ni un solo caso en la historia de la humanidad en que haya ocurrido. Ni uno solo. La rebelión interna violenta, que es otra solución, suele fracasar, salvo casos excepcionales como Rumanía y pocos más, porque esas dictaduras se emplean a fondo en apagar y castigar duramente cualquier disidencia. Ante esta tozuda realidad, estos lamentos no conducen más que a perpetuar para siempre las salvajes dictaduras, que traen muerte, destrucción, desolación y exilio”.

En conclusión, lo que se dirime en Irán trasciende la cuestión nuclear o la confrontación bilateral con Estados Unidos e Israel. Se trata de un episodio con capacidad para reconfigurar el equilibrio de poder en Oriente Medio, alterar redes de influencia regional y redefinir la interacción entre derecho internacional y realpolitik. Sus efectos no se limitan al ámbito regional: inciden en la estabilidad energética global, en la seguridad europea y en la evolución del orden internacional emergente.

“Oriente Medio atraviesa un umbral histórico cuyo alcance solo se comprenderá con el paso del tiempo”.